jueves, 8 de marzo de 2012
Encrucijada de Chile bajo un gobierno con cierta incapacidad de gobernar
Encrucijada de Chile bajo un gobierno con cierta incapacidad de gobernar ELMERCURIODIGITAL 7.3.12
OPINIÓN de Ernesto Carmona
Como ocurrió en el conflicto estudiantil 2011, la estrategia político-mediática del gobierno de Sebastián Piñera apunta "a dividir para reinar”, está vez en Aysén, región patagónica situada en línea recta a unos 1.680 km al sur de Santiago, pero accesible para camiones por la Patagonia argentina en un trayecto de 1.933 km.
"División entre dirigentes impide fin de bloqueos en Aysén. Los líderes sociales y gremiales de la zona continuarán hoy debatiendo para alcanzar una postura común ante el gobierno", reza este martes el titular de La Tercera, de Alvaro Saieh, mientras El Mercurio, de Agustín Edwards, asegura hoy: "Diferencias entre aiseninos traban acuerdo con el Gobierno para retomar el diálogo".
Un titular más sintonizado con la realidad real –no virtual- en los únicos dos grandes diarios políticos de circulación nacional -coincidentes con la ideología gobernante- podría haber dicho “Intransigencia del gobierno bloquea solución en Aysén”, cuyos habitantes de todos los colores políticos –gobiernistas, de oposición e independientes- bloquearon hace casi un mes los caminos y puentes de la Región 11ª para llamar la atención del gobierno y conducirlo a un diálogo serio por sus reivindicaciones regionales antes de la llegada del otoño-invierno, que ya se hizo presente en la zona. Pero el gobierno pretende arrodillarlos antes de empezar a conversar.
Los ayseninos redujeron y regularon sus bloqueos, a la espera de conversaciones, pero saben que si levantan el movimiento quedan desarmados. La reunión del lunes con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, terminó de nuevo a fojas cero, pero con el gobierno adoptando el rol de víctima de una supuesta intransigencia y explotando el desabastecimiento generado por el propio conflicto, que impidió ayer la reanudación de clases porque no hay combustible para calefaccionar las escuelas.
Emulando la rebelión transversal del año pasado en la más austral Punta Arenas, desatada cuando el gobierno aumentó el precio del gas que más tarde tuvo que revertir, los ayseninos reclaman mejores condiciones de vida, salarios de sobrevivencia y un precio subsidiado de los combustibles, en un total de 10 peticiones, que incluyen salud y otros temas. Un año después, lo único logrado en Punta Arenas fue conservar el precio del gas, pero alzado por el índice inflacionario que no se aplica a los salarios.
Ayer, los aysesinos permitieron el ingreso desde Argentina de seis camiones con alimentos a Coyhaique y Puerto Aysén, donde hoy un paquete de cigarrillos vale más de 8 dólares y el litro de diesel más de 4. La Moneda, que ya envió tropas de choque de Carabineros a la zona, amenaza con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en teoría conduciría a la cárcel a casi todos los habitantes locales, unas 100.000 personas excluidos los turistas, según el Censo 2002.
El Movimiento Social de Aysén lleva adelante un reclamo denominado “Tu problema es mi problema”:
• Reducir precios de combustibles (diesel, bencina, parafina, gas, leña).
• Salud de calidad (especialistas e infraestructura tecnológica como diálisis).
• Equidad laboral (sueldo mínimo regional, asignación nivelada de zona, estabilidad para servidores públicos).
• Plebiscito o consulta vinculante para que sea la región quien decida construcción de represas y respaldo a Aysén como reserva de vida de la Tierra.
• Universidad pública regional de calidad y formación académica según intereses y necesidades de Aysén.
• Regionalización de recursos naturales (agua, hidrobiología, minería, silvo-agropecuarios).
• Medidas urgentes para preservar la pesca artesanal, amenazada por políticas públicas en beneficio de grandes industriales que exterminan recursos hidro-biológicos, con entrega de derechos de pesca y recursos bentónicos a 3.000 pescadores de la región.
• Rebaja en costos de canasta básica (electricidad, agua, alimentos esenciales).
• Pensión regionalizada para adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
• Rutas de acceso para pequeños y medianos campesinos.
Marco político
Todo esto ocurre al regreso de vacaciones, justo cuando Adimark dio las cifras de aprobación (33%) y desaprobación del Presidente (58%) al cumplirse dos años y la mitad de su gestión. La adhesión al gobierno cayó de 35% a 31% y la desaprobación aumentó a 61%. La mayor desaprobación a Piñera está en los encuestados de 36-55 años, y los de 18-24 años, que son los electores más enigmáticos desde que se aprobó la inscripción automática y voto voluntario. El estrato que mas rechazo muestra es el segmento socioeconómico medio.
