CRISIS EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

Crisis en infraestructura hospitalaria:
Atrapados... ¿sin salida?

En un escenario donde nuestro país, una vez más, muestra noticias que dan cuenta de una “crisis en infraestructura hospitalaria” y “escasez de especialistas en el sector público”, resulta paradójico comprobar que en forma paralela existe un sector privado preparado y equipado para abrir su oferta a los beneficiarios del sistema de salud público. Cuando se habla de lo público y lo privado en salud tiende a inferirse que los beneficiarios del asegurador público (FONASA) deben satisfacer su demanda preferencialmente a través de la red de prestadores del sistema público de salud (hospitales, centros de referencia de salud, consultorios, etc.).

No obstante lo anterior, FONASA ofrece a sus beneficiarios dos modalidades de atención, la Modalidad de Atención Institucional (MAI) y la Modalidad de Libre Elección (MLE). Si bien en la MAI, las atenciones de salud son entregadas sólo en los establecimientos públicos de salud, la MLE, contempla tanto atenciones en el sistema público, así como también, y sin una razón de fondo sólo a los beneficiarios de FONASA C y D, por profesionales y establecimientos de salud privados, que hayan suscrito convenio con FONASA.

A pesar de su existencia, la MLE -por un problema de mentalidad ideológica- ha sido sistemáticamente mantenida como una opción no prioritaria, donde para los usuarios resulta factible utilizarla en prestaciones ambulatorias (de hecho se usa en forma creciente y con un alto nivel de satisfacción), pero ofrece mínima cobertura para eventos hospitalizados de mayor costo, desincentivando su uso(1).

El sector privado ha manifestado su interés de participar con provisión de prestaciones para los programas AUGE y en general para todo tipo de prestaciones, colocando a disposición del país infraestructura y profesionales que garantizan atenciones de alto nivel de calidad y seguridad. Existe un alto grado de preparación de las clínicas y centros privados respecto de inversión, capacitación y recursos para estar en condiciones de ser un eficiente proveedor no sólo para beneficiarios del sector privado, sino que también, de manera complementaria, de aquellos que pertenecen al sector público. Incluso se ha avanzado en materias como acreditación de la calidad de las atenciones.

Sin embargo, ha habido pocos avances en materia de complementariedad. Si tomamos el ejemplo de las patologías AUGE, pese a la preparación y disponibilidad demostrada por el sector prestador privado, las cifras indican que no ha existido compra significativa por parte del sector público y que pese a la existencia de importantes listas de incumplimiento en patologías como cataratas, colecistectomía y otras, esto no se ha traducido en una derivación que permita a los prestadores privados hacerse cargo de estas soluciones, como perseguía originalmente el espíritu de la Ley al establecer garantías.

En esta perspectiva, dar cumplimiento total a la demanda que genera el AUGE únicamente a través de la red Pública de Prestadores de Salud significaría inversiones de gran envergadura por parte del Ministerio. La realidad ha hecho evidente que la ejecución presupuestaria cada año es muy compleja y se trata de un problema histórico por la relevancia y especificidad de las inversiones. Por ello, la experiencia ha demostrado que sería muy difícil que se logre asignar con la necesaria eficiencia montos muy superiores de inversión a los actuales.

Por ejemplo, en el caso de los incumplimientos que detalla la autoridad en el caso de las cataratas, un porcentaje importante de los pacientes notificados no ha sido atendido aún, pese a existir las capacidades y los convenios marco vigentes con prestadores privados, que podrían haber dado solución inmediata y eficiente al problema. En esta lógica, parece más adecuado complementar las capacidades existentes en el sector público con aquellas que puede ofrecer el sector privado.

Como puede observarse en los datos entregados por el Ministerio que se presentan a continuación, cada año se reduce el porcentaje de compra a prestadores privados: éste pasó de 26 a 17% entre 2005 y 2007. Además, las cifras dan cuenta que, a pesar de contar con la capacidad, disponibilidad y precios competitivos y atractivos para atender las diferentes patologías AUGE,se recurre al sector privado prácticamente sólo para el caso de las diálisis, hecho que se señala entre los “grandes logros” del gobierno (no comprar a los privados). Esta decisión discrecional por parte de la autoridad, ¿resulta eficiente? ¿Es lo óptimo en términos de asignación de nuestros recursos públicos, por lo demás escasos?. Los resultados en términos de calidad de la atención e incumplimiento de las garantías hacen a lo menos sospechar que la respuesta no es afirmativa.

Lo anterior resulta aún más decepcionante cuando, con motivo de la reforma de salud, el sector privado invirtió y se preparó para colaborar tanto en las prestaciones AUGE, como las No AUGE, con el objeto de transformarse en un efectivo complemento del sector público y participar activamente y de acuerdo a las condiciones que la regulación indica, en las políticas sanitarias, avanzando en una auténtica complementariedad.

En definitiva, ¿resulta eficiente que en un país con recursos escasos y miles de tareas pendientes, por un sesgo ideológico, no se integre la capacidad total de entregar prestaciones de salud?. ¿No sería más apropiado avanzar hacia la implementación de un subsidio a la demanda que permita a las personas ejercer su derecho a elegir dónde atenderse, respaldando la tendencia observada en los estudios realizados que muestran la voluntad de libre elección de parte de los pacientes?. Esta es sin duda la gran reforma pendiente en la salud de nuestro país.

En conclusión, el sistema AUGE es una gran oportunidad para implementar un plan piloto de subsidio a la demanda, que permita manejarlo en un ámbito acotado con un BONO AUGE. La idea es que inmediatamente después de la notificación obligatoria de la patología, se emita un voucher al beneficiario para que pueda requerir la atención de su patología en una red de prestadores previamente establecida, con recintos públicos y privados que puedan competir en igualdad de condiciones, como ocurre actualmente con los PAD (Pago asociado a Diagnóstico) de FONASA. Una modalidad como ésta estimularía una mejor calidad de atención, una mayor competencia y otorgaría una auténtica posibilidad de elegir a los usuarios del sistema. Asimismo, se estimularía una inversión más eficiente y focalizada tanto para prestadores privados como prestadores públicos, lo que sin duda daría una solución expedita a la actual crisis en infraestructura hospitalaria que una vez más está haciendo noticia en nuestro país.

(1) Ejemplo de esto es que la valorización que FONASA hace de un día cama para los beneficiarios de la MLE es de $4.650 por día, de los cuales el usuario debe además cancelar $2.330. Esto implica una cobertura neta de $2.320, lo que en la práctica deja automáticamente fuera del sistema privado a quien quiera optar por él.