lunes, 4 de octubre de 2010

Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile?

Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER. (*) | 27 de Septiembre de 2010 |

En Chile hay un médico por cada 559 habitantes y sólo el 44% trabaja en el sector público. La deuda hospitalaria en julio de 2010 superaba los $106 mil millones. Pero la falta de doctores y de recursos no son las únicas causas de la crítica situación del sistema de salud. Durante un año, CIPER investigó lo que ocurre al interior de cinco de los principales hospitales de Santiago. Se revisaron los libros de asistencia, se cruzaron los datos con los horarios que los profesionales cumplen tanto en los establecimientos estatales como en sus consultas o clínicas privadas y se comprobó en terreno las múltiples irregularidades que diariamente cometen la mayoría de los médicos y que los mecanismos de control no existen para el estamento más alto en escala jerárquica de un sistema clave para la salud de la población más vulnerable del país.

Faltando 25 minutos para las 10:00 del 29 de diciembre (2009) el doctor Rubén Fontalva se acercó a la pequeña mesa apostada afuera de la secretaría del servicio de medicina del Hospital San Borja Arriarán. Abrió la carpeta que estaba sobre ella, sacó un lápiz, miró la hora en su muñeca y firmó. Luego hojeó las páginas de registro de entrada y salida de días anteriores. Rellenó una, después otra y las dos siguientes. Cerró la carpeta, guardó el lápiz y entró a conversar unos minutos con el jefe de servicio. Además de firmar asistencia de cuatro días en menos de un minuto, la hora que anotó en la página -8:30- y que presenció CIPER aquel día, no corresponde a lo que marcaba el reloj: 9:35.

Ese martes, como todos los de 2009, el doctor Fontalva tenía que estar desde las 8:30 en el policlínico de nefrología. Su agenda indica que los lunes, martes y jueves debe atender pacientes con consultas programadas hasta las 10:30. Pero ese martes empezó su trabajo con una hora y media de retraso. La sala de espera, como siempre, estaba llena desde antes de las 8:00, con alrededor de 30 personas que esperaban su turno incluso de pie.

No sólo Fontalva empezó a atender con atraso a los pacientes con hora solicitada desde hacía meses. Antes que él, ya habían pasado por el registro de ingreso otros 15 médicos. Cuatro lo hicieron antes de las 8:00. Los demás fueron firmando a medida que llegaban. Sólo uno de ellos marcó la hora que marcaba el reloj: el doctor Carlos Peña.

CIPER pudo constatar en terreno que esa misma conducta se repite cada día. Y se sigue repitiendo tanto ahí como en cualquier otro hospital del país.

A través de la Ley de Transparencia, CIPER obtuvo copia de los libros de asistencia de 2009 de cinco de los principales hospitales de Santiago. Uno de ellos es el San Borja. Los otros son el Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río (ver mapa). Entre los cinco suman 3.141 camas, una dotación aproximada de 2.000 médicos y casi 67.000 pacientes en lista de espera para consultas de especialidad o cirugías electivas. Su población beneficiaria supera los cuatro millones de personas -más del 23% de la población nacional- que corresponden al sector más vulnerable del país.

Las fotocopias de los libros a las que tuvo acceso CIPER son un montón de páginas con firmas desordenadas y nombres y horas en muchos casos ilegibles. Los pedimos en agosto del año pasado. Después de meses revisándolas y procesándolas, logramos identificar a los doctores que los firman. Luego cruzamos los datos con los contratos que tienen con sus respectivos establecimientos, los horarios que deben cumplir en los policlínicos y en sus consultas privadas y verificamos en terreno cómo funcionan los mecanismos de control de los doctores en los hospitales. El resultado de casi un año de investigación da cuenta de que, a diferencia de todos los demás funcionarios de la salud pública, los médicos son los únicos que carecen de todo control y fiscalización. Nadie garantiza que efectivamente atiendan a la población más pobre de la capital.

Muchos médicos omiten sus horas de salida. Imposible saber si los días que firman cumplen o no con su jornada. Otros desaparecen durante semanas o meses de los registros sin que quede justificación. Algunos aprovechan de firmar semanas completas en un solo día. O marcan las horas que les exige el contrato, pero no las que marca el reloj. Y no son pocos los que se escapan a atender pacientes en sus consultas particulares o clínicas privadas. En muchos casos, frente a la mirada indiferente del jefe de servicio, el encargado de fiscalizar que eso no suceda. De todo ello fuimos testigos.

Siete meses después de que CIPER comenzara esta investigación, la Contraloría General de la República publicó un informe que detectó varias irregularidades en una inspección a 13 centros asistenciales del país. La auditoría confirmó otro hecho anómalo que ya habíamos constatado: varios médicos usan la infraestructura de los hospitales y su horario funcionario para atender pacientes privados. Y corroboró que no cumplen con las jornadas estipuladas en sus contratos, que no registran su ingreso o salida de los establecimientos y que, debido a esta misma falta de control, se pierde el rastro de algunos pacientes cuando, debido a la falta de camas, los derivan a unidades distintas sin dejar registro.

Pero hay algo que no dice el documento: las mismas irregularidades aparecieron hace ocho años en una inspección hecha por la Contraloría a 16 hospitales distintos. Lo mismo se repitió en nuevas inspecciones del organismo contralor en los últimos años. A pesar de los compromisos de las autoridades del sector por corregir las fallas del sistema, todo sigue igual.
La cultura del sistema

La mañana del jueves 4 de febrero, Jorge Núñez no fue a trabajar. Este conductor de buses del Transantiago tenía control a las 10:00 con el doctor Sergio Loyola en el Hospital Félix Bulnes, y pidió cambio de turno. Pensó que a las 12:30 ya debería estar de vuelta. Pero al mediodía tuvo que llamar a la empresa para decir que no alcanzaría a llegar, que el doctor no había llegado aún y que no sabía hasta qué hora tendría que esperarlo.

Era su segundo control con el doctor Loyola después de que llegara en enero de 2009 aquejado de un infarto. El primero tuvo lugar una semana después del alta. No logró que le dieran una hora para su segundo control hasta un año después. Pero el 25 de enero de este año, el doctor Loyola no llegó y Jorge tuvo que volver al trabajo después de haber perdido toda la mañana en la sala de espera. No le dieron explicación a él ni a ninguno de los demás pacientes que aguardaban. Así que pidió una nueva hora. Se la dieron para ese jueves 4 de febrero. A pesar de que el horario que el doctor Loyola debía cumplir ese día en el policlínico era desde las 10:30 a las 13:00, no apareció por ahí hasta las 12:55. Jorge Núñez llevaba tres horas esperando. El plantón hizo que tuviera que hacer el turno de noche en su trabajo, el mismo que desde que tuvo el infarto evitaba. Al doctor no le pasaría nada.

Aunque la escena tiene nombres y apellidos, lo que pasó en el Hospital Félix Bulnes pudo haber ocurrido en cualquier otro centro asistencial. Las salas de espera se llenan con pacientes que han insistido durante semanas o incluso meses por una consulta. Y como no quieren correr el riesgo de perder su turno, incluso llegan antes. Muchas veces, desde sectores alejados y sin locomoción. Pero los doctores no llegan a la hora y en muchas ocasiones no cumplen con la agenda. O si lo hacen, examinan a la rápida. Nadie los sanciona.

En los departamentos de recursos humanos de los hospitales investigados por CIPER, los funcionarios aseguran que no tienen ninguna atribución para fiscalizar a los doctores, que el único que puede hacerlo es el jefe del servicio clínico. Pero lo cierto es que la regulación y control al estamento médico es nula.

Según un estudio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en conjunto con el Banco Mundial, actualmente en el país hay un médico por cada 559 habitantes y el sistema público tiene un déficit de especialistas que alcanza al 40%. Eso, sumado a una deuda hospitalaria que según datos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a julio de este año era de $106.591 millones (de la cual el 41,9% corresponde a los Servicios de Salud Metropolitanos), ha transformado a la falta de doctores y de recursos en el eje de la discusión sobre la crítica situación de la salud. Aunque todo eso es cierto, gran parte del problema tiene que ver con la gestión de un sistema que, más que en función de los pacientes, ha sido estructurado por y para los médicos.

-Esa es la cultura dentro del sistema: los médicos mandan en todo. Ellos tienen el sartén por el mango y hay que tener mucho cuidado cuando uno intenta enfrentárseles. Contra eso no se puede hacer nada. Son los “diostores” y la administración hace todo para su comodidad –dice un alto funcionario de la Subsecretaría de Salud que prefiere mantener su nombre en reserva.
El mundo especial de los doctores

Hace un tiempo, al doctor Marco Antonio Chahuán, el único especialista broncopulmonar del Hospital San Borja Arriarán, le reclamaron por el no cumplimiento de sus horarios. En sus registros de asistencia, durante todo 2009 Chahuán aparece con una jornada de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Todo bien, si se considera que tiene un contrato por 22 horas semanales, más 11 dedicadas a la docencia en la Universidad de Chile. Lo extraño aparece cuando se hace el cruce con los horarios que cumple por las tardes en la Clínica Tabancura. El lunes empieza a las 13:00, una hora antes de su salida del hospital, mientras que los miércoles y jueves, lo hace a las 14:00. Es decir, al mismo tiempo que el doctor anota su salida del hospital en Santa Rosa con Avenida Matta, está comenzando su jornada en una clínica privada distante a más de 8,5 kilómetros, en La Florida.

-Ha sido muy complicado. El trabajo de Chahuán es excelente. Conversé una vez con él la distorsión de su horario, pero son cosas que se dejan pasar. No nos podemos dar el lujo de perder a un especialista como él. No tendríamos cómo conseguir otros así –dice el doctor Félix Muñoz, ex jefe del servicio de medicina del San Borja.

Situaciones como esa ocurren en todos los hospitales: muchos doctores dejan de cumplir sus jornadas para irse a atender pacientes particulares. La doctora María Eugenia Álvarez, reumatóloga del mismo establecimiento, aparece con un contrato de 11 horas semanales. En el libro de asistencia de 2009, entre el primero de enero y el 19 de octubre marcó presencia en 117 oportunidades y en sólo 30 anotó la hora de salida. Según los registros, atendió pacientes los lunes, martes, miércoles y viernes. Generalmente ingresó a las 8:00 y –considerando los días que sí marcó jornada completa– se retiró a las 13:00, a excepción de los lunes que marcó como hora de egreso las 14:30. Si se comparan sus horarios con los que cumple en la Clínica Vespucio, todo está en regla. Pero en Dipreca también aparecía ingresando los lunes, miércoles y viernes a la misma hora que se retiraba del hospital; mientras que los martes lo hacía a las 11:30, tres horas antes de la hora de salida que registra el libro de asistencias del San Borja.

CIPER constató que en el Hospital del Salvador hay médicos que llegan a firmar y luego se van a sus consultas particulares. En el Félix Bulnes hay varios cuyos horarios se superponen con los que deben cumplir en sus consultas particulares. Lo mismo pasa en el Sótero del Río, en el Barros Luco y en muchos otros hospitales del país.

Aunque los funcionarios lo saben, callan. Así funciona el sistema. Una enfermera de uno de los hospitales investigados por CIPER cuenta que cuando un médico no está en el policlínico y los pacientes que lo esperan preguntan, deben decir que está realizando visita en la sala de hospitalizados. A juicio de un alto funcionario del Ministerio de Salud, eso se explica porque “el personal de los hospitales le rinde pleitesía a los médicos”.

-El doctor es el que manda. Y el jefe del servicio médico es un dios, respetado por todos. No es el jefe, sino la autoridad. Por eso el médico tiene una especie de mundo especial -agrega.

Aunque los doctores siempre han sido los reyes del sistema de salud, su diseño se ha ido modificando en su beneficio desde hace al menos tres décadas (ver recuadro 2). Actualmente están regidos por dos leyes hechas completamente a su medida. La primera es la Ley 15.076, algo así como la norma madre para el estamento médico. En ella se establece, entre otras cosas, que para acceder a un cargo titular en el sector estatal el concurso puede ser público o interno. También que sus sueldos aumentarán cada tres años por el sólo hecho de permanecer en el servicio y que gozan de distintas asignaciones, lo que según la escala de sueldos vigente significa que en el primer año un profesional puede llegar a ganar poco más de un millón de pesos. Pero ahora esta norma sólo regula a los profesionales con contratos de 28 horas: los que cumplen turnos de urgencia.