Los guarismos presentan un hecho muy curioso: la aprobación de seis ministros más que duplica a la del Presidente, por encima de 70%, mientras el único subalterno menos aceptado que su jefe es Harald Beyer, de Educación, con sólo 31% de aprobación. La ministra mejor evaluada es Carolina Schmidt, del Servicio Nacional de la Mujer, con 78%. Pero es una “independiente” que todavía no ha sido fichada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) ni por Renovación Nacional (RN), los dos partidos de derecha en el gobierno. La siguen Laurence Golborne-Obras Públicas (76%) y Luciano Cruz Coke-Cultura, Andrés Allamand-Defensa y Evelyn Matthei-Trabajo (los tres con 74%). Más abajo, siguen Catalina Parot-Bienes Nacionales (73%), Felipe Larraín-Hacienda (65%) y el resto del gabinete.
Por otra parte, la llamada “clase política” más bien empeora su nivel de aceptación: la gobernante Coalición por el Cambio (UDI-RN) cayó a 26%, su desaprobación se mantuvo en 59%, en tanto la Concertación mantiene sus bajas evaluaciones, 18% que la aprueba, contra 70% que la desaprueba.
Las evaluaciones del Congreso tampoco mejoran: 23% aprueba a la Cámara de Diputados y 67% la desaprueba. El Senado tiene 26% de aprobación y 63% de desaprobación.
Está prácticamente aceptado que el (o la) presidenciable de la derecha saldrá del gabinete y hoy Schmidt es la mejor eventual competidora de la silenciosa Michelle Bachelet. Hoy es probable que haya combate electoral presidencial de mujer a mujer, pero aún no está claro si Bachelet representará a la desfallecida Concertación, que la considera su segura esperanza de resurrección política.
Y aquí se presenta un problema, observado anoche por el analista Alejandro Guillier, de TV La Red: Como las elecciones presidenciales y parlamentarias son en noviembre 2013, por la situación descrita por las encuestas parece imposible que esta vez no haya primarias en serio para designar candidatos, pues nadie aceptaría que sean designados por las cúpulas político-partidarias. Y, por añadidura, en octubre 2012 hay elecciones municipales que pondrán a prueba todo el sistema político chileno, con su atuendo binominal en las presidenciales y parlamentarias, más la incógnita de unos 5 millones de nuevos electores cuya preferencia -si es que votan- constituyen realmente un misterio que podría no resultar aclarado en las municipales.
Un punto señalado por el director de la encuestadora Adimark, Roberto Méndez, es que los ministros mejor evaluados probablemente deberían abandonar sus cargos de aquí a unos 6 meses, para tener tiempo de darse a conocer en las primarias presidenciales internas de la derecha, prácticamente encima de las municipales. Y esta hégira masiva de los secretarios de Estado mejor evaluados debilitaría aún más al gobierno de Piñera.
El férreo control duro de la UDI sobre el gobierno de un Presidente RN añade otros ingredientes -todavía imprevisibles- al alejamiento presidencial de las grandes masas que lo llevaron a un cargo donde no parece ejercer todo el poder, mientras se manifiestan nuevos conflictos -como el de los pescadores artesanales por sus cuotas de captura y las reivindicaciones de la nortina Calama, cercana a los yacimientos de cobres, en la misma línea que Aysén-, además del recrudecimiento de las movilizaciones más “viejas”, como el movimiento estudiantil, que comenzó a reinstalarse este lunes con la vuelta a clases.
Otro aspecto curioso es que Chile presenta buenos resultados macro-económicos -bajo desempleo y alto crecimiento-, como una ínsula en medio de la crisis financiera mundial, pero el gobierno no capitaliza estos guarismos en popularidad, sino sus ministros, probablemente por el efecto “populista” y sectorial de algunas medidas gubernamentales como el post natal de 6 meses, que encumbró a la ministra Schmidt. Aysén presenta una alta tasa de crecimiento, pero no se refleja en la distribución del ingreso a escala regional, lo mismo que en Calama, y tampoco a nivel nacional.
*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, es autor de “Yo, Piñera”.
OPINIÓN de Ernesto Carmona
Como ocurrió en el conflicto estudiantil 2011, la estrategia político-mediática del gobierno de Sebastián Piñera apunta "a dividir para reinar”, está vez en Aysén, región patagónica situada en línea recta a unos 1.680 km al sur de Santiago, pero accesible para camiones por la Patagonia argentina en un trayecto de 1.933 km.
"División entre dirigentes impide fin de bloqueos en Aysén. Los líderes sociales y gremiales de la zona continuarán hoy debatiendo para alcanzar una postura común ante el gobierno", reza este martes el titular de La Tercera, de Alvaro Saieh, mientras El Mercurio, de Agustín Edwards, asegura hoy: "Diferencias entre aiseninos traban acuerdo con el Gobierno para retomar el diálogo".
Un titular más sintonizado con la realidad real –no virtual- en los únicos dos grandes diarios políticos de circulación nacional -coincidentes con la ideología gobernante- podría haber dicho “Intransigencia del gobierno bloquea solución en Aysén”, cuyos habitantes de todos los colores políticos –gobiernistas, de oposición e independientes- bloquearon hace casi un mes los caminos y puentes de la Región 11ª para llamar la atención del gobierno y conducirlo a un diálogo serio por sus reivindicaciones regionales antes de la llegada del otoño-invierno, que ya se hizo presente en la zona. Pero el gobierno pretende arrodillarlos antes de empezar a conversar.