Para los demás, con contratos de 11, 22, 33 ó 44 horas semanales, está la Ley 19.664, que flexibiliza la relación de la institución con el médico, dándoles mayor poder de decisión a los directores de hospitales o de servicio en cuanto al número de especialistas necesarios por establecimiento, el monto de pagos por estímulo y posibilidades para que los médicos distribuyan sus jornadas entre la salud estatal y la privada, donde sus ingresos pueden multiplicarse por tres.

Para evitar la fuga masiva al sector privado, los contratos del sector público se han estructurado de tal manera que no sean excluyentes entre sí. Según el estudio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el 24,8% de los doctores del sector público se rige por las dos leyes, al tener simultáneamente contratos de 22 y 28 horas, por lo que reciben dos sueldos. Pero a pesar de que hay dos marcos legales que regulan la actividad, los médicos gozan de total libertad.
Los privilegiados

Poco antes de las ocho de la mañana, al mismo tiempo que las salas de espera se van llenando con pacientes, en los hospitales hay puntos donde los funcionarios se aglomeran. Las filas se forman frente a la máquina en la que deben poner su dedo y marcar In o Out. Es el control biométrico, el sistema de registro de asistencia digital al que deben someterse todos los auxiliares, técnicos paramédicos, enfermeras y personal administrativo de los recintos asistenciales. La información va directamente a una base de datos que maneja el departamento de Recursos Humanos de cada hospital. Pero los médicos, en su gran mayoría, no aparecen por esos sectores.

Para el estamento más alto del sistema de salud, el control aún se hace a mano en libros o carpetas. Pero que nadie revisa. Desde hace años los informes de Contraloría indican que el mecanismo es vulnerado. Hace casi una década se intentó iniciar un control de asistencia más uniforme para todos los funcionarios de los hospitales. El ministro de Salud de este gobierno, Jaime Mañalich, intentó hacer lo mismo en julio de este año. Afirmó que el sistema actual “no tiene la rigurosidad de un sistema de marcado de tarjeta o huella digital” y se reunió con los directores de los Servicios de Salud para concordar un mecanismo que regule el control de los horarios que cumplen los doctores. Pero el rechazo ha venido desde el mismo Colegio Médico.

-El gremio de doctores tiene mucha influencia. Los médicos no soportan que se les controle. Creo que no van a aceptar ser fiscalizados al igual que el resto de los funcionarios –dice el doctor José Luis Contreras, ex director del Hospital San José.

Los dichos de Contreras son ratificados por funcionarios de los hospitales investigados por CIPER, quienes aseguran que varios directores de establecimientos han sido destituidos por intentar instaurar un control para los doctores. Para el doctor Félix Muñoz, ex jefe del servicio de medicina del Hospital San Borja, someterse al control biométrico “es como perder ciertos derechos adquiridos”.

Esos derechos se traducen en beneficios que marcan jerarquía y los distancian de cualquier otro estamento del personal.

-Cuando un funcionario llega tarde o no aparece en el hospital, hay sanciones. Se les suman las horas no trabajadas y se les descuentan del sueldo. También se les hacen anotaciones en sus hojas de vida, disminuyendo las calificaciones que evalúa un comité calificador. Pero en el caso de los médicos no pasa nada. Nadie fiscaliza que lleguen a la hora, que cumplan su horario ni que firmen el libro cuando corresponde –cuenta un ex jefe de personal de uno de los hospitales investigados por CIPER.

En el Ministerio de Salud reconocen que eso ocurre porque los doctores “están considerados como un segmento aparte”: los jefes de servicio prefieren darle todas las comodidades antes de que el especialista se enoje y se vaya. Y esa flexibilidad se traduce incluso en contratos que, por “derecho”, se siguen pagando a pesar de no cumplirse.

El caso del doctor Antonio Raffo es algo común. Es jefe de la unidad de diabetes del Hospital Sótero del Río, y desde el primero de enero de 1998 tiene un contrato de planta por 28 horas. A eso se suma el otro convenio con el que figura en la dotación médica del complejo asistencial vigente al 30 de septiembre de 2009: un vínculo a contrata con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) –del cual depende el hospital– por 33 horas a la semana durante todo 2009. Según la Ley 15.076, ambos convenios son incompatibles, ya que los cargos de 28 horas pueden ser simultáneos “sólo con jornadas de un máximo de 22 horas semanales”. Aun así, ambos fueron renovados por todo 2010. Pero no es que haya algo extraño. El mismo cuerpo legal hace una excepción que les otorga a los doctores un beneficio que no corre para ningún otro miembro de las dotaciones funcionarias de los hospitales.

La Ley 15.076 en su artículo 44 dice que todos los profesionales que cumplan 20 años en cargos de servicios de guardia nocturna y días festivos, quedan “exentos de la obligación de prestar dichos servicios y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera que fuere el cargo que actualmente desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro estos profesionales funcionarios”. Eso significa que al cumplirse ese plazo, los doctores seguirán recibiendo el sueldo y los beneficios que tenían como encargados de turnos de urgencia, pero quedan libres de realizar los turnos de 12 horas en las noches y los fines de semana o festivos. ( Ver aclaración)

En las unidades de recursos humanos de los hospitales cuentan que el jefe de servicio es quien decide cómo se arman los equipos médicos, cómo se distribuyen las horas e incluso cuánto se paga, y que muchas veces lo hacen de manera informal, sin papeles de por medio ni registros de los trabajos realizados.

-Ni siquiera se cuestionan sobre los recursos disponibles y no se dan cuenta de que a veces esos acuerdos no son realizables. Entonces, uno ni se entera hasta que a fin de mes llegan a cobrar. Pero uno tiene que pagar nomás. Si le digo al jefe de servicio que a cierto doctor no le voy a pagar porque no ha ido o porque llega tarde, que en el caso de otro funcionario significaría sanción, me mandan a la cresta. Vaya o no vaya al médico se le paga igual. No hay nada que hacer –cuenta un jefe del área de personal de uno de los hospitales investigados.

No hay control posible. Así lo demuestran los contratos de la doctora Soledad Hidalgo, endocrinóloga del Hospital San Borja. El primero data de 1999, como doctora titular (indefinido) por 33 horas. Pero durante 2009 sumó un nuevo cargo por 22 horas. En suma, los convenios que tenía con el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), le habrían hecho tener que cumplir 55 horas semanales, algo así como 11 horas diarias cinco días a la semana. Además de ser un convenio ilegal, según lo que registra en el libro de asistencia sólo cumplía el de 22 horas. Y es imposible que haya cumplido el otro: en las tardes atiende a sus pacientes privados en las clínicas Avansalud o Las Condes.
Cuando ya no queda nadie

Poco antes de las 17:00, Rubén sube la escalera del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital San Borja. En los pasillos se ve muy poca gente. En los hospitales de Santiago a partir de las 13:00 la aglomeración de gente de las mañanas empieza a desaparecer. Para las 15:00, ya casi no hay nadie. Son muy pocos los doctores que atienden pacientes después de las 14:00, aunque formalmente los policlínicos funcionan hasta las 17:00. Ese jueves 26 de agosto no era la excepción. Un guardia se le acerca. Le dice que ya no se atiende público.

-Voy a cardiología. Me dijeron que me harían un examen en la tarde –dice Rubén.

El guardia lo deja pasar. En el mesón de cardiología hay dos mujeres sentadas.

Rubén acaba de ir al médico por problemas respiratorios. El médico le ha dado una orden para realizarse un test de esfuerzo, un examen cardiológico que permite analizar la respuesta cardiovascular ante un esfuerzo físico progresivo y estandarizado. Rubén no tiene dinero para realizárselo de forma particular y en el hospital, por la alta demanda, le han dicho que recién en tres meses más se lo podrían practicar. Pero lo necesita. Debido a las listas de espera, es común que un paciente llegue a la consulta con el médico sin los exámenes solicitados porque no le han dado hora.

Durante las esperas, Rubén escuchó que el doctor Mario Alfaro, con contratos de 22 y 28 horas en el San Borja, realizaba el examen cardiológico que necesitaba en el mismo hospital durante las tardes. Rubén se aproxima al mesón y les cuenta su problema a las dos mujeres. Una de ellas le pregunta si tiene la orden médica para el examen. Rubén asiente. Ella le dice que sí puede ayudarlo. Le dice que es la secretaria del doctor Mario Alfaro y que él podría realizárselo. Pero no ese día. Antes tiene que comprar un bono Fonasa dando el RUT del médico y el número 17-01-003. Una vez hecho eso, tiene que llamarla y allí ella le avisará qué días por las tardes estará el doctor. Que no se preocupe, porque en no más de dos o tres días el examen estará listo.

CIPER siguió paso a paso la escena. Y constató que el doctor Alfaro utiliza las instalaciones del hospital para atender consultas privadas. Para ello, sus secretarias piden un bono Fonasa a nombre de Alfaro, que al paciente le cuesta alrededor de $20.000 y él se queda con ambas copias. Según los funcionarios del hospital, hace por lo menos dos años que el médico utiliza ese procedimiento.
Un día con el doctor Fontalva

Un par de niños juega entre los asientos de la sala de espera del Policlínico de Nefrología del Hospital San Borja Arriarán. Sus madres esperan desde poco antes de las 8:00 que aparezca el doctor Rubén Fontalva. Son las 8:40 del jueves 26 de agosto y desde hace 10 minutos el doctor debía estar atendiendo pacientes. Pero aún no llega.

Fontalva es el mismo nefrólogo que el 29 de diciembre del año pasado llegó tarde, anotó una hora que no correspondía y firmó cuatro días en el libro de asistencia en menos de un minuto. Ahora, en agosto de 2010, recién a las 10:20 apareció por el policlínico. Ocho minutos después llamó al primer paciente. En siete lo despachó. Entonces salió del box y se perdió en el pasillo.

A las 10:46 hizo pasar al segundo. Mientras, uno de los que esperan se impacienta. Sergio Deischler viene a control cada seis meses y su cita era a las 9:30, pero aún no lo atienden. Tiene prisa. Como todas las semanas desde hace cuatro años, su sesión de cuatro horas de diálisis en un centro de Ñuñoa comienza a las 11:00. Es lo que él llama, su “largo jueves de Auge”. Y hoy, como cada vez, se hace más largo de lo normal.

A las 11:08 le dicen a Sergio que es su turno. Fontalva lo recibe, lo hace pasar al box Nº2 y le dice que lo espere, que en un minuto vuelve. El doctor sale y se pasea por el pasillo y la sala de espera. Conversa con un colega. Abraza a una paramédica. Habla y bromea por celular. Demora, en total, 22 minutos. Después vuelve al box y le da una rápida disculpa a Sergio. Luego le pide los exámenes y les echa una ojeada. Al mismo tiempo le pregunta si se siente bien, si tiene alguna molestia y si le quedan medicamentos. Le hace una receta, le dice que en seis meses más se verán y se despide. Son las 11:37 y Sergio se va enojado a pedir hora para la próxima consulta. Ya no llegó a la hora a su sesión de diálisis.

Fontalva sale del box, cierra la puerta y se dirige al mesón de la recepción. Su horario de policlínico los jueves termina a las 12:30. Para eso aún falta una hora, pero le dice en voz baja a una de las secretarias que tiene que irse y que los pacientes que quedan sean agendados para una próxima consulta. Y el doctor Rubén Fontalva, el mismo que aparece en algunos pendones publicitarios de la Clínica Dávila, se va.

En la tarde, Fontalva atiende pacientes en la clínica privada entre las 14:00 y las 20:00. El jueves 26 de agosto, a las 14:03 entra su primer paciente. 14 minutos después pasa el siguiente. Aquí las consultas tienen otro ritmo: para las 14:30 ya atendió a tres pacientes, los mismos que revisó en toda la mañana en el hospital. Con cada uno se toma el cuarto de hora estipulado en la agenda. Después de ver a un cuarto paciente baja a comer algo a la cafetería. A las 15:00 ya está de vuelta y nueve minutos después atiende al quinto. A las 15:27 pasó el sexto. A las 15:42 ingresa otro. Para las 16:30 ya ha atendido a 10 pacientes, la mitad de los que tiene en agenda para la tarde. El ritmo no cambiará. A las 19:15 Fontalva sale de su oficina, cierra la puerta y camina por el pasillo de la clínica al tiempo que se saca la bata. Se acaba su jornada. Ya atendió a los 20 pacientes que tenían hora con él.
Un sistema a la medida

El cambio que vino en 1979 con la promulgación del Decreto Ley 2.673 transformó al sistema de salud en Chile. Al tiempo que se creaba Fonasa como continuador del Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena) y único administrador de los fondos públicos para el área, partía un proceso que flexibilizaría el sistema hospitalario, daría impulso a la privatización y eliminaría en gran parte los mecanismos de control y fiscalización.

El Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde su dirección general coordinaba las prestaciones asistenciales en todo el país, desapareció para dar nacimiento al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), constituido por 27 servicios regionales independientes cuya dirección sería definida a través de respaldos políticos. Al descentralizarse, el sistema perdió su aparato técnico y la capacidad de normar y controlar lo que sucede en los hospitales del país. Esto le significó al Colegio Médico una pérdida de poder –al quedar sin el control de los médicos y de la atención médica curativa del Sermena–, pero a pesar de los cambios los doctores seguirían con el control del sistema.

Hace dos décadas, un estudio realizado por el Colegio Médico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó la situación asistencial en el país. Para ese entonces, el 58,7% de los médicos que había en Chile trabajaba en el sector público y alrededor de la mitad obtenía al menos dos tercios de su ingreso del sector privado. El 81,4% tenía dos o más empleos, ya que nueve de cada diez pensaban que sus sueldos en el sector público eran inadecuados. De hecho, el 60,4% de los que trabajaban en el SNSS lo hacía por menos de 30 horas semanales. El informe de 1990 concluye que el sector público ha perdido relevancia frente al privado, el que concentra el mayor tiempo del trabajo médico. Habla también de un “sector de médicos empresarios que son propietarios o accionistas de clínicas, Isapres y laboratorios” y de una “progresiva significación del libre mercado en la atención médica”.

Veinte años después, todo sigue vigente.

La fiscalización de los 13.308 médicos con contrato en el sistema público –un 44% del total de médicos en Chile– depende de los directores de cada servicio y de cada establecimiento. Actualmente, de los 29 servicios de salud regionales, 25 son dirigidos por un médico y al menos el 60% de los encargados de los 192 hospitales son parte de ese estamento. Ellos ponen las reglas. No sólo son los que los que deciden qué se hace y qué no en los establecimientos de salud, sino que además cuentan con una serie de beneficios que les permite actuar con total libertad, lo que influye directamente en las listas y tiempos de espera y la calidad de la atención a los pacientes.

-El médico antes tenía que tener una vocación que ahora se ha perdido. Con las altas responsabilidades ya no alcanza para hacer negocio del trabajo –reconoce un jefe de servicio de uno de los hospitales investigados por CIPER.
Aclaración

El reportaje original publicado en revista Qué Pasa decía que los médicos con cargos de 28 horas que han cumplido 20 años de servicio, quedan libres de seguir realizando los turnos de urgencia, pero conservan los beneficios y el sueldo, según lo indica el artículo 44 de la Ley 15.076. Lo cierto no es que los doctores dejen de hacer los turnos de urgencia, sino que quedan liberados de los turnos de 12 horas nocturnos y en fines de semana o festivos. Los turnos de día -también de 12 horas- los deben seguir cumpliendo.

*En esta investigación colaboraron los periodistas Franco Beiza, Matías Fouillioux, Javiera Pacull y Gustavo Villarrubia.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa en la edición del 24 de septiembre.

Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile?

Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile

Por Juan Pablo Figueroa Lasch, CIPER. (*) | 27 de Septiembre de 2010 |

En Chile hay un médico por cada 559 habitantes y sólo el 44% trabaja en el sector público. La deuda hospitalaria en julio de 2010 superaba los $106 mil millones. Pero la falta de doctores y de recursos no son las únicas causas de la crítica situación del sistema de salud. Durante un año, CIPER investigó lo que ocurre al interior de cinco de los principales hospitales de Santiago. Se revisaron los libros de asistencia, se cruzaron los datos con los horarios que los profesionales cumplen tanto en los establecimientos estatales como en sus consultas o clínicas privadas y se comprobó en terreno las múltiples irregularidades que diariamente cometen la mayoría de los médicos y que los mecanismos de control no existen para el estamento más alto en escala jerárquica de un sistema clave para la salud de la población más vulnerable del país.

Faltando 25 minutos para las 10:00 del 29 de diciembre (2009) el doctor Rubén Fontalva se acercó a la pequeña mesa apostada afuera de la secretaría del servicio de medicina del Hospital San Borja Arriarán. Abrió la carpeta que estaba sobre ella, sacó un lápiz, miró la hora en su muñeca y firmó. Luego hojeó las páginas de registro de entrada y salida de días anteriores. Rellenó una, después otra y las dos siguientes. Cerró la carpeta, guardó el lápiz y entró a conversar unos minutos con el jefe de servicio. Además de firmar asistencia de cuatro días en menos de un minuto, la hora que anotó en la página -8:30- y que presenció CIPER aquel día, no corresponde a lo que marcaba el reloj: 9:35.

Ese martes, como todos los de 2009, el doctor Fontalva tenía que estar desde las 8:30 en el policlínico de nefrología. Su agenda indica que los lunes, martes y jueves debe atender pacientes con consultas programadas hasta las 10:30. Pero ese martes empezó su trabajo con una hora y media de retraso. La sala de espera, como siempre, estaba llena desde antes de las 8:00, con alrededor de 30 personas que esperaban su turno incluso de pie.

No sólo Fontalva empezó a atender con atraso a los pacientes con hora solicitada desde hacía meses. Antes que él, ya habían pasado por el registro de ingreso otros 15 médicos. Cuatro lo hicieron antes de las 8:00. Los demás fueron firmando a medida que llegaban. Sólo uno de ellos marcó la hora que marcaba el reloj: el doctor Carlos Peña.

CIPER pudo constatar en terreno que esa misma conducta se repite cada día. Y se sigue repitiendo tanto ahí como en cualquier otro hospital del país.

A través de la Ley de Transparencia, CIPER obtuvo copia de los libros de asistencia de 2009 de cinco de los principales hospitales de Santiago. Uno de ellos es el San Borja. Los otros son el Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río (ver mapa). Entre los cinco suman 3.141 camas, una dotación aproximada de 2.000 médicos y casi 67.000 pacientes en lista de espera para consultas de especialidad o cirugías electivas. Su población beneficiaria supera los cuatro millones de personas -más del 23% de la población nacional- que corresponden al sector más vulnerable del país.

Las fotocopias de los libros a las que tuvo acceso CIPER son un montón de páginas con firmas desordenadas y nombres y horas en muchos casos ilegibles. Los pedimos en agosto del año pasado. Después de meses revisándolas y procesándolas, logramos identificar a los doctores que los firman. Luego cruzamos los datos con los contratos que tienen con sus respectivos establecimientos, los horarios que deben cumplir en los policlínicos y en sus consultas privadas y verificamos en terreno cómo funcionan los mecanismos de control de los doctores en los hospitales. El resultado de casi un año de investigación da cuenta de que, a diferencia de todos los demás funcionarios de la salud pública, los médicos son los únicos que carecen de todo control y fiscalización. Nadie garantiza que efectivamente atiendan a la población más pobre de la capital.

Muchos médicos omiten sus horas de salida. Imposible saber si los días que firman cumplen o no con su jornada. Otros desaparecen durante semanas o meses de los registros sin que quede justificación. Algunos aprovechan de firmar semanas completas en un solo día. O marcan las horas que les exige el contrato, pero no las que marca el reloj. Y no son pocos los que se escapan a atender pacientes en sus consultas particulares o clínicas privadas. En muchos casos, frente a la mirada indiferente del jefe de servicio, el encargado de fiscalizar que eso no suceda. De todo ello fuimos testigos.

Siete meses después de que CIPER comenzara esta investigación, la Contraloría General de la República publicó un informe que detectó varias irregularidades en una inspección a 13 centros asistenciales del país. La auditoría confirmó otro hecho anómalo que ya habíamos constatado: varios médicos usan la infraestructura de los hospitales y su horario funcionario para atender pacientes privados. Y corroboró que no cumplen con las jornadas estipuladas en sus contratos, que no registran su ingreso o salida de los establecimientos y que, debido a esta misma falta de control, se pierde el rastro de algunos pacientes cuando, debido a la falta de camas, los derivan a unidades distintas sin dejar registro.

Pero hay algo que no dice el documento: las mismas irregularidades aparecieron hace ocho años en una inspección hecha por la Contraloría a 16 hospitales distintos. Lo mismo se repitió en nuevas inspecciones del organismo contralor en los últimos años. A pesar de los compromisos de las autoridades del sector por corregir las fallas del sistema, todo sigue igual.
La cultura del sistema

La mañana del jueves 4 de febrero, Jorge Núñez no fue a trabajar. Este conductor de buses del Transantiago tenía control a las 10:00 con el doctor Sergio Loyola en el Hospital Félix Bulnes, y pidió cambio de turno. Pensó que a las 12:30 ya debería estar de vuelta. Pero al mediodía tuvo que llamar a la empresa para decir que no alcanzaría a llegar, que el doctor no había llegado aún y que no sabía hasta qué hora tendría que esperarlo.

Era su segundo control con el doctor Loyola después de que llegara en enero de 2009 aquejado de un infarto. El primero tuvo lugar una semana después del alta. No logró que le dieran una hora para su segundo control hasta un año después. Pero el 25 de enero de este año, el doctor Loyola no llegó y Jorge tuvo que volver al trabajo después de haber perdido toda la mañana en la sala de espera. No le dieron explicación a él ni a ninguno de los demás pacientes que aguardaban. Así que pidió una nueva hora. Se la dieron para ese jueves 4 de febrero. A pesar de que el horario que el doctor Loyola debía cumplir ese día en el policlínico era desde las 10:30 a las 13:00, no apareció por ahí hasta las 12:55. Jorge Núñez llevaba tres horas esperando. El plantón hizo que tuviera que hacer el turno de noche en su trabajo, el mismo que desde que tuvo el infarto evitaba. Al doctor no le pasaría nada.

Aunque la escena tiene nombres y apellidos, lo que pasó en el Hospital Félix Bulnes pudo haber ocurrido en cualquier otro centro asistencial. Las salas de espera se llenan con pacientes que han insistido durante semanas o incluso meses por una consulta. Y como no quieren correr el riesgo de perder su turno, incluso llegan antes. Muchas veces, desde sectores alejados y sin locomoción. Pero los doctores no llegan a la hora y en muchas ocasiones no cumplen con la agenda. O si lo hacen, examinan a la rápida. Nadie los sanciona.

En los departamentos de recursos humanos de los hospitales investigados por CIPER, los funcionarios aseguran que no tienen ninguna atribución para fiscalizar a los doctores, que el único que puede hacerlo es el jefe del servicio clínico. Pero lo cierto es que la regulación y control al estamento médico es nula.

Según un estudio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en conjunto con el Banco Mundial, actualmente en el país hay un médico por cada 559 habitantes y el sistema público tiene un déficit de especialistas que alcanza al 40%. Eso, sumado a una deuda hospitalaria que según datos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a julio de este año era de $106.591 millones (de la cual el 41,9% corresponde a los Servicios de Salud Metropolitanos), ha transformado a la falta de doctores y de recursos en el eje de la discusión sobre la crítica situación de la salud. Aunque todo eso es cierto, gran parte del problema tiene que ver con la gestión de un sistema que, más que en función de los pacientes, ha sido estructurado por y para los médicos.