Los ayseninos redujeron y regularon sus bloqueos, a la espera de conversaciones, pero saben que si levantan el movimiento quedan desarmados. La reunión del lunes con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, terminó de nuevo a fojas cero, pero con el gobierno adoptando el rol de víctima de una supuesta intransigencia y explotando el desabastecimiento generado por el propio conflicto, que impidió ayer la reanudación de clases porque no hay combustible para calefaccionar las escuelas.
Emulando la rebelión transversal del año pasado en la más austral Punta Arenas, desatada cuando el gobierno aumentó el precio del gas que más tarde tuvo que revertir, los ayseninos reclaman mejores condiciones de vida, salarios de sobrevivencia y un precio subsidiado de los combustibles, en un total de 10 peticiones, que incluyen salud y otros temas. Un año después, lo único logrado en Punta Arenas fue conservar el precio del gas, pero alzado por el índice inflacionario que no se aplica a los salarios.
Ayer, los aysesinos permitieron el ingreso desde Argentina de seis camiones con alimentos a Coyhaique y Puerto Aysén, donde hoy un paquete de cigarrillos vale más de 8 dólares y el litro de diesel más de 4. La Moneda, que ya envió tropas de choque de Carabineros a la zona, amenaza con la Ley de Seguridad Interior del Estado, que en teoría conduciría a la cárcel a casi todos los habitantes locales, unas 100.000 personas excluidos los turistas, según el Censo 2002.
El Movimiento Social de Aysén lleva adelante un reclamo denominado “Tu problema es mi problema”:
• Reducir precios de combustibles (diesel, bencina, parafina, gas, leña).
• Salud de calidad (especialistas e infraestructura tecnológica como diálisis).
• Equidad laboral (sueldo mínimo regional, asignación nivelada de zona, estabilidad para servidores públicos).
• Plebiscito o consulta vinculante para que sea la región quien decida construcción de represas y respaldo a Aysén como reserva de vida de la Tierra.
• Universidad pública regional de calidad y formación académica según intereses y necesidades de Aysén.
• Regionalización de recursos naturales (agua, hidrobiología, minería, silvo-agropecuarios).
• Medidas urgentes para preservar la pesca artesanal, amenazada por políticas públicas en beneficio de grandes industriales que exterminan recursos hidro-biológicos, con entrega de derechos de pesca y recursos bentónicos a 3.000 pescadores de la región.
• Rebaja en costos de canasta básica (electricidad, agua, alimentos esenciales).
• Pensión regionalizada para adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
• Rutas de acceso para pequeños y medianos campesinos.
Marco político
Todo esto ocurre al regreso de vacaciones, justo cuando Adimark dio las cifras de aprobación (33%) y desaprobación del Presidente (58%) al cumplirse dos años y la mitad de su gestión. La adhesión al gobierno cayó de 35% a 31% y la desaprobación aumentó a 61%. La mayor desaprobación a Piñera está en los encuestados de 36-55 años, y los de 18-24 años, que son los electores más enigmáticos desde que se aprobó la inscripción automática y voto voluntario. El estrato que mas rechazo muestra es el segmento socioeconómico medio.
Los guarismos presentan un hecho muy curioso: la aprobación de seis ministros más que duplica a la del Presidente, por encima de 70%, mientras el único subalterno menos aceptado que su jefe es Harald Beyer, de Educación, con sólo 31% de aprobación. La ministra mejor evaluada es Carolina Schmidt, del Servicio Nacional de la Mujer, con 78%. Pero es una “independiente” que todavía no ha sido fichada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) ni por Renovación Nacional (RN), los dos partidos de derecha en el gobierno. La siguen Laurence Golborne-Obras Públicas (76%) y Luciano Cruz Coke-Cultura, Andrés Allamand-Defensa y Evelyn Matthei-Trabajo (los tres con 74%). Más abajo, siguen Catalina Parot-Bienes Nacionales (73%), Felipe Larraín-Hacienda (65%) y el resto del gabinete.
Por otra parte, la llamada “clase política” más bien empeora su nivel de aceptación: la gobernante Coalición por el Cambio (UDI-RN) cayó a 26%, su desaprobación se mantuvo en 59%, en tanto la Concertación mantiene sus bajas evaluaciones, 18% que la aprueba, contra 70% que la desaprueba.
Las evaluaciones del Congreso tampoco mejoran: 23% aprueba a la Cámara de Diputados y 67% la desaprueba. El Senado tiene 26% de aprobación y 63% de desaprobación.
Está prácticamente aceptado que el (o la) presidenciable de la derecha saldrá del gabinete y hoy Schmidt es la mejor eventual competidora de la silenciosa Michelle Bachelet. Hoy es probable que haya combate electoral presidencial de mujer a mujer, pero aún no está claro si Bachelet representará a la desfallecida Concertación, que la considera su segura esperanza de resurrección política.