-Esa es la cultura dentro del sistema: los médicos mandan en todo. Ellos tienen el sartén por el mango y hay que tener mucho cuidado cuando uno intenta enfrentárseles. Contra eso no se puede hacer nada. Son los “diostores” y la administración hace todo para su comodidad –dice un alto funcionario de la Subsecretaría de Salud que prefiere mantener su nombre en reserva.
El mundo especial de los doctores

Hace un tiempo, al doctor Marco Antonio Chahuán, el único especialista broncopulmonar del Hospital San Borja Arriarán, le reclamaron por el no cumplimiento de sus horarios. En sus registros de asistencia, durante todo 2009 Chahuán aparece con una jornada de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Todo bien, si se considera que tiene un contrato por 22 horas semanales, más 11 dedicadas a la docencia en la Universidad de Chile. Lo extraño aparece cuando se hace el cruce con los horarios que cumple por las tardes en la Clínica Tabancura. El lunes empieza a las 13:00, una hora antes de su salida del hospital, mientras que los miércoles y jueves, lo hace a las 14:00. Es decir, al mismo tiempo que el doctor anota su salida del hospital en Santa Rosa con Avenida Matta, está comenzando su jornada en una clínica privada distante a más de 8,5 kilómetros, en La Florida.

-Ha sido muy complicado. El trabajo de Chahuán es excelente. Conversé una vez con él la distorsión de su horario, pero son cosas que se dejan pasar. No nos podemos dar el lujo de perder a un especialista como él. No tendríamos cómo conseguir otros así –dice el doctor Félix Muñoz, ex jefe del servicio de medicina del San Borja.

Situaciones como esa ocurren en todos los hospitales: muchos doctores dejan de cumplir sus jornadas para irse a atender pacientes particulares. La doctora María Eugenia Álvarez, reumatóloga del mismo establecimiento, aparece con un contrato de 11 horas semanales. En el libro de asistencia de 2009, entre el primero de enero y el 19 de octubre marcó presencia en 117 oportunidades y en sólo 30 anotó la hora de salida. Según los registros, atendió pacientes los lunes, martes, miércoles y viernes. Generalmente ingresó a las 8:00 y –considerando los días que sí marcó jornada completa– se retiró a las 13:00, a excepción de los lunes que marcó como hora de egreso las 14:30. Si se comparan sus horarios con los que cumple en la Clínica Vespucio, todo está en regla. Pero en Dipreca también aparecía ingresando los lunes, miércoles y viernes a la misma hora que se retiraba del hospital; mientras que los martes lo hacía a las 11:30, tres horas antes de la hora de salida que registra el libro de asistencias del San Borja.

CIPER constató que en el Hospital del Salvador hay médicos que llegan a firmar y luego se van a sus consultas particulares. En el Félix Bulnes hay varios cuyos horarios se superponen con los que deben cumplir en sus consultas particulares. Lo mismo pasa en el Sótero del Río, en el Barros Luco y en muchos otros hospitales del país.

Aunque los funcionarios lo saben, callan. Así funciona el sistema. Una enfermera de uno de los hospitales investigados por CIPER cuenta que cuando un médico no está en el policlínico y los pacientes que lo esperan preguntan, deben decir que está realizando visita en la sala de hospitalizados. A juicio de un alto funcionario del Ministerio de Salud, eso se explica porque “el personal de los hospitales le rinde pleitesía a los médicos”.

-El doctor es el que manda. Y el jefe del servicio médico es un dios, respetado por todos. No es el jefe, sino la autoridad. Por eso el médico tiene una especie de mundo especial -agrega.

Aunque los doctores siempre han sido los reyes del sistema de salud, su diseño se ha ido modificando en su beneficio desde hace al menos tres décadas (ver recuadro 2). Actualmente están regidos por dos leyes hechas completamente a su medida. La primera es la Ley 15.076, algo así como la norma madre para el estamento médico. En ella se establece, entre otras cosas, que para acceder a un cargo titular en el sector estatal el concurso puede ser público o interno. También que sus sueldos aumentarán cada tres años por el sólo hecho de permanecer en el servicio y que gozan de distintas asignaciones, lo que según la escala de sueldos vigente significa que en el primer año un profesional puede llegar a ganar poco más de un millón de pesos. Pero ahora esta norma sólo regula a los profesionales con contratos de 28 horas: los que cumplen turnos de urgencia.

Para los demás, con contratos de 11, 22, 33 ó 44 horas semanales, está la Ley 19.664, que flexibiliza la relación de la institución con el médico, dándoles mayor poder de decisión a los directores de hospitales o de servicio en cuanto al número de especialistas necesarios por establecimiento, el monto de pagos por estímulo y posibilidades para que los médicos distribuyan sus jornadas entre la salud estatal y la privada, donde sus ingresos pueden multiplicarse por tres.

Para evitar la fuga masiva al sector privado, los contratos del sector público se han estructurado de tal manera que no sean excluyentes entre sí. Según el estudio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el 24,8% de los doctores del sector público se rige por las dos leyes, al tener simultáneamente contratos de 22 y 28 horas, por lo que reciben dos sueldos. Pero a pesar de que hay dos marcos legales que regulan la actividad, los médicos gozan de total libertad.
Los privilegiados

Poco antes de las ocho de la mañana, al mismo tiempo que las salas de espera se van llenando con pacientes, en los hospitales hay puntos donde los funcionarios se aglomeran. Las filas se forman frente a la máquina en la que deben poner su dedo y marcar In o Out. Es el control biométrico, el sistema de registro de asistencia digital al que deben someterse todos los auxiliares, técnicos paramédicos, enfermeras y personal administrativo de los recintos asistenciales. La información va directamente a una base de datos que maneja el departamento de Recursos Humanos de cada hospital. Pero los médicos, en su gran mayoría, no aparecen por esos sectores.

Para el estamento más alto del sistema de salud, el control aún se hace a mano en libros o carpetas. Pero que nadie revisa. Desde hace años los informes de Contraloría indican que el mecanismo es vulnerado. Hace casi una década se intentó iniciar un control de asistencia más uniforme para todos los funcionarios de los hospitales. El ministro de Salud de este gobierno, Jaime Mañalich, intentó hacer lo mismo en julio de este año. Afirmó que el sistema actual “no tiene la rigurosidad de un sistema de marcado de tarjeta o huella digital” y se reunió con los directores de los Servicios de Salud para concordar un mecanismo que regule el control de los horarios que cumplen los doctores. Pero el rechazo ha venido desde el mismo Colegio Médico.

-El gremio de doctores tiene mucha influencia. Los médicos no soportan que se les controle. Creo que no van a aceptar ser fiscalizados al igual que el resto de los funcionarios –dice el doctor José Luis Contreras, ex director del Hospital San José.

Los dichos de Contreras son ratificados por funcionarios de los hospitales investigados por CIPER, quienes aseguran que varios directores de establecimientos han sido destituidos por intentar instaurar un control para los doctores. Para el doctor Félix Muñoz, ex jefe del servicio de medicina del Hospital San Borja, someterse al control biométrico “es como perder ciertos derechos adquiridos”.

Esos derechos se traducen en beneficios que marcan jerarquía y los distancian de cualquier otro estamento del personal.

-Cuando un funcionario llega tarde o no aparece en el hospital, hay sanciones. Se les suman las horas no trabajadas y se les descuentan del sueldo. También se les hacen anotaciones en sus hojas de vida, disminuyendo las calificaciones que evalúa un comité calificador. Pero en el caso de los médicos no pasa nada. Nadie fiscaliza que lleguen a la hora, que cumplan su horario ni que firmen el libro cuando corresponde –cuenta un ex jefe de personal de uno de los hospitales investigados por CIPER.

En el Ministerio de Salud reconocen que eso ocurre porque los doctores “están considerados como un segmento aparte”: los jefes de servicio prefieren darle todas las comodidades antes de que el especialista se enoje y se vaya. Y esa flexibilidad se traduce incluso en contratos que, por “derecho”, se siguen pagando a pesar de no cumplirse.

El caso del doctor Antonio Raffo es algo común. Es jefe de la unidad de diabetes del Hospital Sótero del Río, y desde el primero de enero de 1998 tiene un contrato de planta por 28 horas. A eso se suma el otro convenio con el que figura en la dotación médica del complejo asistencial vigente al 30 de septiembre de 2009: un vínculo a contrata con el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) –del cual depende el hospital– por 33 horas a la semana durante todo 2009. Según la Ley 15.076, ambos convenios son incompatibles, ya que los cargos de 28 horas pueden ser simultáneos “sólo con jornadas de un máximo de 22 horas semanales”. Aun así, ambos fueron renovados por todo 2010. Pero no es que haya algo extraño. El mismo cuerpo legal hace una excepción que les otorga a los doctores un beneficio que no corre para ningún otro miembro de las dotaciones funcionarias de los hospitales.

La Ley 15.076 en su artículo 44 dice que todos los profesionales que cumplan 20 años en cargos de servicios de guardia nocturna y días festivos, quedan “exentos de la obligación de prestar dichos servicios y conservarán los derechos que esas funciones les conferían, cualquiera que fuere el cargo que actualmente desempeñan o pasen a desempeñar en el futuro estos profesionales funcionarios”. Eso significa que al cumplirse ese plazo, los doctores seguirán recibiendo el sueldo y los beneficios que tenían como encargados de turnos de urgencia, pero quedan libres de realizar los turnos de 12 horas en las noches y los fines de semana o festivos. ( Ver aclaración)

En las unidades de recursos humanos de los hospitales cuentan que el jefe de servicio es quien decide cómo se arman los equipos médicos, cómo se distribuyen las horas e incluso cuánto se paga, y que muchas veces lo hacen de manera informal, sin papeles de por medio ni registros de los trabajos realizados.

-Ni siquiera se cuestionan sobre los recursos disponibles y no se dan cuenta de que a veces esos acuerdos no son realizables. Entonces, uno ni se entera hasta que a fin de mes llegan a cobrar. Pero uno tiene que pagar nomás. Si le digo al jefe de servicio que a cierto doctor no le voy a pagar porque no ha ido o porque llega tarde, que en el caso de otro funcionario significaría sanción, me mandan a la cresta. Vaya o no vaya al médico se le paga igual. No hay nada que hacer –cuenta un jefe del área de personal de uno de los hospitales investigados.

No hay control posible. Así lo demuestran los contratos de la doctora Soledad Hidalgo, endocrinóloga del Hospital San Borja. El primero data de 1999, como doctora titular (indefinido) por 33 horas. Pero durante 2009 sumó un nuevo cargo por 22 horas. En suma, los convenios que tenía con el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), le habrían hecho tener que cumplir 55 horas semanales, algo así como 11 horas diarias cinco días a la semana. Además de ser un convenio ilegal, según lo que registra en el libro de asistencia sólo cumplía el de 22 horas. Y es imposible que haya cumplido el otro: en las tardes atiende a sus pacientes privados en las clínicas Avansalud o Las Condes.
Cuando ya no queda nadie

Poco antes de las 17:00, Rubén sube la escalera del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital San Borja. En los pasillos se ve muy poca gente. En los hospitales de Santiago a partir de las 13:00 la aglomeración de gente de las mañanas empieza a desaparecer. Para las 15:00, ya casi no hay nadie. Son muy pocos los doctores que atienden pacientes después de las 14:00, aunque formalmente los policlínicos funcionan hasta las 17:00. Ese jueves 26 de agosto no era la excepción. Un guardia se le acerca. Le dice que ya no se atiende público.

-Voy a cardiología. Me dijeron que me harían un examen en la tarde –dice Rubén.

El guardia lo deja pasar. En el mesón de cardiología hay dos mujeres sentadas.

Rubén acaba de ir al médico por problemas respiratorios. El médico le ha dado una orden para realizarse un test de esfuerzo, un examen cardiológico que permite analizar la respuesta cardiovascular ante un esfuerzo físico progresivo y estandarizado. Rubén no tiene dinero para realizárselo de forma particular y en el hospital, por la alta demanda, le han dicho que recién en tres meses más se lo podrían practicar. Pero lo necesita. Debido a las listas de espera, es común que un paciente llegue a la consulta con el médico sin los exámenes solicitados porque no le han dado hora.

Durante las esperas, Rubén escuchó que el doctor Mario Alfaro, con contratos de 22 y 28 horas en el San Borja, realizaba el examen cardiológico que necesitaba en el mismo hospital durante las tardes. Rubén se aproxima al mesón y les cuenta su problema a las dos mujeres. Una de ellas le pregunta si tiene la orden médica para el examen. Rubén asiente. Ella le dice que sí puede ayudarlo. Le dice que es la secretaria del doctor Mario Alfaro y que él podría realizárselo. Pero no ese día. Antes tiene que comprar un bono Fonasa dando el RUT del médico y el número 17-01-003. Una vez hecho eso, tiene que llamarla y allí ella le avisará qué días por las tardes estará el doctor. Que no se preocupe, porque en no más de dos o tres días el examen estará listo.

CIPER siguió paso a paso la escena. Y constató que el doctor Alfaro utiliza las instalaciones del hospital para atender consultas privadas. Para ello, sus secretarias piden un bono Fonasa a nombre de Alfaro, que al paciente le cuesta alrededor de $20.000 y él se queda con ambas copias. Según los funcionarios del hospital, hace por lo menos dos años que el médico utiliza ese procedimiento.
Un día con el doctor Fontalva

Un par de niños juega entre los asientos de la sala de espera del Policlínico de Nefrología del Hospital San Borja Arriarán. Sus madres esperan desde poco antes de las 8:00 que aparezca el doctor Rubén Fontalva. Son las 8:40 del jueves 26 de agosto y desde hace 10 minutos el doctor debía estar atendiendo pacientes. Pero aún no llega.

Fontalva es el mismo nefrólogo que el 29 de diciembre del año pasado llegó tarde, anotó una hora que no correspondía y firmó cuatro días en el libro de asistencia en menos de un minuto. Ahora, en agosto de 2010, recién a las 10:20 apareció por el policlínico. Ocho minutos después llamó al primer paciente. En siete lo despachó. Entonces salió del box y se perdió en el pasillo.

A las 10:46 hizo pasar al segundo. Mientras, uno de los que esperan se impacienta. Sergio Deischler viene a control cada seis meses y su cita era a las 9:30, pero aún no lo atienden. Tiene prisa. Como todas las semanas desde hace cuatro años, su sesión de cuatro horas de diálisis en un centro de Ñuñoa comienza a las 11:00. Es lo que él llama, su “largo jueves de Auge”. Y hoy, como cada vez, se hace más largo de lo normal.

A las 11:08 le dicen a Sergio que es su turno. Fontalva lo recibe, lo hace pasar al box Nº2 y le dice que lo espere, que en un minuto vuelve. El doctor sale y se pasea por el pasillo y la sala de espera. Conversa con un colega. Abraza a una paramédica. Habla y bromea por celular. Demora, en total, 22 minutos. Después vuelve al box y le da una rápida disculpa a Sergio. Luego le pide los exámenes y les echa una ojeada. Al mismo tiempo le pregunta si se siente bien, si tiene alguna molestia y si le quedan medicamentos. Le hace una receta, le dice que en seis meses más se verán y se despide. Son las 11:37 y Sergio se va enojado a pedir hora para la próxima consulta. Ya no llegó a la hora a su sesión de diálisis.

Fontalva sale del box, cierra la puerta y se dirige al mesón de la recepción. Su horario de policlínico los jueves termina a las 12:30. Para eso aún falta una hora, pero le dice en voz baja a una de las secretarias que tiene que irse y que los pacientes que quedan sean agendados para una próxima consulta. Y el doctor Rubén Fontalva, el mismo que aparece en algunos pendones publicitarios de la Clínica Dávila, se va.

En la tarde, Fontalva atiende pacientes en la clínica privada entre las 14:00 y las 20:00. El jueves 26 de agosto, a las 14:03 entra su primer paciente. 14 minutos después pasa el siguiente. Aquí las consultas tienen otro ritmo: para las 14:30 ya atendió a tres pacientes, los mismos que revisó en toda la mañana en el hospital. Con cada uno se toma el cuarto de hora estipulado en la agenda. Después de ver a un cuarto paciente baja a comer algo a la cafetería. A las 15:00 ya está de vuelta y nueve minutos después atiende al quinto. A las 15:27 pasó el sexto. A las 15:42 ingresa otro. Para las 16:30 ya ha atendido a 10 pacientes, la mitad de los que tiene en agenda para la tarde. El ritmo no cambiará. A las 19:15 Fontalva sale de su oficina, cierra la puerta y camina por el pasillo de la clínica al tiempo que se saca la bata. Se acaba su jornada. Ya atendió a los 20 pacientes que tenían hora con él.
Un sistema a la medida

El cambio que vino en 1979 con la promulgación del Decreto Ley 2.673 transformó al sistema de salud en Chile. Al tiempo que se creaba Fonasa como continuador del Servicio Médico Nacional de Empleados (Sermena) y único administrador de los fondos públicos para el área, partía un proceso que flexibilizaría el sistema hospitalario, daría impulso a la privatización y eliminaría en gran parte los mecanismos de control y fiscalización.

El Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde su dirección general coordinaba las prestaciones asistenciales en todo el país, desapareció para dar nacimiento al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), constituido por 27 servicios regionales independientes cuya dirección sería definida a través de respaldos políticos. Al descentralizarse, el sistema perdió su aparato técnico y la capacidad de normar y controlar lo que sucede en los hospitales del país. Esto le significó al Colegio Médico una pérdida de poder –al quedar sin el control de los médicos y de la atención médica curativa del Sermena–, pero a pesar de los cambios los doctores seguirían con el control del sistema.

Hace dos décadas, un estudio realizado por el Colegio Médico y la Organización Mundial de la Salud (OMS) evaluó la situación asistencial en el país. Para ese entonces, el 58,7% de los médicos que había en Chile trabajaba en el sector público y alrededor de la mitad obtenía al menos dos tercios de su ingreso del sector privado. El 81,4% tenía dos o más empleos, ya que nueve de cada diez pensaban que sus sueldos en el sector público eran inadecuados. De hecho, el 60,4% de los que trabajaban en el SNSS lo hacía por menos de 30 horas semanales. El informe de 1990 concluye que el sector público ha perdido relevancia frente al privado, el que concentra el mayor tiempo del trabajo médico. Habla también de un “sector de médicos empresarios que son propietarios o accionistas de clínicas, Isapres y laboratorios” y de una “progresiva significación del libre mercado en la atención médica”.

Veinte años después, todo sigue vigente.

La fiscalización de los 13.308 médicos con contrato en el sistema público –un 44% del total de médicos en Chile– depende de los directores de cada servicio y de cada establecimiento. Actualmente, de los 29 servicios de salud regionales, 25 son dirigidos por un médico y al menos el 60% de los encargados de los 192 hospitales son parte de ese estamento. Ellos ponen las reglas. No sólo son los que los que deciden qué se hace y qué no en los establecimientos de salud, sino que además cuentan con una serie de beneficios que les permite actuar con total libertad, lo que influye directamente en las listas y tiempos de espera y la calidad de la atención a los pacientes.

-El médico antes tenía que tener una vocación que ahora se ha perdido. Con las altas responsabilidades ya no alcanza para hacer negocio del trabajo –reconoce un jefe de servicio de uno de los hospitales investigados por CIPER.
Aclaración

El reportaje original publicado en revista Qué Pasa decía que los médicos con cargos de 28 horas que han cumplido 20 años de servicio, quedan libres de seguir realizando los turnos de urgencia, pero conservan los beneficios y el sueldo, según lo indica el artículo 44 de la Ley 15.076. Lo cierto no es que los doctores dejen de hacer los turnos de urgencia, sino que quedan liberados de los turnos de 12 horas nocturnos y en fines de semana o festivos. Los turnos de día -también de 12 horas- los deben seguir cumpliendo.

*En esta investigación colaboraron los periodistas Franco Beiza, Matías Fouillioux, Javiera Pacull y Gustavo Villarrubia.

*Este reportaje fue publicado en revista Qué Pasa en la edición del 24 de septiembre.

LAS PRINCIPALES DEUDAS QUE MANTIENE CHILE CON LOS ADULTOS MAYORES


LAS PRINCIPALES DEUDAS QUE MANTIENE CHILE CON LOS ADULTOS MAYORES



Cada 1 de octubre desde 1990 que en todo el mundo se festeja el Día del Adulto Mayor.

SANTIAGO, octubre 1.- En Chile en el año 2050 el cuarto de su población será adulto mayor. Cuando se conmemora su día aparecen nuevamente las grandes deudas que mantiene el Estado Chileno con este segmento de la población.

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile en su permanente preocupación por los adultos mayores llama a las autoridades a tomar real conciencia de este gran saldo pendiente.

Apenas cuarenta geriatras para dos millones 213 mil personas mayores de 60 años. Una cifra paupérrima, si se consideran los estándares internacionales que indican 1 geriatra por cada cinco mil habitantes. En Chile hay uno por cada 250 mil personas, explica El Dr. Juan Carlos Molina, geriatra del Hospital Clínico Universidad de Chile y Presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.

Asimismo, indica que: “Debiera haber entre 300, 400. Es una gran negligencia del Estado Chileno, porque no ha sido capaz de formar recursos humanos relacionados con el cambio demográfico.

Para el Dr. Rubén Alvarado, director Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile “a pesar que hoy existe una delineada una política nacional para el adulto, no se ha establecido como una prioridad dentro de los programas ministeriales. Se habla de equidad, pero aún no se ha implementado un sistema de atención preferencial para los adultos mayores y los más perjudicados son los ancianos más vulnerables (pacientes postrados y/o con discapacidad física o mental). También, se menciona la solidaridad intergeneracional y se tiene que recurrir a un recurso legal ante el Tribunal Constitucional para que los planes de Isapre no perjudiquen a los adultos mayores. Por otro lado, se menciona la necesidad de incentivar la formación de recursos humanos en el área, sin embargo, no se ha establecido ningún programa formativo ministerial y sólo se mantienen los programas de especialización de 3 universidades (Universidad Católica, U. de Chile y U. Mayor). Tampoco se ha planteado la necesidad de implementar sistemas de atención específica para el adulto mayor dentro de la red de salud pública (no se habla de servicios de geriatría en hospitales públicos, ni de otros niveles asistenciales dirigidos a los adultos mayores”.

Para el Dr. Víctor Carrasco Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Clínico Universidad de Chile, “la ausencia de un sistema de salud adecuado a sus múltiples dolencias, la prevención de la discapacidad o su tratamiento oportuno, la carencia de cuidados continuados, la falta de atención hospitalaria especializada, la ausencia de una red socio-sanitaria que resuelva problemas de salud y particularmente problemas sociales vinculados a la discapacidad física y mental, son otros de las deudas que arrastra el área salud.

Santiago y otras grandes ciudades del país tampoco han sido generosas con los adultos mayores. Aunque hay avances, aún persistentes graves deficiencias: veredas en mal estado, barreras arquitectónicas, escasez de espacios públicos, transporte público. Según el Dr. Molina “Santiago no se ve como una ciudad amigable para nuestros adultos mayores. Hay todavía dificultad para do de acceso a instancias culturales, de salud y de servicios. A su juicio, es fundamental "que se piense en hacer ciudades para la gente, no para los autos", lo que implica dar espacios para que haya aceras planas, sin hoyos, y con semáforos con tiempos más largos”, explica. Otro punto importante es la seguridad en los barrios. Los adultos mayores lamentablemente son blanco predilecto de ladrones que se aprovechan de su capacidad física.