Y aquí se presenta un problema, observado anoche por el analista Alejandro Guillier, de TV La Red: Como las elecciones presidenciales y parlamentarias son en noviembre 2013, por la situación descrita por las encuestas parece imposible que esta vez no haya primarias en serio para designar candidatos, pues nadie aceptaría que sean designados por las cúpulas político-partidarias. Y, por añadidura, en octubre 2012 hay elecciones municipales que pondrán a prueba todo el sistema político chileno, con su atuendo binominal en las presidenciales y parlamentarias, más la incógnita de unos 5 millones de nuevos electores cuya preferencia -si es que votan- constituyen realmente un misterio que podría no resultar aclarado en las municipales.
Un punto señalado por el director de la encuestadora Adimark, Roberto Méndez, es que los ministros mejor evaluados probablemente deberían abandonar sus cargos de aquí a unos 6 meses, para tener tiempo de darse a conocer en las primarias presidenciales internas de la derecha, prácticamente encima de las municipales. Y esta hégira masiva de los secretarios de Estado mejor evaluados debilitaría aún más al gobierno de Piñera.
El férreo control duro de la UDI sobre el gobierno de un Presidente RN añade otros ingredientes -todavía imprevisibles- al alejamiento presidencial de las grandes masas que lo llevaron a un cargo donde no parece ejercer todo el poder, mientras se manifiestan nuevos conflictos -como el de los pescadores artesanales por sus cuotas de captura y las reivindicaciones de la nortina Calama, cercana a los yacimientos de cobres, en la misma línea que Aysén-, además del recrudecimiento de las movilizaciones más “viejas”, como el movimiento estudiantil, que comenzó a reinstalarse este lunes con la vuelta a clases.
Otro aspecto curioso es que Chile presenta buenos resultados macro-económicos -bajo desempleo y alto crecimiento-, como una ínsula en medio de la crisis financiera mundial, pero el gobierno no capitaliza estos guarismos en popularidad, sino sus ministros, probablemente por el efecto “populista” y sectorial de algunas medidas gubernamentales como el post natal de 6 meses, que encumbró a la ministra Schmidt. Aysén presenta una alta tasa de crecimiento, pero no se refleja en la distribución del ingreso a escala regional, lo mismo que en Calama, y tampoco a nivel nacional.
*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, es autor de “Yo, Piñera”.
domingo, 4 de marzo de 2012
Grave situación laboral en Hospital Clínico de la Universidad de Chile
Grave situación laboral en Hospital Clínico de la Universidad de Chile
“Muertos de hambre” le dijo un doctor a trabajadores. 28 despedidos que habían participado en movilizaciones. Más de 9 millones gana el Director del J.J. Aguirre y no suben salarios a funcionarios. Se acusa falta de preocupación del Rector de la U. Desde el Hospital dicen que todo está funcionando en orden.
Verónica Rojas no pierde un segundo al comenzar la entrevista. Es la histórica presidenta de la Asociación de Funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (Afuch), cargo desde el cual lidera acciones para reivindicar los derechos de sus pares. “Ellos son los que hacen funcionar este Hospital”, sostuvo y mostró una organizada carpeta de documentos para probar las denuncias.
El conflicto entre los funcionarios y las autoridades del mítico “J.J. Aguirre” se arrastra hace décadas. Un comunicado de la Afuch, fechado en julio de 1992, se refiere a la ruptura de la comisión de trabajo con las autoridades. Las razones, trágicamente similares a las que originan los desacuerdos casi veinte años después: denuncias de prácticas anti-sindicales, desigualdad en las remuneraciones e incumplimiento de acuerdos laborales.
Hoy, la asociación de funcionarios volvió a denunciar esos problemas, esta vez avalados por las bondades de la Ley de Transparencia y motivados por un emergente clima de movilización social en el país, donde los derechos comienzan a defenderse con uñas y dientes. Verónica Rojas indicó que “sabemos que al trabajador nunca se le ha regalado nada” y enfatizó que “esa es nuestra convicción para seguir luchando”.
AQUÍ NO FALTA PLATA
Durante noviembre del año pasado, la bulliciosa movilización de los integrantes de la Afuch ocupó atención mediática pese a que todos los ojos estaban puestos en el movimiento estudiantil. Alrededor de mil 200 funcionarios mantuvieron una protesta de tres semanas para exigir el cumplimiento de acuerdos económicos y laborales, el avance en el contrato de funcionarios mantenidos durante años en la precariedad de la categoría de contrata y suplencia -que según la ley no puede exceder los seis meses- y el fin de medidas arbitrarias que perjudican el clima organizacional, como la obligatoriedad de cubrir turnos en días de descanso.
“Hay compañeros que llevan más de 20 años en condiciones jurídicas precarias, como son de contrata y suplencia, pese a que existen más de diez mil cargos vacantes”, detalló Rojas. Añadió que “los abusos de jefatura son desastrosos en términos de obligar a nuestros compañeros, por ejemplo, a hacer turnos en sus días libres. Se les exige que tengan disponible su celular para que vengan a hacer sus turnos de cobertura, que inicialmente eran voluntarios y hoy son obligatorios. Si el funcionario no acata esa instrucción, claramente su contrato se pone en riesgo”.
La movilización de los funcionarios se vio cruzada por una compleja relación con las autoridades del Hospital, liderado por el doctor Carlo Paolinelli. Tras el inicio de la protesta de la Afuch -que durante las tres semanas contempló turnos éticos para impedir el riesgo de los pacientes al interior del establecimiento- una carta del director respondió negativamente a las peticiones.
“Por la presente señalamos a la comunidad del Hospital Clínico Universidad de Chile, que la Dirección recibió el día miércoles 23 de noviembre un pliego de peticiones de la Asociación de Funcionarios (Afuch Hospital) que implicarían para el Hospital un gasto de más de $2.043.000.000 de pesos”, respondió Paolinelli por medio de una carta que se difundió masivamente entre la comunidad funcionaria. Luego, el doctor señaló que esto muestra un “desconocimiento absoluto de la realidad” del recinto y que acceder a dichas demandas implicaría “un suicidio institucional”.
Para Verónica Rojas y los miembros de la organización del Hospital esto fue una burla. “Desde un comienzo, la autoridad trató de ridiculizar nuestro petitorio”, señaló la dirigente. Entre las peticiones económicas, que según Paolinelli ascenderían a más de dos mil millones de pesos, se encuentra la entrega de un bono de 2 UF para fechas especiales, la asignación equivalente a una canasta de Navidad y el respeto de un bono colectivo de 400 mil pesos, acordado con las autoridades en 2007.
En medio de la movilización, un extraño anuncio asustó a los trabajadores: sólo recibirían el pago parcial de su sueldo debido a una supuesta crisis financiera del Hospital, según lo difundido por los medios de comunicación. Así, las versiones sobre el conflicto económico del recinto de salud se propagarían hasta hoy, cuando son inexplicablemente negadas por ellos mismos.
“El Hospital no está en una crisis financiera”, indicaron desde el Departamento de Comunicaciones Corporativas. “El hospital siempre -desde antes y después del cierre del convenio con el Minsal [Ministerio de Salud] en 1994- se ha debido manejar en un equilibrio financiero complejo derivado de su condición de ser el único hospital en Chile de raigambre y gestión pública”.
Aseguraron que deben generar con “el trabajo de su gente” el 97% de su presupuesto, con una pequeña diferencia aportada por la Casa Central de la Universidad de Chile.
Así, resulta complejo encontrar una explicación a la modalidad de pago parcial que recibieron los trabajadores en plena movilización. En tanto, las preguntas sobre la verdadera situación financiera del Hospital seguirían rondando sus cabezas.
“SI EN SUELDOS SE MANIFIESTAN ESAS ABERRANTES DIFERENCIAS, IMAGÍNATE EN EL TRATO”
Un reciente reportaje del diario El Mercurio sacó a la luz las altas remuneraciones del Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez ($8.554.988 bruto) y el sueldo de la decana de Medicina de la misma institución, Cecilia Carvajal ($9.393.581). Pasó inadvertida la suculenta remuneración del director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el mismo que en disputa con los funcionarios del establecimiento alertó de la situación financiera del hospital. Paolinelli, según información pública disponible en la web de la institución, percibe un sueldo bruto de $9.375.741, más alto que el del propio Rector de la reconocida Casa de Bello.
“Insistentemente se nos señalaba que algo estaba pasando en las finanzas de este Hospital; el 70% de los ingresos se van en gastos de remuneraciones”, aclaró Rojas. “Hoy vemos con claridad, a propósito de la Ley de Transparencia, dónde están centrados esos gastos. Ha sido más que sorprendente, por decir lo menos”.
En tanto, Silvia Bascuñán, secretaria de Afuch, apuntó sus críticas a la responsabilidad del rector Víctor Pérez en esta situación. “El Rector se ha mantenido muy al margen con este problema que ha tenido el Hospital y muy al margen también por lo que significa la descentralización del poder en la Universidad; él ha delegado autoridad y autonomía a las distintas facultades, entre ellas el hospital”.
Bascuñán asegura que le parece “inconsecuente que el Rector haya peleado a la par de los estudiantes y haya hablado respecto a la equidad cuando aquí no hay equidad, es cuestión de ver los sueldos de los directivos. También es curioso que haya peleado por el lucro y lo que vemos acá es precisamente eso, lucro”.
En un informe de gestión solicitado por la Afuch, los funcionarios lograron percatarse de que los ingresos por venta de hospitalización del recinto, durante el 2011, alcanzaron los 18 mil millones de pesos -desde el sector público- y 31 mil millones de pesos desde el sector privado que involucra a las Isapres. A esta cifra, cercana a los 50 mil millones, se le deben sumar los 20 mil millones percibidos por atención ambulatoria.
Pese a la información oficial otorgada por el recinto de salud a El Ciudadano, señalando que “al Hospital no le sobran los recursos”, la realidad constatada en los datos obtenidos gracias a la Ley de Transparencia, da cuenta de situaciones contradictorias y los trabajadores lo saben: “Si en los sueldos, que es algo tan sensible, se manifiestan esas aberrantes diferencias, imagínate en el trato aquí, día a día”, declaró Verónica Rojas.
“SON UNOS MUERTOS DE HAMBRE”
A pesar de bajar sus demandas económicas ante la negativa rotunda de las autoridades, los funcionarios de la Afuch se sentaron a dialogar sin pensar que se encontrarían con una nueva sorpresa. Durante las conversaciones, las autoridades les aseguraron que tomarían medidas administrativas contra quienes participaron de la movilización.
“Por supuesto, nosotros les dijimos que frente a esa situación la mesa se rompía. Hubo un malestar generalizado que implicó que los compañeros fueran a la Dirección y fue ahí cuando un médico, que sostenía allí una reunión, se levanta enfurecido a decirnos que nos fuéramos, que volviéramos a nuestro servicio, y otro lo calma y le dice “déjalos, son unos imbéciles, unos muertos de hambre”, contó Rojas. En adelante, Verónica y dos de sus colegas comenzarían una huelga de hambre de cinco días.
Las amenazas explicitadas en ese entonces por la Dirección del Hospital se hicieron efectivas. Durante diciembre del año pasado, 28 funcionarios fueron despedidos, 19 de ellos parte activa de las movilizaciones. La antigüedad en la institución de gran parte de esos funcionarios rondaba los 11 y 15 años y todos tenían buenas calificaciones de su labor. La dirigente aseguró que a muchos se les dijo “que sacaran sus propias conclusiones sobre por qué estaban siendo despedidos”.
Al respecto, el Hospital señaló que “no hay múltiples despidos” ni “despidos masivos” como rezan algunos carteles, pegados en los pasillos. El Departamento de Comunicaciones Corporativas manifestó que “cada fin de año, las jefaturas deben realizar las prórrogas o términos de contrato de los funcionarios a su cargo aplicando criterios técnicos y en concordancia a los estándares de calidad que el servicio y la institución requiera. En el año 2011 no se prorrogaron un total de 33 contratos, es decir, menos del 1% del total de trabajadores”.
Sin embargo, delegados de servicio al interior del Hospital -también participantes del paro- ya fueron notificados de que sus contratos serían establecidos ahora con límites de meses y no con duración de un año, como solía ser. Así, para muchos la estabilidad laboral es sólo hasta mayo o junio de este año.
Para marzo próximo, se contempla un trabajo de comisiones, tal como informó el propio Hospital: “Nuevos acuerdos nacerán como fruto de conversaciones y el trabajo de tres comisiones integradas por funcionarios y directivos”. Sin embargo, la credibilidad de las autoridades ya está vapuleada a juicio de sus trabajadores.
La presidenta de la Afuch manifestó que “para nosotros, esos hechos constituyen prácticas antisindicales. De esa manera ¿quién va a querer asumir la responsabilidad de representar a sus compañeros de trabajo? Son personas que han dedicado su vida a la institución; ellos están vulnerando los convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT), donde hablan del derecho del trabajador a organizarse”.
Para los trabajadores, se volvió más necesario que nunca que el Hospital y la propia Universidad de Chile examinen sus intereses y den espacio a los valores que dicen propugnar. “Definamos qué es lo que queremos de este Hospital universitario; hoy hay una contradicción muy grande. Esto está pasando en la Universidad de Chile, que se ha destacado por sus principios de democracia y participación que hoy están muy deteriorados”, enfatizó Rojas. Y anunció que ya están preparados para un nuevo round durante 2012. “Este va a ser un año tremendamente difícil, donde las decisiones de los trabajadores y estudiantes deben están respaldadas por una convicción tremenda. Entendemos que tendremos que pagar ciertos costos y estamos dispuestos a hacerlo”, aseveró la dirigente.
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
“Muertos de hambre” le dijo un doctor a trabajadores. 28 despedidos que habían participado en movilizaciones. Más de 9 millones gana el Director del J.J. Aguirre y no suben salarios a funcionarios. Se acusa falta de preocupación del Rector de la U. Desde el Hospital dicen que todo está funcionando en orden.
Verónica Rojas no pierde un segundo al comenzar la entrevista. Es la histórica presidenta de la Asociación de Funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (Afuch), cargo desde el cual lidera acciones para reivindicar los derechos de sus pares. “Ellos son los que hacen funcionar este Hospital”, sostuvo y mostró una organizada carpeta de documentos para probar las denuncias.
El conflicto entre los funcionarios y las autoridades del mítico “J.J. Aguirre” se arrastra hace décadas. Un comunicado de la Afuch, fechado en julio de 1992, se refiere a la ruptura de la comisión de trabajo con las autoridades. Las razones, trágicamente similares a las que originan los desacuerdos casi veinte años después: denuncias de prácticas anti-sindicales, desigualdad en las remuneraciones e incumplimiento de acuerdos laborales.
Hoy, la asociación de funcionarios volvió a denunciar esos problemas, esta vez avalados por las bondades de la Ley de Transparencia y motivados por un emergente clima de movilización social en el país, donde los derechos comienzan a defenderse con uñas y dientes. Verónica Rojas indicó que “sabemos que al trabajador nunca se le ha regalado nada” y enfatizó que “esa es nuestra convicción para seguir luchando”.
AQUÍ NO FALTA PLATA
Durante noviembre del año pasado, la bulliciosa movilización de los integrantes de la Afuch ocupó atención mediática pese a que todos los ojos estaban puestos en el movimiento estudiantil. Alrededor de mil 200 funcionarios mantuvieron una protesta de tres semanas para exigir el cumplimiento de acuerdos económicos y laborales, el avance en el contrato de funcionarios mantenidos durante años en la precariedad de la categoría de contrata y suplencia -que según la ley no puede exceder los seis meses- y el fin de medidas arbitrarias que perjudican el clima organizacional, como la obligatoriedad de cubrir turnos en días de descanso.
“Hay compañeros que llevan más de 20 años en condiciones jurídicas precarias, como son de contrata y suplencia, pese a que existen más de diez mil cargos vacantes”, detalló Rojas. Añadió que “los abusos de jefatura son desastrosos en términos de obligar a nuestros compañeros, por ejemplo, a hacer turnos en sus días libres. Se les exige que tengan disponible su celular para que vengan a hacer sus turnos de cobertura, que inicialmente eran voluntarios y hoy son obligatorios. Si el funcionario no acata esa instrucción, claramente su contrato se pone en riesgo”.
La movilización de los funcionarios se vio cruzada por una compleja relación con las autoridades del Hospital, liderado por el doctor Carlo Paolinelli. Tras el inicio de la protesta de la Afuch -que durante las tres semanas contempló turnos éticos para impedir el riesgo de los pacientes al interior del establecimiento- una carta del director respondió negativamente a las peticiones.
“Por la presente señalamos a la comunidad del Hospital Clínico Universidad de Chile, que la Dirección recibió el día miércoles 23 de noviembre un pliego de peticiones de la Asociación de Funcionarios (Afuch Hospital) que implicarían para el Hospital un gasto de más de $2.043.000.000 de pesos”, respondió Paolinelli por medio de una carta que se difundió masivamente entre la comunidad funcionaria. Luego, el doctor señaló que esto muestra un “desconocimiento absoluto de la realidad” del recinto y que acceder a dichas demandas implicaría “un suicidio institucional”.
Para Verónica Rojas y los miembros de la organización del Hospital esto fue una burla. “Desde un comienzo, la autoridad trató de ridiculizar nuestro petitorio”, señaló la dirigente. Entre las peticiones económicas, que según Paolinelli ascenderían a más de dos mil millones de pesos, se encuentra la entrega de un bono de 2 UF para fechas especiales, la asignación equivalente a una canasta de Navidad y el respeto de un bono colectivo de 400 mil pesos, acordado con las autoridades en 2007.
En medio de la movilización, un extraño anuncio asustó a los trabajadores: sólo recibirían el pago parcial de su sueldo debido a una supuesta crisis financiera del Hospital, según lo difundido por los medios de comunicación. Así, las versiones sobre el conflicto económico del recinto de salud se propagarían hasta hoy, cuando son inexplicablemente negadas por ellos mismos.
“El Hospital no está en una crisis financiera”, indicaron desde el Departamento de Comunicaciones Corporativas. “El hospital siempre -desde antes y después del cierre del convenio con el Minsal [Ministerio de Salud] en 1994- se ha debido manejar en un equilibrio financiero complejo derivado de su condición de ser el único hospital en Chile de raigambre y gestión pública”.
Aseguraron que deben generar con “el trabajo de su gente” el 97% de su presupuesto, con una pequeña diferencia aportada por la Casa Central de la Universidad de Chile.
Así, resulta complejo encontrar una explicación a la modalidad de pago parcial que recibieron los trabajadores en plena movilización. En tanto, las preguntas sobre la verdadera situación financiera del Hospital seguirían rondando sus cabezas.
“SI EN SUELDOS SE MANIFIESTAN ESAS ABERRANTES DIFERENCIAS, IMAGÍNATE EN EL TRATO”
Un reciente reportaje del diario El Mercurio sacó a la luz las altas remuneraciones del Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez ($8.554.988 bruto) y el sueldo de la decana de Medicina de la misma institución, Cecilia Carvajal ($9.393.581). Pasó inadvertida la suculenta remuneración del director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el mismo que en disputa con los funcionarios del establecimiento alertó de la situación financiera del hospital. Paolinelli, según información pública disponible en la web de la institución, percibe un sueldo bruto de $9.375.741, más alto que el del propio Rector de la reconocida Casa de Bello.
“Insistentemente se nos señalaba que algo estaba pasando en las finanzas de este Hospital; el 70% de los ingresos se van en gastos de remuneraciones”, aclaró Rojas. “Hoy vemos con claridad, a propósito de la Ley de Transparencia, dónde están centrados esos gastos. Ha sido más que sorprendente, por decir lo menos”.
En tanto, Silvia Bascuñán, secretaria de Afuch, apuntó sus críticas a la responsabilidad del rector Víctor Pérez en esta situación. “El Rector se ha mantenido muy al margen con este problema que ha tenido el Hospital y muy al margen también por lo que significa la descentralización del poder en la Universidad; él ha delegado autoridad y autonomía a las distintas facultades, entre ellas el hospital”.
Bascuñán asegura que le parece “inconsecuente que el Rector haya peleado a la par de los estudiantes y haya hablado respecto a la equidad cuando aquí no hay equidad, es cuestión de ver los sueldos de los directivos. También es curioso que haya peleado por el lucro y lo que vemos acá es precisamente eso, lucro”.
En un informe de gestión solicitado por la Afuch, los funcionarios lograron percatarse de que los ingresos por venta de hospitalización del recinto, durante el 2011, alcanzaron los 18 mil millones de pesos -desde el sector público- y 31 mil millones de pesos desde el sector privado que involucra a las Isapres. A esta cifra, cercana a los 50 mil millones, se le deben sumar los 20 mil millones percibidos por atención ambulatoria.
Pese a la información oficial otorgada por el recinto de salud a El Ciudadano, señalando que “al Hospital no le sobran los recursos”, la realidad constatada en los datos obtenidos gracias a la Ley de Transparencia, da cuenta de situaciones contradictorias y los trabajadores lo saben: “Si en los sueldos, que es algo tan sensible, se manifiestan esas aberrantes diferencias, imagínate en el trato aquí, día a día”, declaró Verónica Rojas.
“SON UNOS MUERTOS DE HAMBRE”
A pesar de bajar sus demandas económicas ante la negativa rotunda de las autoridades, los funcionarios de la Afuch se sentaron a dialogar sin pensar que se encontrarían con una nueva sorpresa. Durante las conversaciones, las autoridades les aseguraron que tomarían medidas administrativas contra quienes participaron de la movilización.
“Por supuesto, nosotros les dijimos que frente a esa situación la mesa se rompía. Hubo un malestar generalizado que implicó que los compañeros fueran a la Dirección y fue ahí cuando un médico, que sostenía allí una reunión, se levanta enfurecido a decirnos que nos fuéramos, que volviéramos a nuestro servicio, y otro lo calma y le dice “déjalos, son unos imbéciles, unos muertos de hambre”, contó Rojas. En adelante, Verónica y dos de sus colegas comenzarían una huelga de hambre de cinco días.
Las amenazas explicitadas en ese entonces por la Dirección del Hospital se hicieron efectivas. Durante diciembre del año pasado, 28 funcionarios fueron despedidos, 19 de ellos parte activa de las movilizaciones. La antigüedad en la institución de gran parte de esos funcionarios rondaba los 11 y 15 años y todos tenían buenas calificaciones de su labor. La dirigente aseguró que a muchos se les dijo “que sacaran sus propias conclusiones sobre por qué estaban siendo despedidos”.
Al respecto, el Hospital señaló que “no hay múltiples despidos” ni “despidos masivos” como rezan algunos carteles, pegados en los pasillos. El Departamento de Comunicaciones Corporativas manifestó que “cada fin de año, las jefaturas deben realizar las prórrogas o términos de contrato de los funcionarios a su cargo aplicando criterios técnicos y en concordancia a los estándares de calidad que el servicio y la institución requiera. En el año 2011 no se prorrogaron un total de 33 contratos, es decir, menos del 1% del total de trabajadores”.
Sin embargo, delegados de servicio al interior del Hospital -también participantes del paro- ya fueron notificados de que sus contratos serían establecidos ahora con límites de meses y no con duración de un año, como solía ser. Así, para muchos la estabilidad laboral es sólo hasta mayo o junio de este año.
Para marzo próximo, se contempla un trabajo de comisiones, tal como informó el propio Hospital: “Nuevos acuerdos nacerán como fruto de conversaciones y el trabajo de tres comisiones integradas por funcionarios y directivos”. Sin embargo, la credibilidad de las autoridades ya está vapuleada a juicio de sus trabajadores.
La presidenta de la Afuch manifestó que “para nosotros, esos hechos constituyen prácticas antisindicales. De esa manera ¿quién va a querer asumir la responsabilidad de representar a sus compañeros de trabajo? Son personas que han dedicado su vida a la institución; ellos están vulnerando los convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT), donde hablan del derecho del trabajador a organizarse”.
Para los trabajadores, se volvió más necesario que nunca que el Hospital y la propia Universidad de Chile examinen sus intereses y den espacio a los valores que dicen propugnar. “Definamos qué es lo que queremos de este Hospital universitario; hoy hay una contradicción muy grande. Esto está pasando en la Universidad de Chile, que se ha destacado por sus principios de democracia y participación que hoy están muy deteriorados”, enfatizó Rojas. Y anunció que ya están preparados para un nuevo round durante 2012. “Este va a ser un año tremendamente difícil, donde las decisiones de los trabajadores y estudiantes deben están respaldadas por una convicción tremenda. Entendemos que tendremos que pagar ciertos costos y estamos dispuestos a hacerlo”, aseveró la dirigente.
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
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