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Una Revisión Crítica de Tres Dimensiones de Concesiones en Salud: Riesgo, Calidad y Efectos Fiscales



Una Revisión Crítica de Tres Dimensiones de Concesiones en Salud: Riesgo, Calidad y Efectos Fiscales


Autor: Dra. Vivienne Bachelet Norelli.
Filiación: Médico Cirujano, Grupo de Trabajo en Salud, Salud Un Derecho.
Resumen

El artículo describe las razones que han llevado a gobiernos a adoptar políticas de concesiones sociales y los efectos que estas políticas han tenido especialmente sobre tres dimensiones clave: riesgo, calidad de la atención y efectos macroeconómicos o fiscales.
La revisión de la literatura internacional existente sobre la materia, que ya de por sí es escasa en cuanto a evaluación de resultados, indica que adoptar una estrategia de privatización o de P3 para la reposición y ampliación de la red sanitaria es controvertida. No se halló evidencia de que este camino logre efectivamente aumentar la capacidad de los sistemas de salud, y más bien se produce una onerosa carga fiscal debido a los pagos a las empresas concesionarias y que los servicios de salud deben cubrir efectuando recortes de prestaciones de servicios.

Palabras claves: Privatización, concesión social, concesión blanda, concesiones hospitalarias, alianza público-privado, riesgo, calidad de atención, sistemas de salud, infraestructura sanitaria, NPM, New Public Management, PFI, Private Finance Initiative, VFM, Value for Money.

*Agradecimientos especiales para el Dr. Miguel Araujo, quien colaboró en la búsqueda sistemática de la literatura; y a Matías Goyenechea, quien ayudó en la sistematización de la bibliografía.
Introducción
Paradigmas concesionarios

Descripciones sobre las motivaciones para introducir políticas privatizadoras desde el Estado hay muchas. Blanken describe en su tesis doctoral que una de las principales motivaciones para proceder con políticas de concesiones blandas o sociales estaría relacionada con una visión política basada en los principios del New Public Management (NPM), que explícitamente propone la privatización de todo lo que no sea el giro central del Estado, o bien, todo aquello que pueda ser efectivamente llevado a cabo por privados en lugar del Estado.

En otras palabras, esta visión o paradigma se funda en introducir lógicas de mercado en la provisión de servicios públicos o de obras públicas. Está muy estrechamente ligado al enfoque neoliberal en economía, que busca liberar al mercado de cualquier tipo de intervención de gobierno o estatal que pueda cercenar las posibilidades de crecimiento de la economía basada en el mercado como principal asignador de recursos.

El concepto de “privatización” dice relación con la creencia establecida a nivel de partidarios del NPM que a medida que el Estado se achica, se amplía la esfera de acción de los privados, o la profundidad y alcance del mercado como asignador “eficiente” de recursos.

Gobiernos de derecha del Reino Unido, Australia, España, y ahora Chile, entre otros, han operado sobre el supuesto de que la inversión en infraestructura y mantención debe ser privada y no pública y que eso determina las posibilidades de crecimiento de la economía. Las concesiones en salud son la materialización de este enfoque neoliberal en el ámbito de la salud. Su mayor expresión se aprecia en la política de introducir gobiernos corporativos en la administración de hospitales en el Reino Unido, y que ahora David Cameron, actual primer ministro conservador, plantea radicalizar aún más. Esta aproximación a la gestión hospitalaria que jibariza la red de salud, también ha tenido eco en el Instituto Libertad y Desarrollo, una de las principales entidades asesoras del actual gobierno chileno (LyD, 2008, 2007; Caviedes, 2009 y Castro, 2008).

Otras motivaciones para impulsar una política profunda de concesiones sociales obedece a razones de tipo macroeconómico o fiscal. Gobiernos como el del Reino Unido utilizaron las iniciativas como el PFI (Private Finance Initiative) como una manera de traspasar la deuda que representan las inversiones de gran envergadura como reposición hospitalaria, construcción de nuevos establecimientos o colegios, y operación de los mismos, de las cuentas fiscales a deuda de privados. Los esquemas de contabilidad fiscal de países que recurrieron a este método permitían ocultar la inversión privada que debe ser pagada por el Estado como si en efecto no fuera deuda fiscal. Otra motivación de índole fiscal está dada por el hecho que los pagos que el Estado debe efectuar al concesionario recién se materializan tras al menos 4 años desde que se toma la decisión de la inversión, por lo que el impacto en las asignaciones presupuestarias no son inmediatos, si no que dilatados.

Una razón frecuentemente aducida para proceder con concesiones hospitalarias es la brecha en la infraestructura y la necesidad de reposición y mantenimiento de los establecimientos. Tradicionalmente, los gobiernos no incorporan en líneas en los presupuestos para la operación y mantención de aquellas obras físicas que construyen, especialmente en materia de hospitales y escuelas, por lo que se va produciendo un deterioro de estos establecimientos que, según la visión basada en NPM, se previene al privatizar la gestión de estos activos.

Indudablemente que tras las decisiones de los gobiernos también están los intereses de los privados, de las empresas que pudiesen resultar beneficiadas con el acceso a contratos de envergadura, alcance y lapso de significación, por lo que les resulta atractivo. En este ámbito se encuentran empresas nacionales y transnacionales que se dedican a la construcción y/o a la operación hospitalaria, tales como OHL (española), Skanska (sueca) y SalfaCorp y Besalco (chilenas), así como los intereses organizados gremiales representados en asociaciones como la Cámara Chilena de la Construcción.

Independiente de las concesiones hospitalarias, también hay aun mayores grados de posibilidad de profundización de las lógicas de mercado en el ámbito de la salud, tales como subsidio portable, bono automático AUGE, modificaciones legales como permitir que FONASA compre más servicios a privados de lo que puede en la actualidad, externalización de servicios industriales y de apoyo clínico a privados desde hospitales públicos no concesionados, entre otros.

En un artículo del año 2007 Young señala varias razones para impulsar una política de externalización de servicios en salud, entre las cuales dos son importantes de mencionar en el marco de este artículo ya que parecen también estar presente en la agenda privatizadora del nuevo gobierno entrante en Chile. La primera es la instalación del concepto de mayor flexibilidad laboral. La segunda es la búsqueda de fórmulas para superar o circunvalar problemas de relaciones laborales entre el Estado y los gremios de la salud, siendo una parte importante del problema la gravitación que los sindicatos tienen o potencialmente puedan llegar a tener (Young, 2007). Claramente la externalización a privados de servicios industriales, de apoyo clínico o clínicos, permite fraccionar o derechamente erradicar las organizaciones sindicales o gremiales que representan a los trabajadores del área de la salud.

Estos dos elementos presentados por Young son esenciales a la hora de comprender los efectos de una política NPM o “pro-mercado” en el contexto del contrato social que un país como Chile busca instalar, conllevando efectos sobre el grado de inclusividad o de armonía social. Siendo el sector salud de tamaño importante en la economía nacional, se entiende que cambios en la situación laboral o de sindicalización de los que en él laboran tendrán efectos sistémicos sobre la acumulación de poder social, político y económico del lado de la gerencia versus el lado de los trabajadores; dicho en otras palabras, se afectaría aún más el precario contrato social de nuestro país.
Modelos de concesionamiento

Si bien existe una plétora de diferentes formas de externalizar desde el Estado el diseño, la construcción, el financiamiento, la mantención y la operación de infraestructura social como colegios, cárceles y hospitales, en el caso de las concesiones en salud se pueden identificar básicamente dos modelos principales: sin gestión clínica, es decir llegando hasta los servicios industriales; y con gestión clínica, que incluye tanto los servicios clínicos de apoyo y la gestión asistencial propiamente tal (gestión clínica de médicos y gestión del cuidado de enfermería).

El modelo que no incluye gestión clínica se ha dado con mucha profundidad en el Reino Unido, país en el cual se han construido con esta modalidad 101 hospitales desde 1997 (Liebe, 2009). Lo interesante de este caso es que Inglaterra tiene un seguimiento publicado de 11 años, por lo que se constituye en el único caso del mundo en que se puede llegar a conclusiones acerca del desempeño operacional de los hospitales asignados a PFI. Todos los demás países tienen pocos establecimientos concesionados, por lo que básicamente se reduce a casuística; más aun, su seguimiento operacional no supera, en el mejor de los casos, los dos años y no existen estudios al respecto.

El modelo de concesionamiento con gestión clínica se ha aplicado en países como Australia (Blanken, 2008; Young, 2007) y España (Ginés, 2005; Campoy Domenea, 2008). Durante la administración Kennett en Australia se impulsó con decisión el paradigma NPM en salud recurriendo a concesiones y alianzas público-privadas para reducir las listas de espera. Sin embargo, en 2001, con el advenimiento de la administración Bracks se introdujeron límites claros para la concesión de hospitales, obligando a demostrar el VFM (Value for Money) de los proyectos, así como a efectuar comparación de costos con construcción sectorial (PSC, Public Sector Comparator), además de establecer restricción a la externalización de la gestión clínica, permitiendo que el concesionario sólo llegara hasta la provisión de servicios industriales de apoyo, en línea con el modelo del Reino Unido.
Mecanismos de pago

Los mecanismos de pago se diferencian en dos grandes categorías: pago per cápita, y pago por disponibilidad.

El modelo valenciano (Alzira) se basa en que el concesionario obtiene su renta por población asignada, por pacientes atendidos, por número de días atendidos y según complejidad del tratamiento; mientras más larga la estancia y más complejo el tratamiento, mayor recaudación. Es una combinación entre el per cápita tradicional y el pago por prestaciones valoradas (Simón, 2009; Ginés, 2005).

En el modelo valenciano los incentivos están puestos en incrementar las prestaciones. Para controlar esto el gobierno español utiliza la metodología de los GRD (Grupos Relacionados de Diagnósticos) para comparar establecimientos entre sí y establecer medianas sobre la cual no debieran existir desviaciones.

Los contratos de los concesionarios en general no son conocidos y no hay estudios acabados sobre esta materia, precisamente porque es muy difícil acceder a esta información. En el Reino Unido los contratos están disponibles desde 2000 cuando se promulga la Ley de Transparencia; sin embargo, en el resto de los países los contratos suelen ser considerados confidenciales y no conocidos.

Cuando existe la per capitación, o la financiación por prestaciones valoradas, se instala el riesgo de selección de pacientes, ya que los ingresos que genera cualquiera de los dos mecanismos es fijo; las complejidades propias de la producción asistencial suelen generar costos adicionales que no son reembolsados por el fisco, lo que genera afectación al modelo de rentabilidad utilizado en los hospitales concesionados. En este caso la derivada natural es hacia el copago por parte de pacientes, la selección de pacientes por riesgo, o el salvataje por el fisco.

El modelo español incluye la gestión clínica y servicios de apoyo clínico sobre el argumento de que es la manera más adecuada de administrar por el concesionario todos los factores generadores de costo y susceptibles de gestión “eficiente” a fin de generar mayores utilidades o preservar los márgenes esperados por el modelo de negocio.
Métodos

Se llevó a cabo una revisión de la literatura internacional hasta julio de 2010. Fuentes consultadas: Medline (-Junio 2010), Lilacs (-Junio 2010), Google Académico y listas de referencias.

Se usaron las siguientes palabras clave: "Public-Private Sector Partnerships"[Mesh]; "Outsourced Services"[Mesh]; "Economics, Hospital"[Mesh]; "Financing, Construction"[Mesh]; "Leasing, Property"[Mesh]; Hospital Concession; Concesión hospitalaria.

El principal criterio de inclusión fue encontrar publicaciones que aportaran alguna forma de evaluación de resultados.
Resultados
Riesgo, efectos fiscales, y calidad de la atención

A continuación se describirán y analizarán tres dimensiones importantes para la correcta evaluación de proyectos de concesión hospitalaria. Si bien existen muchas más dimensiones que deben ser tomadas en cuenta para un balance completo, no es posible en el marco de un trabajo de esta naturaleza ser exhaustivo en la revisión de resultados de esta materia.

Es por esta razón que se ha optado por abordar riesgo, efectos financieros y/o fiscales, y calidad de atención clínico-asistencial, ya que éstas afectan a los principales actores del sistema: oferentes privados, fisco y usuarios.

Sin embargo, es necesario dejar constancia de que es prácticamente imposible separar estas tres dimensiones entre sí, ya que están todas interrelacionadas: los factores conducentes a la exacerbación del riesgo a su vez pueden afectar las rentabilidad del negocio, lo que genera efectos a nivel de la calidad de atención al paciente y divergencias entre expectativas al momento de la puesta en marcha del proyecto versus el resultado real del mismo, lo que conlleva impactos fiscales de suyo gravitantes cuando los servicios de salud o el sistema de financiamiento público de la sanidad debe cubrir los déficit eventuales por estas interrelaciones (Figura 1).
Figura 1. Consecuencialidad de los factores.
Figura 1. Consecuencialidad de los factores.

Riesgo

El Value for Money (VFM, o "valor por el mismo dinero") es una forma empíricamente aplicada en varios países que compara el costo de construcción y operación de un establecimiento hospitalario llevado a cabo por presupuesto sectorial versus otras modalidades, como la concesión. El supuesto es que el sistema de concesiones genera más valor por el mismo dinero cuando el proyecto lo ejecuta una entidad privada, ya que incorporaría más competencia en su gestación, y más eficiencia en su ejecución.

El VFM es obligatorio en varios países. En Inglaterra desde que comenzó el PFI a fines de los noventa, todos los proyectos deben ser sometidos a este análisis. En España fue poco usado pero más recientemente ha pasado a ser obligatorio. En Canadá incluso se ha publicado una metodología específica de cálculo de VFM y de comparación con el costeo sectorial y que a su vez debe ser auditado por entidades externas e independientes. En Chile no se aplica esta metodología, sino que se da por hecho, sin datos duros ni evidencia al respecto, que los proyectos realizados en concesionamiento dan más valor por el mismo dinero.

Las concesiones sociales deben ser entendidas bajo el supuesto de que en general son obras o servicios que se pueden denominar como “too big to fail” (demasiado grandes o importantes para dejarlas caer), término que entró muy en boga el año pasado con la crisis sub-prime y con el salvataje que varios gobiernos fueron obligados a realizar de bancos privados al borde del colapso. Si volvemos al supuesto inicial que motiva la incorporación de una política privatizador o concesionadora, vale decir que se transfiere el riesgo del Estado al privado, el hecho de que estas operaciones sean too big to fail las expone a unos riesgos que no han sido estudiados por la literatura.

En la operación normal del mercado, si un modelo de negocio no funciona o no genera las rentabilidades deseadas o necesarias, la empresa puede quebrar o cierra operaciones. En las concesiones sociales (sistema de transporte público, cárceles, hospitales), la prestación del servicio es monopólica, aun cuando sea privada, y el Estado, por mandato constitucional de un bien público, no puede permitir que éstas fracasen o cesen la prestación de servicios, por lo que la transferencia de riesgo no es tal en la realidad y el Estado termina siendo el pagador de último recurso.

Riesgos hay en todos los proyectos de inversión en la red de salud, ya sean estos por financiamiento sectorial o privado. La prestación de salud es por esencia el sector productivo más rodeado de incertidumbre, tanto en la gestión clínica misma (al lecho del paciente), como en el abordaje poblacional. Los riesgos son de demanda (posibles modificaciones respecto de estimación inicial); de incertidumbre (cambios epidemiológicos, de población cubierta, tecnológicos, de políticas de salud); y financieros (flujos y caja fiscal futuros), entre otros.

Sin embargo, la literatura es coincidente en señalar que hay una mayor concentración de riesgo en los proyectos concesionados, principalmente porque estos son de larga duración: mientras más largo el período de concesión, mayor es el riesgo de que el proyecto quede obsoleto respecto de las necesidades cambiantes del entorno, lo que no necesariamente puede decirse respecto de las concesiones duras; porque los privados pagan tasa de interés más elevadas por los créditos bancarios o emisiones de bonos que los bonos soberanos, particularmente en países de “high investment grade” como el nuestro; aumenta el riesgo al excluirse la gestión clínica de la administración del establecimiento concesionado, lo que implica que el administrador no tiene todas las herramientas para hacer las adecuaciones necesarias con respecto del servicio que tiene que prestar a la comunidad atendida, o porque la eventual escalada de costos en la provisión de salud debe ser absorbida por el servicio público de salud en el caso en que la gestión clínica no esté concesionada; por las rigideces contractuales, las que no están presentes cuando los establecimientos son públicos (aunque pueden existir otros tipos de “rigideces” relacionados con los sistemas nacionales de presupuestación o de control de activos del Estado por parte de entidades como las contralorías); o riesgos relacionados con cálculos errados y fijación de pisos de ocupación y pagos por sobreocupación (Blanken, 2008; Gilbert, 2009; Hellowell, 2009; Hellowell y Pollock, 2009; Liebe, 2009).
Figura 2. Riesgos asociados a concesiones hospitalarias.
Figura 2. Riesgos asociados a concesiones hospitalarias.

En la Figura 2 se muestra de otra manera la multiplicidad de riesgos que pueden existir en el marco de una política de concesiones blandas.

1. Capacidad de proyección de demanda futura. La planificación de activos físicos de la red sanitaria debe ser realizada independientemente de cuál será el modelo de financiamiento que se use para su construcción y mantenimiento y/o operación. Puede ocurrir que un establecimiento concesionado quede corto o redundante con respecto de las necesidades futuras de la población cubierta. Este factor lleva a la necesidad de disponer de mecanismos de flexibilidad táctica y estratégica tanto en diseño como en servicio, lo que prácticamente nunca está presente en estos proyectos (Blanken, 2008).
2. Contratos. La literatura es reiterativa en señalar la importancia de contratos bien hechos y controles establecidos tanto para fiscalizar el cumplimiento de los términos de referencia, como para identificar en el seguimiento alejado si las expectativas y objetivos generales y específicos del proyecto concesionado fueron cumplidos o no. En esta materia existe casi nula literatura. Recién se están intentando elaborar unas metodologías para abordar esta falencia, que es la de asegurar el seguimiento y validación de provisión por privados de servicios normalmente entregados por el Estado (Office of the Auditor General of Ontario, 2008).

La rigidez de los contratos también aumenta el riesgo, ya que impide modificaciones en escala o modularidad, cambios en los modelos de gestión hospitalaria, ajustes en servicios según demanda o articulación profunda de la red sanitaria.
3. El tamaño del mercado de oferentes también es un problema, porque en mercados pequeños con pocos oferentes, se reduce el VFM ya que se limita la competencia en las primeras etapas de licitación.
4. Las concesiones de hospitales siguen la regla del too big to fail. En otras palabras, si el dividendo programado de pagos por el fisco no resulta ser suficiente para solventar el modelo de negocio que supone el contrato, el fisco representado por el servicio de salud del territorio en cuestión deberá renegociar el pago, pagar dividendos adicionales, intervenir el hospital o asumir el desmedro de la calidad de la atención si no dispone de mecanismos eficaces de regulación y fiscalización. La consecuencia es pagos adicionales fiscales no previstos ni incorporados en el presupuesto.
5. El modelo de financiamiento por pagos unitarios fijos a establecimientos individuales con mecanismo de financiamiento diferente del resto de la red de su territorio produce la anulación de economías de escala propias de una mayor ocupación y producción. La consecuencia es ineficiencia sistémica rigidizada por la forma de pago y por contratos inflexibles (inflexibilidad financiera).


Consecuencias financieras y fiscales

Los estudios de seguimiento publicados sobre el caso inglés (Blanken, 2008; Hellowell & Vecchi, 2009; Hellowell & Pollock, 2009; Liebe, 2009) arrojan evidencia y conclusiones acerca del fuerte impacto que ha tenido la política de financiamiento privado de diseño, construcción y operación de infraestructura hospitalaria.

A fin de no superar los límites permitidos de endeudamiento público permitido por las reglas fiscales tanto del Reino Unido (40% PIB) o de la Eurozona (60%), el gobierno optó por este modelo aún cuando el costo para el erario público resultaba ser mayor que si los mismos hospitales se hubiesen construido por métodos tradicionales. Sin embargo, ya existe consenso de que los egresos fiscales para cubrir las cuotas de concesiones constituyen efectivamente un gasto fiscal equivalente a deuda y se debe contabilizar como tal. En otras palabras, no se libera presupuesto ni recursos frescos para invertir en otras actividades u obras. No sólo es deuda, sino que además es un crédito que se paga mucho más caro que por métodos convencionales.

Otro aspecto a considerar cuando se evalúa la política de concesiones hospitalarias es que el crédito que toma el privado ante el banco acarrea una tasa de interés mucho más elevada que cuando es el Estado el que emite deuda. Este costo es luego traspasado al fisco quien debe reembolsar estos mayores costos financieros que necesariamente debe enfrentar la empresa concesionaria, con la consecuencia de un menor VFM para estos proyectos. De hecho, se ha encontrado un costo mayor de entre 1,49 a 2,04 veces mayor que si se hubiese construido por presupuesto sectorial (Cuthbert, 2008).

Los estudios y las auditorías ingleses han demostrado que ha existido una rentabilidad excesiva por parte de las empresas encargadas de gestionar los establecimientos concesionados. Esta rentabilidad excesiva se debe a que las empresas concesionarias renegocian su deuda bajando el costo financiero, a la vez que el Estado sigue pagando el prima inicial pactada en función de un escenario financiero más adverso para el concesionario.

En conclusión, el costo para el fisco está resultando ser excesivamente oneroso y, como ya se dijo, no acompañado de aumento de capacidad del sistema y mejor calidad de atención. También el proceso previo es largo, engorroso y caro, con altos costos transaccionales. Las empresas o consorcios en condiciones de cumplir con todas las exigencias son pocas y han, además, ido disminuyendo con el tiempo, por lo que la competencia se ha visto afectada. A menor competencia, menor VFM.

En el caso del Reino Unido se ha establecido que los servicios de salud no deben gastar más del 10% de ingresos anuales en pago a proyectos hospitalarios concesionados. Como en muchos casos este monto no alcanza, el servicio de salud correspondiente (NHS Trust) se ha visto obligado a efectuar recortes en la provisión de servicios clínicos y atención a pacientes, con el consiguiente deterioro de la calidad de la atención, como se señaló anteriormente. Este contexto podría explicar por qué en el período 2008-2009 sólo entraron en operación 3 establecimientos concesionados, marcando una tendencia importante a la baja con respecto de los 10 años previos.

El caso del Hospital de Brampton es emblemático. Debido a este fiasco, Canadá implementó una política estricta de controles y contracontroles para evitar la toma de decisiones sobre los recursos de todos los ciudadanos sobre supuestos equívocos. Ahora el cálculo del VFM se hace sobre la base de una metodología publicada, con auditorías posteriores de verificación y asignando todos los costos reales a los proyectos P3 (public-private partnership). Esto ha llevado a que menos proyectos se lleven a cabo por concesionamiento (Office of the Auditor General of Ontario, 2008).
Calidad de la atención

Uno de los argumentos a favor de las concesiones hospitalarias es que éstas dejarán una red de establecimientos de alta calidad y plenamente operativa, además de mantener estándares de servicio y de disponibilidad física. Sin embargo, la evidencia internacional más larga de seguimiento en esta materia, el caso del Reino Unido, demuestra que esta expectativa no queda corroborada por el seguimiento alejado (Liebe, 2009). El segundo país con mayor experiencia en concesiones hospitalarias es Australia cuyo desempeño empírico es analizado por Blanken.

Más bien ocurre que el concesionario debe incurrir en lógicas de aumento de productividad y reducción de costos obedeciendo a la forma de gestión propia de los hoteles, en que la ocupación y rotación de camas prevalece por sobre el interés de resolución del cuadro mórbido del paciente. Finalmente, en Inglaterra, después de 13 años se ha llegado a constatar que la capacidad total del sistema de salud se achicó en vez de expandirse, como se esperaba cuando se puso en marcha esta política.

El impacto sobre la deuda de los servicios de salud públicos ha sido tal que ha obligado a recortes presupuestarios relacionados con planificación de programas poblacionales, enajenación de patrimonio fiscal para cubrir el déficit, venta de servicios clínicos a pacientes particulares lo que va en detrimento de la atención del paciente beneficiario del servicio, recortes en la dotación de personal profesional (también observado en los proyectos concesionados de España con más largo seguimiento, como el caso de Alzira), disminución en el número de camas y aumento de rotación de las mismas, desprofesionalización del servicio, entre otros efectos nocivos sobre calidad y acceso.

El principal problema que se identifica en el caso inglés, y que indudablemente también estará presente en los hospitales concesionados de La Florida y Maipú, es que el incentivo está puesto en mantener una alta tasa de ocupación y rotación de camas, con el consiguiente impacto sanitario en períodos de mayor demanda. En tiempos de campaña de invierno, de pandemias o de mayor demanda de acceso, estos hospitales se encuentran habitualmente con ocupación plena, por lo que los pacientes beneficiarios deberán recurrir a otros establecimientos. Esto ya ocurre también en España, observándose que hospitales de Valencia están operando actualmente muy por sobre la demanda proyectada inicialmente; en otras palabras, son hospitales colapsados tal como vemos ocurrir en nuestro sistema púbico en Chile.

Es menester señalar, en todo caso, que el Reino Unido tiene abundante evidencia publicada acerca de esta realidad, tanto estudios académicos ya citados, como por el lado del National Audit Office, equivalente a nuestra Contraloría General de la República. El caso de España, en cambio, al tener menos tiempo de seguimiento operacional, no arrojó resultados para nuestra búsqueda que cumpliese con el criterio de inclusión, en el sentido de tener algún tipo de evaluación de resultados, siendo además el número de hospitales concesionados muy menor en relación al caso del Reino Unido.

En Australia hubo un caso emblemático de concesión, el Hospital Regional de Latrobe, Victoria, de reposición con 257 camas, que comienza su fase operacional en agosto de 1998. El modelo contemplaba gestión clínica, concesión a 20 años, pago por disponibilidad y por servicios clínicos con prestaciones valoradas al 96% del comparador público. El contrato incluía la facultad de intervención de la empresa concesionaria por parte del Estado en caso de grave incumplimiento de servicio (“step-in rights”). En 1999 la empresa concesionaria solicita renegociar el fee acordado por contrato con el servicio de salud dado que el proyecto iba a pérdida operacional con consiguientes recortes de servicios clínicos y deterioro de la calidad de la atención. El contrato fue disuelto en 2000 en medio de litigios y el hospital fue devuelto al sistema público de salud formalmente en 2002 a cambio de que el concesionario no persistiera en su demanda legal contra el Estado por supuesta discriminación en el financiamiento con respecto de otros hospitales públicos de la zona. Algunas de las explicaciones de este fracaso radican en la inflexibilidad financiera del contrato lo que perjudicó los intereses de la empresa, además de errores de ambas partes (proponentes y mandante estatal) en la fase de licitación del proyecto (Blanken, 2008).

Tanto en los casos de hospitales concesionados del Reino Unido (ej: Norfolk & Norwich Hospital), como de España (Hospital de la Ribera), se ha dado una situación recurrente, que es la sobreproducción para generar mayores ingresos por disponibilidad, lo que conlleva riesgos sanitarios como mayor tasa de infecciones nosocomiales, hacinamiento de pacientes y desmedro en la calidad de la hotelería y de la prestación clínica.
Discusión/Conclusiones
Conclusiones de la revisión

* Las concesiones en salud resultan ser onerosas para el fisco y no aumentan la capacidad total del sistema.
* Se afecta la calidad de la atención al paciente como resultado de modelos de negocio e inflexibilidades en negociar el riesgo.
* No está demostrado que las concesiones dan más valor por el dinero.
* La literatura revisada sobre outcomes no recomienda la utilización de P3 en salud.


Recomendaciones para no errar

* Revisar exhaustivamente la experiencia internacional, evitando la ideologización.
* Comprender a cabalidad los modelos de negocio que subyacen a las concesiones blandas.
* Identificar si estos modelos de negocio efectivamente ponen las necesidades del usuario o de la población beneficiaria en el centro del interés.
* Utilizar formas de financiamiento más baratas para el Estado.
* Asegurar un correcto algoritmo en la toma de decisiones públicas, así como la medición de resultados contra expectativas.
* Planificar a largo plazo inversiones en salud, incluyendo gastos operacionales.


Referencias

1. Brampton Civic Hospital Public-private Partnership Project In: Ontario OotAGo, editor. Ontario, 2008.
2. Blanken A. Flexibility against efficiency? An international study on value for money in hospital concessions. University of Twente, 2008.
3. Cuthbert, J. and M. Cuthbert (2008), The Implications of Evidence Released Through Freedom of Information on the Projected returns from the New Royal Infirmary of Edinburgh and Certain Other PFI Schemes.
4. Gilbert E. Failing grade for public-private partnership hospitals. CMAJ 2009;180(4):380.
5. Hellowell M, Vecchi V. The efficiency of private finance in healthcare infrastructure provision: Evidence from the UK National Health Service. 2009.
6. Hellowell M, Pollock A. The Private financing of NHS Hospitals: Politics, Policy and Practice. IEA Economic Affairs 2009.
7. Hsiao CT, Pai JY, Chiu H. The study on the outsourcing of Taiwan's hospitals: a questionnaire survey research. BMC Health Serv Res 2009;9:78.
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12. Pollock AM, Kirkwood G. Independent sector treatment centres: the first independent evaluation, a Scottish case study. J R Soc Med 2009;102(7):278-86.
13. Siddiqi S, Masud TI, Sabri B. Contracting but not without caution: experience with outsourcing of health services in countries of the Eastern Mediterranean Region. Bull World Health Organ 2006;84(11):867-75.
14. Simón C. Evolución y mejores prácticas de la experiencia española en desarrollo de esquemas de APPs con una aplicación al sector de hospitales. 2009.
15. Young S. Outsourcing: two case studies from the Victorian public hospital sector. Aust Health Rev 2007;31(1):140-9.
16. Instituto Libertad y Desarrollo, “Diagnóstico y Remedios para la Crisis Hospitalaria”. Temas Públicos, Nº 894 - 7 de Noviembre de 2008.
17. Instituto Libertad y Desarrollo, “Autogestión de Hospitales: Retrocesos y Metas incumplidas”. Temas Públicos, Nº 806 - 19 de Enero de 2007.
18. Caviedes, R. “Concesiones Sanitarias: Garantizando la Sostenibilidad del Sistema”. Serie Informe Social, Instituto Libertad y Desarrollo, N° 122, Septiembre 2009.
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Medwave. Año X, No. 9, Octubre 2010. Derechos Reservados.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Pueblos indígenas e institucionalidad en Chile

Pueblos indígenas e institucionalidad en Chile

Por Jorge Contesse * | 14 de Septiembre de 2010
Este 15 de septiembre se cumple un año de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, que tras dos décadas de debate reconoció a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos. Entre ellos, el derecho a ser consultados antes de tomar cualquier decisión que los afecte. Pero el mismo día, Mideplan limitó ese deber de consulta. El director del Centro de Derechos Humanos de la UDP explica cómo por decreto se pasó a llevar un convenio internacional y cómo eso puede transformar en un nuevo foco de conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas.

A fines de agosto de 2010, la Contraloría rechazó un decreto del Ministerio de Educación que regulaba el ejercicio de la función docente de los profesores de lengua indígena. ¿La razón? Se había adoptado sin consulta a los pueblos indígenas y, por lo mismo, en contravención a las normas que obligan a los órganos del Estado a llevar adelante las políticas públicas y las medidas que tienen relación con los pueblos indígenas, contenido esencialmente en el Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde septiembre de 2009.

El Convenio 169, que establece una serie de derechos a favor de los pueblos indígenas, fue adoptado a fines de los años ochenta. Es el instrumento internacional vinculante de mayor relevancia producido por la comunidad de naciones, en tanto reconoce que los pueblos indígenas son titulares de derechos colectivos y que los Estados tienen la obligación de respetar y promover esos derechos. La ratificación por parte de Chile del Convenio 169 fue, durante dos décadas, una de las principales demandas que impulsaron los pueblos indígenas y se logró, no sin problemas, en 2008.

Lo primero que hace el Convenio es cambiar el paradigma de entendimiento entre los Estados y los indígenas. Así, reemplaza la noción según la cual los pueblos originarios son nada más personas que viven en situación desmejorada, “los más pobres entre los pobres”, y que por tanto la manera de “ayudarlos” es mediante su integración a la sociedad mayor. El Convenio acoge la idea que son los pueblos, no la suma de personas indígenas, los titulares de los derechos (a ser consultados, a participar políticamente, a administrar los recursos naturales, mantener su cultura, entre otros).En pocas palabras, pasa de una relación paternalista entre el Estado y los indígenas a una que podríamos llamar “democrática”.

El principal botón de muestra de esta nueva manera de relacionarse es el derecho a la consulta previa, consistente en que cada vez que se prevea alguna medida que pueda afectar a un pueblo indígena, se le debe consultar. Y esta consulta se tiene que hacer de buena fe, mediante procedimientos adecuados y a través de las instituciones representativas del pueblo en cuestión. Ello supone un cambio nada menor a la forma como hasta ahora se han implementado las políticas indígenas: desde el centro, según el entendimiento de “expertos” y sin que los afectados tengan real posibilidad de opinar al respecto.

¿Qué ha pasado en nuestro país? El mismo día que entró en vigencia el Convenio, Mideplan publicó un decreto que busca regular las instancias de consulta y participación de los pueblos indígenas. El objetivo es comprensible: se inserta, de un momento a otro, una norma jurídica que nadie conoce muy bien y que obliga a funcionarios públicos a hacer cosas –consultar– que hasta entonces solían no hacer. Por ello, es natural que se quiera detallar la manera como llevar adelante las consultas: ¿a quién preguntar?, ¿por qué medios?, ¿con algún plazo?

Pero ocurre que esta reglamentación vino a confirmar las suspicacias de algunos sectores en torno al real compromiso del Estado de Chile por honrar su palabra internacional. Y es que el decreto de Mideplan lo que hace en rigor es limitar el alcance del Convenio y ponerse en tensión con las obligaciones jurídicas que Chile libre y soberanamente contrajo.

Veamos. Mientras el Convenio señala que la consulta debe hacerse “cada vez” que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas, el decreto limita la consulta a “determinadas medidas”. No sólo eso: se debe consultar con independencia del organismo de la Administración (o el Parlamento) de que se trate. Pero el decreto de Mideplan dispone una lista de órganos específicos que serán responsables de consultar.

Aquí llama la atención que se excluya expresamente de la consulta al órgano que probablemente mayor interacción tiene con las comunidades indígenas: los municipios. Dejar fuera a los gobiernos locales del deber de consultar previamente es una manera nada elegante de deshacer la obligación internacional que tiene Chile.

Y, por último, aunque los ejemplos siguen, el decreto de Mideplan señala, respecto de uno de los temas más sensibles para los pueblos indígenas, que los proyectos de inversión se someterán a los procedimientos de consulta “que se contemplan en las respectivas normativas sectoriales” en circunstancias que esas normativas se caracterizan ¡por no tener procedimientos de consulta! Y entonces Mideplan da la posibilidad para que, si el órgano estatal lo desea, someta de todo modos ese proyecto de inversión a la consulta regulada en su decreto, en cuyo caso ésta “deberá quedar concluid[a] en un plazo máximo de noventa días”. El Convenio no establece plazos, y la experiencia comparada demuestra que las consultas pueden tardar desde un par de meses hasta varios años.

Cuando la ex ministra de Mideplan, Paula Quintana, se sumó al mea culpa de algunos líderes de la Concertación por la aplicación de la ley antiterrorista a dirigentes mapuche, hizo bien. Sin embargo, bajo su competencia no caía este tipo de decisiones, pues ellas son resorte de la Subsecretaría y del Ministerio del Interior, no de Mideplan. Sí es, en cambio, de su entera responsabilidad el haber dictado un decreto que se aparta de las obligaciones del Convenio 169 y que, más importante, será terreno fértil para nuevos focos de conflicto en la ya trizada relación del Estado chileno con los pueblos indígenas.
¿Habrá alguien dispuesto a tomarse estos derechos en serio?

Jorge Contesse es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales