Mujer enrostra a ministro mala atención a su hijo en la Posta Central
04 de Julio de 2010 • 14:07
SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue increpado por una persona esta mañana mientras realizaba una visita a una sede social para explicar detalles sobre las diez nuevas patologías incluidas en el Auge.
En momentos en que las personas podían hacer preguntas al secretario de Estado, una mujer interpeló a Mañalich manifestándole que el pasado viernes concurrió a la Posta Central con su hijo de 22 años, quien sufría dolores abdominales. La mujer, identificada como Jessica Durán, dijo que recibieron malos tratos y que no fueron atendidos debidamente, por lo que el sábado nuevamente fueron al centro asistencial para ver a otro médico. Hoy, desde el centro asistencial le informaron que su hijo fue operado por una peritonitis y le reclamaron por no haber consultado a tiempo.
“El (primer) médico me dijo ‘no, esto no es apendicitis… A lo mejor este cabro se atragantó, se comió unas papitas fritas y se enfermó de la guata’ (…) A mi hijo le dolía el vientre, parte de las piernas, estaba con mucho dolor que no aguantaba”.
Según informó radio Cooperativa, el ministro Mañalich ofreció disculpas a la mujer y anunció un sumario por su caso, reconociendo que hay malos tratos en personal médico de Salud.
COLAPSO DE ATENCIONES
Además, el ministro de Salud dijo que el colapso que se registró la tarde y noche del viernes en la Posta Central se debe al Invierno y la aparición de las enfermedades respiratorias, al colapso del Hospital Félix Bulnes por el terremoto y al paro del personal de la Posta 3, movilización que criticó con dureza.
“Aquí lo que ha ocurrido es bastante triste. Primero, tenemos una baja brusca de temperaturas en la Región Metropolitana y un aumento dramático de las consultas por complicaciones respiratorias. En segundo lugar, tenemos al Hospital Félix Bulnes caído, sin poder tener los niveles de atención que tenemos en años anteriores y en tercer lugar un gesto muy desafortunado de funcionarios de la Posta 3 que en el momento preciso en que parte de los ciudadanos de la región están afectados por esta doble situación”.
El ministro dijo que este tipo de situaciones no serán toleradas durante este gobierno, y que espera que los problemas de colapso en atenciones en el sistema público de salud se solucione con la entrega del bono Auge a partir de octubre, el cual permitirá a quienes no reciban atención poder acudir por atención al sistema privado.
MUERTE DE TRILLIZOS
Mañalich también se refirió a la denuncia de una madre quien perdió a sus trillizos de 22 semanas de gestación, y que culpa a la mala atención que recibió en el Hospital San Borja Arriarán luego de que concurriera de urgencia por problemas de sangramiento.
Ella y su familia dijeron que tardaron horas en atenderla y que una enfermera les habría dicho que tenían otros pacientes prioritarios. La familia fue apoyada por parlamentarios tras conocerse el caso.
El ministro, abordado por el caso, señaló que el caso se debió a un aborto espontáneo. “Es una paciente que, teniendo un embarazo de trillizos, tuvo un aborto espontáneo (…) producto de ese aborto espontáneo tuvo tres productos de la concepción que pesaron 400 gramos. Esos niños, ni aquí ni en ninguna parte del planeta y con ningún recurso humano habrían sobrevivido. Esto no es una negligencia médica, es una acusación irresponsable".
domingo, 11 de julio de 2010
Ministro De Salud Visita En La Madrugada Posta Central Que Se Atochó Por Paro En Otro Centro
Ministro De Salud Visita En La Madrugada Posta Central Que Se Atochó Por Paro En Otro Centro
03/Julio/2010 - 14:35
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó en la madrugada de este sábado la Posta Central, la cual tuvo un excesiva demanda de atención debido a que en la Posta 3, ubicada en Quinta Normal, hubo un paro por parte de los funcionarios, lo cual obligó a que las personas que habían concurrido a esta última tuvieran que dirigirse al centro de Urgencia de calle Portugal.
El ministro Mañalich, en conversación con Radio Biobío, expresó que en la noche fue informado de una sobre demanda importante en la Posta Central, donde hubo unas 25 personas graves que tuvieron que esperar horas para que fueran atendidas, muchas de ellas tuvieron que ser derivadas al Hospital Metropolitano.
El secretario de Estado se dirigió posteriormente a la Posta 3, al lado del Hospital San Juan de Dios, cerca de Matucana, donde pudo percatarse que la Urgencia estaba tomada por funcionarios y no había atención de público.
Me informé que los funcionarios de la Posta 3 habían tenido una conversación con la directora del hospital y no habían llegado a acuerdo, y decidieron bloquear el acceso de los pacientes a la Posta, y eso significaba que la Posta Central además de su sobre demanda normal por el frío de los últimos días, estaba recibiendo esa cantidad de pacientes graves desde el área más al poniente de Santiago, expresó el ministro.
El ministro agregó que los trabajadores realizan movilizaciones premeditadamente en invierno para producir un daño tremendo.
La ley dice que esa huelga es ilegal, porque los funcionarios de la salud pública no pueden declararse en huelga y menos tomar un servicio y no dejar que los ciudadanos se atiendan; además es inconstitucional, de manera que van a haber sumario y un cese en las remuneraciones durante el período en que no se trabaje, y estamos analizando eventualmente hacer una denuncia en la justicia si es que producto de esta situación ha habido pacientes que hayan sufrido daños, puntualizó Mañalich.
upi/hc/cf
03/Julio/2010 - 14:35
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, visitó en la madrugada de este sábado la Posta Central, la cual tuvo un excesiva demanda de atención debido a que en la Posta 3, ubicada en Quinta Normal, hubo un paro por parte de los funcionarios, lo cual obligó a que las personas que habían concurrido a esta última tuvieran que dirigirse al centro de Urgencia de calle Portugal.
El ministro Mañalich, en conversación con Radio Biobío, expresó que en la noche fue informado de una sobre demanda importante en la Posta Central, donde hubo unas 25 personas graves que tuvieron que esperar horas para que fueran atendidas, muchas de ellas tuvieron que ser derivadas al Hospital Metropolitano.
El secretario de Estado se dirigió posteriormente a la Posta 3, al lado del Hospital San Juan de Dios, cerca de Matucana, donde pudo percatarse que la Urgencia estaba tomada por funcionarios y no había atención de público.
Me informé que los funcionarios de la Posta 3 habían tenido una conversación con la directora del hospital y no habían llegado a acuerdo, y decidieron bloquear el acceso de los pacientes a la Posta, y eso significaba que la Posta Central además de su sobre demanda normal por el frío de los últimos días, estaba recibiendo esa cantidad de pacientes graves desde el área más al poniente de Santiago, expresó el ministro.
El ministro agregó que los trabajadores realizan movilizaciones premeditadamente en invierno para producir un daño tremendo.
La ley dice que esa huelga es ilegal, porque los funcionarios de la salud pública no pueden declararse en huelga y menos tomar un servicio y no dejar que los ciudadanos se atiendan; además es inconstitucional, de manera que van a haber sumario y un cese en las remuneraciones durante el período en que no se trabaje, y estamos analizando eventualmente hacer una denuncia en la justicia si es que producto de esta situación ha habido pacientes que hayan sufrido daños, puntualizó Mañalich.
upi/hc/cf
Reestructuran Posta Central ante colapso en atención de pacientes
Reestructuran Posta Central ante colapso en atención de pacientes
Minisitro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se habilitará un centro de salud primario para pacientes menos graves y se aumentará la cantidad de personal. El fin de semana se denunció que un enfermo habría sido abusado.
POR ORIANA FERNÁNDEZ Y ANDRÉS LÓPEZ
El caso de un hombre abusado por otro dentro del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) y la postergación de una cirugía urgente a un joven enfermo, en ese mismo centro, encendieron las alertas en el gobierno sobre la crítica situación de ese recinto asistencial, situado en el centro de Santiago. Debido a ello, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el aumento de personal, la derivación de pacientes a otros servicios y la creación de una unidad adicional de atención primaria, donde se podrán atender casos ambulatorios menos graves, con el objetivo de agilizar la gestión de ese sitio.
El secretario de Estado señaló que "la Posta Central se vio sobrepasada, lo que lleva a dos cosas: tremendas esperas y, en segundo lugar, nuestros funcionarios empiezan a tratar mal". Explicó que la situación de la Asistencia Pública se dio debido a que pacientes acudieron a ese lugar por la paralización de la Posta 3 del Hospital San Juan de Dios y a la ausencia del Hospital Félix Bulnes, el que no está en funcionamiento a causa de los daños que sufrió en el terremoto. Además, se han producido bajas temperaturas, lo que gatilla un fuerte aumento en las consultas respiratorias.
El Servicio de Salud Metropolitano Central estima que el 40% de las consultas en la Posta les correspondería a otros servicios, pero lo absorbe ese recinto. En total, se estima que habrían acudido unas 400 personas cada día, lo que implica una demanda mayor a lo que efectivamente se puede atender. Lo normal es que las consultas lleguen a 300 pacientes por jornada.
Mañalich aseguró que ahora se reforzarán los turnos con un médico, dos enfermeras y dos auxiliares extra. El director del Servicio Metropolitano Central, Carlos Soto, agregó que aún no tienen claro qué montos habrá comprometidos para el centro de atención primaria, pero que podría habilitarse dentro de las dependencias del propio recinto con el fin de "filtrar" a los enfermos. La idea es que esa unidad cuente con equipos de imágenes para determinar el mal que padece cada persona y así derivarla.
"Ahora todos consultan en el mismo lugar y toda la congestión se da en el mismo recinto hospitalario", dijo el directivo.
Casos
Hoy podría ser formalizado por el Ministerio Público, José Castro (45), quien estaba internado en la misma Posta Central y que fue visto por pacientes y por personal de salud abusando de otro enfermo (de 65 años) en una de las habitaciones, en la madrugada del sábado. El director del Servicio de Salud dijo que se abrirá un sumario para investigar las posibles responsabilidades que tendrían funcionarios del establecimiento.
Mientras, ayer, Jessica Durán emplazó públicamente al ministro de Salud a responder por la eventual atención retrasada de su hijo de 22 años en ese mismo recinto el viernes pasado. "El médico no me hizo caso y dijo que él era el especialista. Me dijo que fuera con mi hijo a la casa. Un día después, cuando estaba grave, en el mismo lugar se decidió que lo iban a operar de apendicitis", dijo. Por ese mismo caso también se abrirá sumario por el supuesto atraso en la cirugía.
Preocupación por fallo del TC
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que ante el inminente fallo del Tribunal Constitucional (TC), están "extraordinariamente preocupados". Ello, debido a que el tribunal podría eliminar la tabla de factores de riesgo, es decir, el sistema mediante el cual las isapres calculan el precio del plan según el sexo y la edad del beneficiario.
"Elaboramos una propuesta de ley que nivela y compensa la tabla de factores con un subsidio interno y disminuye las diferencias entre hombres y mujeres. Nos hemos inhibido de enviar esa información, pues aún no conocemos los alcances del fallo", dijo Mañalich.
El ministro agregó que "terminar con el único artículo que regula el precio significa, en la práctica, volver a la situación en que cada isapre, frente a un beneficiario, define el precio que quiere". Agregó que, a su juicio, "si el artículo 38 Ter se termina, se elimina el único mecanismo para fijar el precio".
Minisitro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que se habilitará un centro de salud primario para pacientes menos graves y se aumentará la cantidad de personal. El fin de semana se denunció que un enfermo habría sido abusado.
POR ORIANA FERNÁNDEZ Y ANDRÉS LÓPEZ
El caso de un hombre abusado por otro dentro del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) y la postergación de una cirugía urgente a un joven enfermo, en ese mismo centro, encendieron las alertas en el gobierno sobre la crítica situación de ese recinto asistencial, situado en el centro de Santiago. Debido a ello, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el aumento de personal, la derivación de pacientes a otros servicios y la creación de una unidad adicional de atención primaria, donde se podrán atender casos ambulatorios menos graves, con el objetivo de agilizar la gestión de ese sitio.
El secretario de Estado señaló que "la Posta Central se vio sobrepasada, lo que lleva a dos cosas: tremendas esperas y, en segundo lugar, nuestros funcionarios empiezan a tratar mal". Explicó que la situación de la Asistencia Pública se dio debido a que pacientes acudieron a ese lugar por la paralización de la Posta 3 del Hospital San Juan de Dios y a la ausencia del Hospital Félix Bulnes, el que no está en funcionamiento a causa de los daños que sufrió en el terremoto. Además, se han producido bajas temperaturas, lo que gatilla un fuerte aumento en las consultas respiratorias.
El Servicio de Salud Metropolitano Central estima que el 40% de las consultas en la Posta les correspondería a otros servicios, pero lo absorbe ese recinto. En total, se estima que habrían acudido unas 400 personas cada día, lo que implica una demanda mayor a lo que efectivamente se puede atender. Lo normal es que las consultas lleguen a 300 pacientes por jornada.
Mañalich aseguró que ahora se reforzarán los turnos con un médico, dos enfermeras y dos auxiliares extra. El director del Servicio Metropolitano Central, Carlos Soto, agregó que aún no tienen claro qué montos habrá comprometidos para el centro de atención primaria, pero que podría habilitarse dentro de las dependencias del propio recinto con el fin de "filtrar" a los enfermos. La idea es que esa unidad cuente con equipos de imágenes para determinar el mal que padece cada persona y así derivarla.
"Ahora todos consultan en el mismo lugar y toda la congestión se da en el mismo recinto hospitalario", dijo el directivo.
Casos
Hoy podría ser formalizado por el Ministerio Público, José Castro (45), quien estaba internado en la misma Posta Central y que fue visto por pacientes y por personal de salud abusando de otro enfermo (de 65 años) en una de las habitaciones, en la madrugada del sábado. El director del Servicio de Salud dijo que se abrirá un sumario para investigar las posibles responsabilidades que tendrían funcionarios del establecimiento.
Mientras, ayer, Jessica Durán emplazó públicamente al ministro de Salud a responder por la eventual atención retrasada de su hijo de 22 años en ese mismo recinto el viernes pasado. "El médico no me hizo caso y dijo que él era el especialista. Me dijo que fuera con mi hijo a la casa. Un día después, cuando estaba grave, en el mismo lugar se decidió que lo iban a operar de apendicitis", dijo. Por ese mismo caso también se abrirá sumario por el supuesto atraso en la cirugía.
Preocupación por fallo del TC
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que ante el inminente fallo del Tribunal Constitucional (TC), están "extraordinariamente preocupados". Ello, debido a que el tribunal podría eliminar la tabla de factores de riesgo, es decir, el sistema mediante el cual las isapres calculan el precio del plan según el sexo y la edad del beneficiario.
"Elaboramos una propuesta de ley que nivela y compensa la tabla de factores con un subsidio interno y disminuye las diferencias entre hombres y mujeres. Nos hemos inhibido de enviar esa información, pues aún no conocemos los alcances del fallo", dijo Mañalich.
El ministro agregó que "terminar con el único artículo que regula el precio significa, en la práctica, volver a la situación en que cada isapre, frente a un beneficiario, define el precio que quiere". Agregó que, a su juicio, "si el artículo 38 Ter se termina, se elimina el único mecanismo para fijar el precio".
Aspectos éticos de la Gestión de Riesgos en Instituciones SocioSanitarias
Aspectos éticos de la Gestión de Riesgos
en Instituciones SocioSanitarias
Maite Pérez Echarri
Médico. Directora Residencia Beloso Alto (Pamplona)
INTRODUCCIÓN
Desde el significativo impacto que tuvo la publicación en 1999 del informe “To Err is Human: building a saber health system” por el Institute of Medicine (IMO) en Estados Unidos, la seguridad del paciente se ha convertido en una cuestión prioritaria en muchos países.
El tema no era nuevo. Ya a finales del siglo XIX, Richard Cabot, médico de Harvard, publicó dos informes en relación a los problemas del sistema sanitario que llevaban a errores médicos. El mensaje de Cabot fue reformar, no culpar. Y desde el final de la Segunda Guerra mundial y más desde finales de los años 70, los medios de comunicación norteamericanos se iban haciendo eco periódicamente de este asunto. Pero las revelaciones de este informe, la muerte de entre 44.000 y 98.000 estadounidenses al año en relación a errores médicos, desencadenaron importantes iniciativas gubernamentales y privadas en Estados Unidos destinadas a trabajar en este tema.
El impacto del Informe ha llegado a muchos otros países aunque bien es cierto que en algunos de ellos ya se había trabajado previamente en este tema. Entre los años 1984 y 2001 se han desarrollado varios estudios en países como Nueva Zelanda (1988), Dinamarca (1988), Australia (1992), Reino Unido (1999 - 2000) y Canadá (2001) que presentan como conclusiones:
- Que la ausencia de seguridad en los servicios sanitarios es producto de errores humanos y fallos en el sistema de las organizaciones. Durante muchos años se consideró que la ocurrencia de efectos adversos era debida exclusivamente a errores humanos.
- Que a los daños físicos y morales ocasionados por los efectos adversos hay que añadir las repercusiones de tipo económico. Los estudios realizados en los países antes mencionados han demostrado que las hospitalizaciones adicionales, las demandas judiciales o gastos médicos constituyen en algunos de esos países un costo anual de 6.000 y 29.000 millones de dólares americanos.
ASPECTOS ÉTICOS
El punto de referencia del abordaje de las cuestiones éticas de la gestión de riesgos lo marca el Hastings Center en el año 2003 con su informe “Promoting Patient safety: An ethical basis for Policy Deliberation”. Este informe realiza una reflexión ética de las obligaciones morales que subyacen en la cultura de la seguridad. Desde aquí analizaremos estos aspectos éticos.
La mayor parte de los riesgos a los que están sometidas las personas que son atendidas en instituciones socio-sanitarias no dependen de la actuación de los profesionales y si de la complejidad de la institución. Es decir las normas y las motivaciones morales de los profesionales tienen un papel mínimo en el cambio hacia una cultura de seguridad en la atención.
El alcance del cambio propuesto requiere un sistema uniforme de responsabilidades, donde las instituciones socio-sanitarias, más que los profesionales, son el blanco más apropiado para mejorar. El papel de la ética en la gestión de riesgos va más allá de la virtud individual y la motivación profesional. Está situado en la Ética de las Instituciones Sanitarias.
El valor moral en relación a la seguridad deriva de dos principios éticos: No Maleficencia y Beneficencia. “Favorecer o al menos no perjudicar” remontándonos a la época hipocrática, son dos obligaciones morales distintas. La obligación imperativa era la de favorecer (Beneficencia). El no perjudicar (No Maleficencia) era una obligación cuando el favorecer no era posible. En la modernidad, a partir del S. XVII con el “Primum non nocere”, estas obligaciones se entienden al contrario. La obligación primaria, el imperativo ético superior es el de no perjudicar (No Maleficencia) . El favorecer (Beneficencia) no puede hacerse sin el consentimiento de las personas (Autonomía)
Ambas tradiciones mantienen una interpretación no absoluta de estas obligaciones, sino una interpretación proporcionada: Si bien entendiendo en nuestros tiempos que siendo la No Maleficencia un principio de mayor nivel moral, para hacer una excepción a éste, es necesaria una razón proporcional más elevada que con respecto a la Beneficencia.
Así el informe antes citado del Hasting Center, nos señala la No Maleficencia como obligación negativa de no hacer daño y la Beneficencia como obligación positiva de prevenir y reparar el daño si acontece. Se recogerían de este modo los efectos adversos que se produjesen. Del lado de la Beneficencia estarían los errores de omisión de actos indicados y del lado de la No Maleficencia, los errores de comisión de actos contraindicados.
Pero también tenemos que tener en cuenta que la relación con las personas atendidas en las instituciones socio-sanitarias está basada fundamentalmente en la confianza. Confianza en que se van a promover sus intereses de salud, en que van a ser ayudadas y por supuesto en que no van a recibir daño. Y no de personas dependientes en general, sino de personas dependientes en concreto, en singular.
Este es el principal objetivo desde el punto de vista ético en la gestión de riesgos:
La persona dependiente es el centro de la acción.
Este es el eje alrededor del que se articulan entonces los cuatro principios éticos, no solo el de No Maleficencia y el de Beneficencia, sino también el de Justicia y Autonomía.
Así pues, siendo que las obligaciones morales en seguridad de la persona dependiente derivan del principio de No Maleficencia en tanto en cuanto tiene derecho a no ser dañada, también es cierto que desde esta perspectiva es obligado por Justicia invertir recursos en evitarlos puesto que su ocurrencia supone un alto coste.
Desde el principio de Beneficencia la persona tienen derecho a ser ayudada pero respetando su Autonomía. Si se produjese un daño, la persona tendría derecho a que éste sea reparado y a ser informada de lo ocurrido.
Desde las instituciones socio-sanitarias puede ocurrir que la mayor parte de los efectos adversos que se produzcan no tengan consecuencias graves la mayoría de las veces. Se podría pensar que la inversión económica entonces no sería rentable desde un punto de vista puramente utilitarista. Es decir, si la gestión de riesgos se plantease únicamente como el máximo beneficio para el mayor número de personas dependientes atendidas. Este criterio de maximización del bienestar tiene como problema que la persona en concreto, en singular, no siempre sale beneficiada.
Por otro lado se podría plantear la gestión de riesgos como el modo de disminuir las demandas y el desprestigio asociado a las instituciones socio-sanitarias y de sus profesionales. Este objetivo muchas veces puede verse como prioritario y desplazar del centro de acción a la persona dependiente. Por eso con frecuencia este objetivo ha sido utilizado precisamente en contra de la puesta en marcha de un sistema de gestión de riesgos. Por que el desvelar los posibles efectos adversos y riesgos se interpreta únicamente como fuente de problemas para los profesionales y la institución.
Esto ocurre por que tradicionalmente los efectos adversos han sido tenidos en cuenta sólo cuando ya han sucedido, es decir retrospectivamente. Además únicamente se han tenido en cuenta los más graves y no aquellos de menos gravedad aunque ocurran muy frecuentemente. Partiendo de la premisa de que el profesional competente no puede cometer errores y desde la perspectiva individual culpabilizadora, se castiga al que se equivoca con la creencia que así se cometerán menos errores. Por tanto el profesional es abandonado por los demás profesionales y por la institución, enfrentándose solo al problema. El profesional pasa a ser la segunda víctima Es fácil entender que se de el secretismo, la vergüenza, la ocultación y las prácticas defensivas.
El objetivo es entonces la creación de una cultura de seguridad que prevenga el error de manera prospectiva. De modo que se gestionen los riesgos antes de la ocurrencia del error. Según la Declaración de Luxemburgo de 5 abril de 2005, “una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y sucesos adversos en contraposición a la culpa, el reproche y el correspondiente castigo”. Estos incidentes o sucesos adversos no se aprecian como causa directa y exclusiva del error humano. Son vistos como el efecto de una causalidad compleja. Además aunque la mayoría de los errores que se producen no causan daño, si tienen el potencial de revelar riesgos latentes en un sistema complejo como son las instituciones socio-sanitarias.
Desde el punto de vista ético una cultura sin culpa no significa sin responsabilidad. Uno de los desafíos éticos más importantes es que para mejorar la seguridad de la persona dependiente es necesario el compromiso individual de los profesionales y el de las instituciones. Negar la responsabilidad individual y atribuirla únicamente a la institución supone admitir una falsa inmunidad moral de los profesionales.
Para el profesional, la responsabilidad prospectiva supone la obligación en primer lugar de un cuidado que garantice mediante una práctica asistencial de calidad, la protección de la persona que atiende. Es responsable también si ocurriese un daño, de la información del mismo a la institución para que esta contribuya a reparar el daño y ponga en marcha medidas que eviten que vuelva a ocurrir. De manera retrospectiva el profesional está obligado a la información del daño a la persona a su cargo, en virtud al respeto de su derecho a saber lo ocurrido. Debe asumir su parte de responsabilidad en la ocurrencia de este daño y repararlo no sólo desde el punto de vista físico sin también desde el punto de vista moral.
Las instituciones, prospectivamente, tienen la obligación de realizar una inversión adecuada de recursos en la creación de una cultura de seguridad. Recursos humanos fundamentalmente que aseguren un correcto desarrollo de los procesos asistenciales, sin olvidar las inversiones en la mejora de las estructuras e instalaciones. De manera retrospectiva, si ocurriese un daño, la cultura de seguridad supone para las instituciones un correcto y buen manejo de la información. Esta será transparente y estandarizada, evitando la figura del “soplón”. Será utilizada no solo para la reparación del daño a la persona dependiente si no también para prestar apoyo moral a los profesionales. Y por supuesto para poner en marcha espacios y procesos deliberativos donde se analice el riesgo y se realicen propuestas más seguras, con la participación de todas las personas implicadas.
Los riesgos no pueden ser eliminados. Podemos sin embargo reducirlos, aprender de ellos y mejorar la manera en que los manejamos y tratamos, reforzando así la relación de confianza con la persona dependiente a la que atendemos en nuestras instituciones socio-sanitarias.
Si la persona dependiente es el centro de la acción y del cuidado, también tiene que formar parte de este proceso. Tiene que tener un papel activo junto a los profesionales y las instituciones para crear una cultura de seguridad.
CONFLICTOS ÉTICOS Y RIESGO EN INSTITUCIONES SOCIOSANITARIAS
Es indudable que ser una persona dependiente que vive en una institución socio-sanitaria es en si misma una situación de riesgo.
Tanto el diseño arquitectónico como la propia estructura organizativa junto con el organigrama y la plantilla configuran un espacio vital de especiales características al que esta persona debe adaptarse. Esta adaptación se va a realizar con mayor o menor seguridad en relación a su situación de dependencia y a su entorno familiar y social.
Del propio ingreso en la institución se deriva ya un riesgo. Si este no se realiza conforme a los procedimientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y respetando al máximo la autonomía de las personas, aún en el caso de personas con una capacidad reducida, existe el riesgo de que se produzcan ingresos involuntarios.
También el diseño ambiental y la accesibilidad de la propia institución así como el equipamiento es fuente de riesgo. De como se adecuen a las necesidades y favorezcan la independencia de las personas y el desarrollo del trabajo de los profesionales dependerá la seguridad física y psíquica de todos. Las barreras arquitectónicas junto con las distancias demasiado largas, las habitaciones y baños compartidos, el mobiliario poco adecuado, los espacios comunes despersonalizados y los horarios rígidos y poco razonables, suponen un riesgo importante. En estas condiciones es difícil preservar la capacidad funcional de las personas, mantener su autonomía y no aumentar su dependencia. Sin embargo es fácil lesionar su privacidad, intimidad y derecho a la confidencialidad. Ponen en riesgo también la participación de los familiares en su cuidado. Dificultan el trabajo de los cuidadores y profesionales y predisponen en muchas ocasiones a la mala praxis asistencial.
Gran parte de los conflictos éticos y de las situaciones de riesgo se derivan de cómo la institución garantiza la calidad ambiental y asistencial. En este sentido el desarrollo de Planes de Calidad establecen la planificación y ejecución de programas específicos de intervención sociosanitaria en un proceso de mejora continua. Sin olvidar también el aspecto rehabilitador, la animación sociocultural y la relación con las familias. Contribuyen a garantizar mayor seguridad a las personas y a los profesionales.
Que duda cabe que el riesgo está también en relación a la cuantificación y cualificación de las plantillas (incluidos los equipos directivos) y a la, a veces excesiva rotación que se produce continuamente y más aún en determinadas épocas del año. Por otro lado y en relación con los profesionales y cuidadores se producen situaciones de riesgo. Estas situaciones son las derivadas de la sobrecarga por la labor desarrollada.
También la falta de motivación y formación profesional y de afrontamiento de manejo de situaciones éticas conflictivas y la falta de apoyo emocional llevan al llamado síndrome del profesional quemado
Los familiares se encuentran en ocasiones en situaciones emocionales especiales que se mezclan con sentimientos de culpa. No reciben un catálogo de prestaciones claro y definido y un reglamento de funcionamiento en el que se recogen los derechos y también los deberes como usuarios. Se producen entonces demandas inadecuadas y/o desmedidas e incluso maltrato de los cuidadores y profesionales. También se da un riesgo asociado en relación al cuidado de su familiar cuando estas situaciones hacen que los familiares equivoquen su papel, realizando funciones que son sólo propias de los profesionales.
El mayor problema ético que se plantea para una persona dependiente que vive en una institución es no ser el centro de la atención. Todos estos conflictos hasta aquí comentados hacen que sus cuidados básicos queden relegados a un segundo plano.
No obstante la propia dependencia le condiciona una serie de riesgos. En ocasiones esta dependencia se da en contextos de fragilidad, pluripatología, polifarmacia, edad avanzada, déficits sensoriales, deterioro cognitivo, trastornos de comportamiento y competencia disminuida. Condicionantes de ocultación y manipulación de información sobre su salud y sus bienes y de la no participación en decisiones que le afectan. Predisponentes de errores diagnósticos, errores en la administración de fármacos y tratamientos inadecuados o bien de discriminación en acceso a determinadas prestaciones sanitarias. Situaciones que pueden desencadenar maltrato.
Como conclusión de lo anteriormente expuesto es claro que los conflictos éticos y las situaciones de riesgo tienen una estrecha relación. La nula o inadecuada gestión de los riesgos en las instituciones socio-sanitarias lesiona cada uno de los principios morales.
Desde el principio de Autonomía la gestión de riesgos está obligada a garantizar el respeto de las opiniones, valores y creencias de la persona dependiente. Por lo tanto tendrá que asegurar:
* el respeto a su intimidad garantizando la confidencialidad y asegurando sus pertenencias
* la correcta y adecuada información sobre su estado y las acciones que se propongan para su cuidado y las posibles alternativas, antes de otorgar su consentimiento
* que pueda decidir en que medida sus familiares tendrán acceso a esa información y en que grado participarán en el proceso de toma de decisiones
* que no reciba amenazas o coacciones si no accede a las propuestas de los cuidadores y profesionales y deseos de sus familiares
* que los profesionales que lo atiendan tengan la suficiente formación para la valoración de la competencia de toma de decisiones
* que se respeten su preferencias al final de la vida y/o que pueda nombrar un representante que tome decisiones por el cuando no pueda hacerlo
* que si ocurre un error, la persona dependiente tendrá una información fidedigna y no manipulada
En cuanto al principio de Beneficencia una adecuada gestión de riesgos será aquella que promueva el beneficio de la persona dependiente y la excelencia de su cuidado. En este sentido tendrá que asegurar:
*.que los procesos asistenciales se desarrollen de la mejor manera propiciando una relación de seguridad y confianza entre cuidadores y profesionales con las personas dependientes y sus familiares
* que estos procesos asistenciales se den en un clima de autoevaluación y transparencia
* que se tenga en cuenta el cuidado del cuidador
*.que si ocurre un error la persona dependiente y sus familiares recibirán apoyo, ayuda y reparación del daño causado
Respecto al principio de Justicia que obliga a la distribución de recursos y accesibilidad a los mismos de manera racional y equitativa, la gestión de riesgos asegurará:
* que garantice por igual la atención de las necesidades de las personas dependientes sin que sean factores de discriminación el grado de dependencia, los recursos económicos, la presión de familiares u otro tipo de presión
* que se garanticen los recursos humanos y de equipamiento necesarios
Pero obviamente la prevención de errores y mala praxis viene derivada del principio de No Maleficencia. Las obligaciones morales relativas a la seguridad de las personas dependientes que viven en instituciones socio-sanitarias dependen directamente de este principio
El principio de No Maleficencia centra la gestión de riesgos aunque está configurada por los cuatro principios éticos
HACIA UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES SOCIO-SANITARIAS
Premisas de partida: “Errar es humano, Ocultar los errores es imperdonable. No aprender de ellos no tiene perdón” (Sir Liam Donalson, Washington 2004)
• El Modelo se posiciona por una responsabilidad compartida, es decir, la necesidad de un equilibrio entre la responsabilidad individual del profesional y la de la organización (en nuestro caso, las instituciones socio-sanitarias).
• Plantea que las obligaciones y sus acciones derivadas sea preferentemente prospectivas aunque también retrospectivas
• El reto de este Modelo es generar en las instituciones socio-sanitarias una cultura deliberativa, abierta, justa y segura que permita actuar prospectivamente sobre situaciones de riesgos o daño para la persona dependiente.
• Este Modelo no plantea sustituir los planes de calidad, es un perfecto complemento de los procesos de calidad. “No es posible un sistema de salud justo sin seguridad, la seguridad es un peldaño previo a la conquista de la calidad” (J. A.Seoane).
Estrategia y prevención prospectiva de situación de riesgo:
• Formación continuada y específica de los profesionales en habilidades y conocimiento de situaciones complejas de la dependencia.
• Formación en Bioética y en Ética de las Organizaciones de profesionales y gestores y conocimientos básicos de contenidos de leyes que tienen incidencia directa en las decisiones asistenciales del ámbito socio-sanitario. (Ley 41/2002, de 14 de noviembre; Ley 16/2003, de 28 de mayo y Ley ).
• Establecimiento de un protocolo o proceso de identificación, registro y gestión de riesgos
• Revisión de los procesos organizativos y asistenciales (protocolos de ingreso, de restricción de movimientos, información, prestación de determinados servicios…).
• Adecuación de los espacios físicos y otra medidas ambientales
• Existencia normas éticas, acciones de calidad y gestión de riesgos acreditados (ISO, EFQM, Comités o grupos de bioética, Estándares…)
Estrategia retrospectiva de la reparación del daño (aprender del error):La organización y los profesionales deben reparar el daño físico y moral producido mediante:
• Información estandarizada, espontánea y rápida a los afectados y o sus representantes
• Compromiso inmediato de corrección del riesgo, error o fallo.
• El profesional y la Institución deben pedir perdón (para reparar el daño moral) y propiciar apoyo emocional, si procede.
“ Ser mejores, ser excelentes, debería significar, en primer lugar, ser más capaces de organizarse y funcionar dando contenido real a la necesidad de respetar la dignidad humana”.
Pablo Simón 2005
Bibliografía
1. Kohn KT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press, 1999.
Impactante informe del Institute of Medicine de los Estados Unidos que consiguió atraer la atención de los profesionales y gestores sanitarios sobre el error médico y la seguridad de los pacientes.
2. García-Barbero M. La alianza mundial para la seguridad del paciente. Monografías Humanitas 8, Rev. HUMANITAS Humanidades Médicas, 2004 [versión electrónica}. Disponible: http://www.fundacionmhm.org/edicion.html
Un resumen de la historia por la preocupación por la seguridad del paciente en los servicios sanitarios como introducción a la descripción de los fallos del sistema y las repercusiones económicas. Expone también estrategias de mejora para un cambio de cultura organizativa en las que se incluye la participación del paciente. Propone la Alianza como instrumento para implementar políticas relacionadas con la seguridad en un mundo globalizado.
3. Gracia Guillen D. Primum non nocere. El principio de no maleficencia como fundamento de la ética médica. Madrid: Real Academia Nacional de Medicina, 1990.
El principio de no maleficencia no es un principio moral absoluto. Es proporcionado y debe aplicarse de manera prudencial. Tanto el principio de no maleficencia como el de beneficencia delimitan la obligación de no dañar. Desde la no maleficencia como obligación negativa de no producir daño y desde la beneficencia como obligación positiva de evitar producirlo.
4. Simón P. Ética de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad. Madrid: Triacastella, 2005.
La ética de las organizaciones sanitarias como conjunto de procesos que trasmiten valores. Describe el camino hacia la excelencia de la organización sanitaria de la mano de la calidad con una sólida base ética. Analiza muchos de los elementos que se encuentran en los distintos sistemas de acreditación de la calidad como propuesta de planteamiento ético para las organizaciones sanitarias.
5. Simón P. Ética y Seguridad de los pacientes. Monografías Humanitas 8, Rev. HUMANITAS Humanidades Médicas, 2004 [versión electrónica]. Disponible: http://www.fundacionmhm.org/edicion.html
Los fundamentos éticos de la preocupación por la seguridad de los pacientes en el marco de una ética deliberativa de la responsabilidad. Análisis de la obligación de los profesionales y de las organizaciones como obligación prospectiva y retrospectiva
en Instituciones SocioSanitarias
Maite Pérez Echarri
Médico. Directora Residencia Beloso Alto (Pamplona)
INTRODUCCIÓN
Desde el significativo impacto que tuvo la publicación en 1999 del informe “To Err is Human: building a saber health system” por el Institute of Medicine (IMO) en Estados Unidos, la seguridad del paciente se ha convertido en una cuestión prioritaria en muchos países.
El tema no era nuevo. Ya a finales del siglo XIX, Richard Cabot, médico de Harvard, publicó dos informes en relación a los problemas del sistema sanitario que llevaban a errores médicos. El mensaje de Cabot fue reformar, no culpar. Y desde el final de la Segunda Guerra mundial y más desde finales de los años 70, los medios de comunicación norteamericanos se iban haciendo eco periódicamente de este asunto. Pero las revelaciones de este informe, la muerte de entre 44.000 y 98.000 estadounidenses al año en relación a errores médicos, desencadenaron importantes iniciativas gubernamentales y privadas en Estados Unidos destinadas a trabajar en este tema.
El impacto del Informe ha llegado a muchos otros países aunque bien es cierto que en algunos de ellos ya se había trabajado previamente en este tema. Entre los años 1984 y 2001 se han desarrollado varios estudios en países como Nueva Zelanda (1988), Dinamarca (1988), Australia (1992), Reino Unido (1999 - 2000) y Canadá (2001) que presentan como conclusiones:
- Que la ausencia de seguridad en los servicios sanitarios es producto de errores humanos y fallos en el sistema de las organizaciones. Durante muchos años se consideró que la ocurrencia de efectos adversos era debida exclusivamente a errores humanos.
- Que a los daños físicos y morales ocasionados por los efectos adversos hay que añadir las repercusiones de tipo económico. Los estudios realizados en los países antes mencionados han demostrado que las hospitalizaciones adicionales, las demandas judiciales o gastos médicos constituyen en algunos de esos países un costo anual de 6.000 y 29.000 millones de dólares americanos.
ASPECTOS ÉTICOS
El punto de referencia del abordaje de las cuestiones éticas de la gestión de riesgos lo marca el Hastings Center en el año 2003 con su informe “Promoting Patient safety: An ethical basis for Policy Deliberation”. Este informe realiza una reflexión ética de las obligaciones morales que subyacen en la cultura de la seguridad. Desde aquí analizaremos estos aspectos éticos.
La mayor parte de los riesgos a los que están sometidas las personas que son atendidas en instituciones socio-sanitarias no dependen de la actuación de los profesionales y si de la complejidad de la institución. Es decir las normas y las motivaciones morales de los profesionales tienen un papel mínimo en el cambio hacia una cultura de seguridad en la atención.
El alcance del cambio propuesto requiere un sistema uniforme de responsabilidades, donde las instituciones socio-sanitarias, más que los profesionales, son el blanco más apropiado para mejorar. El papel de la ética en la gestión de riesgos va más allá de la virtud individual y la motivación profesional. Está situado en la Ética de las Instituciones Sanitarias.
El valor moral en relación a la seguridad deriva de dos principios éticos: No Maleficencia y Beneficencia. “Favorecer o al menos no perjudicar” remontándonos a la época hipocrática, son dos obligaciones morales distintas. La obligación imperativa era la de favorecer (Beneficencia). El no perjudicar (No Maleficencia) era una obligación cuando el favorecer no era posible. En la modernidad, a partir del S. XVII con el “Primum non nocere”, estas obligaciones se entienden al contrario. La obligación primaria, el imperativo ético superior es el de no perjudicar (No Maleficencia) . El favorecer (Beneficencia) no puede hacerse sin el consentimiento de las personas (Autonomía)
Ambas tradiciones mantienen una interpretación no absoluta de estas obligaciones, sino una interpretación proporcionada: Si bien entendiendo en nuestros tiempos que siendo la No Maleficencia un principio de mayor nivel moral, para hacer una excepción a éste, es necesaria una razón proporcional más elevada que con respecto a la Beneficencia.
Así el informe antes citado del Hasting Center, nos señala la No Maleficencia como obligación negativa de no hacer daño y la Beneficencia como obligación positiva de prevenir y reparar el daño si acontece. Se recogerían de este modo los efectos adversos que se produjesen. Del lado de la Beneficencia estarían los errores de omisión de actos indicados y del lado de la No Maleficencia, los errores de comisión de actos contraindicados.
Pero también tenemos que tener en cuenta que la relación con las personas atendidas en las instituciones socio-sanitarias está basada fundamentalmente en la confianza. Confianza en que se van a promover sus intereses de salud, en que van a ser ayudadas y por supuesto en que no van a recibir daño. Y no de personas dependientes en general, sino de personas dependientes en concreto, en singular.
Este es el principal objetivo desde el punto de vista ético en la gestión de riesgos:
La persona dependiente es el centro de la acción.
Este es el eje alrededor del que se articulan entonces los cuatro principios éticos, no solo el de No Maleficencia y el de Beneficencia, sino también el de Justicia y Autonomía.
Así pues, siendo que las obligaciones morales en seguridad de la persona dependiente derivan del principio de No Maleficencia en tanto en cuanto tiene derecho a no ser dañada, también es cierto que desde esta perspectiva es obligado por Justicia invertir recursos en evitarlos puesto que su ocurrencia supone un alto coste.
Desde el principio de Beneficencia la persona tienen derecho a ser ayudada pero respetando su Autonomía. Si se produjese un daño, la persona tendría derecho a que éste sea reparado y a ser informada de lo ocurrido.
Desde las instituciones socio-sanitarias puede ocurrir que la mayor parte de los efectos adversos que se produzcan no tengan consecuencias graves la mayoría de las veces. Se podría pensar que la inversión económica entonces no sería rentable desde un punto de vista puramente utilitarista. Es decir, si la gestión de riesgos se plantease únicamente como el máximo beneficio para el mayor número de personas dependientes atendidas. Este criterio de maximización del bienestar tiene como problema que la persona en concreto, en singular, no siempre sale beneficiada.
Por otro lado se podría plantear la gestión de riesgos como el modo de disminuir las demandas y el desprestigio asociado a las instituciones socio-sanitarias y de sus profesionales. Este objetivo muchas veces puede verse como prioritario y desplazar del centro de acción a la persona dependiente. Por eso con frecuencia este objetivo ha sido utilizado precisamente en contra de la puesta en marcha de un sistema de gestión de riesgos. Por que el desvelar los posibles efectos adversos y riesgos se interpreta únicamente como fuente de problemas para los profesionales y la institución.
Esto ocurre por que tradicionalmente los efectos adversos han sido tenidos en cuenta sólo cuando ya han sucedido, es decir retrospectivamente. Además únicamente se han tenido en cuenta los más graves y no aquellos de menos gravedad aunque ocurran muy frecuentemente. Partiendo de la premisa de que el profesional competente no puede cometer errores y desde la perspectiva individual culpabilizadora, se castiga al que se equivoca con la creencia que así se cometerán menos errores. Por tanto el profesional es abandonado por los demás profesionales y por la institución, enfrentándose solo al problema. El profesional pasa a ser la segunda víctima Es fácil entender que se de el secretismo, la vergüenza, la ocultación y las prácticas defensivas.
El objetivo es entonces la creación de una cultura de seguridad que prevenga el error de manera prospectiva. De modo que se gestionen los riesgos antes de la ocurrencia del error. Según la Declaración de Luxemburgo de 5 abril de 2005, “una cultura centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y sucesos adversos en contraposición a la culpa, el reproche y el correspondiente castigo”. Estos incidentes o sucesos adversos no se aprecian como causa directa y exclusiva del error humano. Son vistos como el efecto de una causalidad compleja. Además aunque la mayoría de los errores que se producen no causan daño, si tienen el potencial de revelar riesgos latentes en un sistema complejo como son las instituciones socio-sanitarias.
Desde el punto de vista ético una cultura sin culpa no significa sin responsabilidad. Uno de los desafíos éticos más importantes es que para mejorar la seguridad de la persona dependiente es necesario el compromiso individual de los profesionales y el de las instituciones. Negar la responsabilidad individual y atribuirla únicamente a la institución supone admitir una falsa inmunidad moral de los profesionales.
Para el profesional, la responsabilidad prospectiva supone la obligación en primer lugar de un cuidado que garantice mediante una práctica asistencial de calidad, la protección de la persona que atiende. Es responsable también si ocurriese un daño, de la información del mismo a la institución para que esta contribuya a reparar el daño y ponga en marcha medidas que eviten que vuelva a ocurrir. De manera retrospectiva el profesional está obligado a la información del daño a la persona a su cargo, en virtud al respeto de su derecho a saber lo ocurrido. Debe asumir su parte de responsabilidad en la ocurrencia de este daño y repararlo no sólo desde el punto de vista físico sin también desde el punto de vista moral.
Las instituciones, prospectivamente, tienen la obligación de realizar una inversión adecuada de recursos en la creación de una cultura de seguridad. Recursos humanos fundamentalmente que aseguren un correcto desarrollo de los procesos asistenciales, sin olvidar las inversiones en la mejora de las estructuras e instalaciones. De manera retrospectiva, si ocurriese un daño, la cultura de seguridad supone para las instituciones un correcto y buen manejo de la información. Esta será transparente y estandarizada, evitando la figura del “soplón”. Será utilizada no solo para la reparación del daño a la persona dependiente si no también para prestar apoyo moral a los profesionales. Y por supuesto para poner en marcha espacios y procesos deliberativos donde se analice el riesgo y se realicen propuestas más seguras, con la participación de todas las personas implicadas.
Los riesgos no pueden ser eliminados. Podemos sin embargo reducirlos, aprender de ellos y mejorar la manera en que los manejamos y tratamos, reforzando así la relación de confianza con la persona dependiente a la que atendemos en nuestras instituciones socio-sanitarias.
Si la persona dependiente es el centro de la acción y del cuidado, también tiene que formar parte de este proceso. Tiene que tener un papel activo junto a los profesionales y las instituciones para crear una cultura de seguridad.
CONFLICTOS ÉTICOS Y RIESGO EN INSTITUCIONES SOCIOSANITARIAS
Es indudable que ser una persona dependiente que vive en una institución socio-sanitaria es en si misma una situación de riesgo.
Tanto el diseño arquitectónico como la propia estructura organizativa junto con el organigrama y la plantilla configuran un espacio vital de especiales características al que esta persona debe adaptarse. Esta adaptación se va a realizar con mayor o menor seguridad en relación a su situación de dependencia y a su entorno familiar y social.
Del propio ingreso en la institución se deriva ya un riesgo. Si este no se realiza conforme a los procedimientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y respetando al máximo la autonomía de las personas, aún en el caso de personas con una capacidad reducida, existe el riesgo de que se produzcan ingresos involuntarios.
También el diseño ambiental y la accesibilidad de la propia institución así como el equipamiento es fuente de riesgo. De como se adecuen a las necesidades y favorezcan la independencia de las personas y el desarrollo del trabajo de los profesionales dependerá la seguridad física y psíquica de todos. Las barreras arquitectónicas junto con las distancias demasiado largas, las habitaciones y baños compartidos, el mobiliario poco adecuado, los espacios comunes despersonalizados y los horarios rígidos y poco razonables, suponen un riesgo importante. En estas condiciones es difícil preservar la capacidad funcional de las personas, mantener su autonomía y no aumentar su dependencia. Sin embargo es fácil lesionar su privacidad, intimidad y derecho a la confidencialidad. Ponen en riesgo también la participación de los familiares en su cuidado. Dificultan el trabajo de los cuidadores y profesionales y predisponen en muchas ocasiones a la mala praxis asistencial.
Gran parte de los conflictos éticos y de las situaciones de riesgo se derivan de cómo la institución garantiza la calidad ambiental y asistencial. En este sentido el desarrollo de Planes de Calidad establecen la planificación y ejecución de programas específicos de intervención sociosanitaria en un proceso de mejora continua. Sin olvidar también el aspecto rehabilitador, la animación sociocultural y la relación con las familias. Contribuyen a garantizar mayor seguridad a las personas y a los profesionales.
Que duda cabe que el riesgo está también en relación a la cuantificación y cualificación de las plantillas (incluidos los equipos directivos) y a la, a veces excesiva rotación que se produce continuamente y más aún en determinadas épocas del año. Por otro lado y en relación con los profesionales y cuidadores se producen situaciones de riesgo. Estas situaciones son las derivadas de la sobrecarga por la labor desarrollada.
También la falta de motivación y formación profesional y de afrontamiento de manejo de situaciones éticas conflictivas y la falta de apoyo emocional llevan al llamado síndrome del profesional quemado
Los familiares se encuentran en ocasiones en situaciones emocionales especiales que se mezclan con sentimientos de culpa. No reciben un catálogo de prestaciones claro y definido y un reglamento de funcionamiento en el que se recogen los derechos y también los deberes como usuarios. Se producen entonces demandas inadecuadas y/o desmedidas e incluso maltrato de los cuidadores y profesionales. También se da un riesgo asociado en relación al cuidado de su familiar cuando estas situaciones hacen que los familiares equivoquen su papel, realizando funciones que son sólo propias de los profesionales.
El mayor problema ético que se plantea para una persona dependiente que vive en una institución es no ser el centro de la atención. Todos estos conflictos hasta aquí comentados hacen que sus cuidados básicos queden relegados a un segundo plano.
No obstante la propia dependencia le condiciona una serie de riesgos. En ocasiones esta dependencia se da en contextos de fragilidad, pluripatología, polifarmacia, edad avanzada, déficits sensoriales, deterioro cognitivo, trastornos de comportamiento y competencia disminuida. Condicionantes de ocultación y manipulación de información sobre su salud y sus bienes y de la no participación en decisiones que le afectan. Predisponentes de errores diagnósticos, errores en la administración de fármacos y tratamientos inadecuados o bien de discriminación en acceso a determinadas prestaciones sanitarias. Situaciones que pueden desencadenar maltrato.
Como conclusión de lo anteriormente expuesto es claro que los conflictos éticos y las situaciones de riesgo tienen una estrecha relación. La nula o inadecuada gestión de los riesgos en las instituciones socio-sanitarias lesiona cada uno de los principios morales.
Desde el principio de Autonomía la gestión de riesgos está obligada a garantizar el respeto de las opiniones, valores y creencias de la persona dependiente. Por lo tanto tendrá que asegurar:
* el respeto a su intimidad garantizando la confidencialidad y asegurando sus pertenencias
* la correcta y adecuada información sobre su estado y las acciones que se propongan para su cuidado y las posibles alternativas, antes de otorgar su consentimiento
* que pueda decidir en que medida sus familiares tendrán acceso a esa información y en que grado participarán en el proceso de toma de decisiones
* que no reciba amenazas o coacciones si no accede a las propuestas de los cuidadores y profesionales y deseos de sus familiares
* que los profesionales que lo atiendan tengan la suficiente formación para la valoración de la competencia de toma de decisiones
* que se respeten su preferencias al final de la vida y/o que pueda nombrar un representante que tome decisiones por el cuando no pueda hacerlo
* que si ocurre un error, la persona dependiente tendrá una información fidedigna y no manipulada
En cuanto al principio de Beneficencia una adecuada gestión de riesgos será aquella que promueva el beneficio de la persona dependiente y la excelencia de su cuidado. En este sentido tendrá que asegurar:
*.que los procesos asistenciales se desarrollen de la mejor manera propiciando una relación de seguridad y confianza entre cuidadores y profesionales con las personas dependientes y sus familiares
* que estos procesos asistenciales se den en un clima de autoevaluación y transparencia
* que se tenga en cuenta el cuidado del cuidador
*.que si ocurre un error la persona dependiente y sus familiares recibirán apoyo, ayuda y reparación del daño causado
Respecto al principio de Justicia que obliga a la distribución de recursos y accesibilidad a los mismos de manera racional y equitativa, la gestión de riesgos asegurará:
* que garantice por igual la atención de las necesidades de las personas dependientes sin que sean factores de discriminación el grado de dependencia, los recursos económicos, la presión de familiares u otro tipo de presión
* que se garanticen los recursos humanos y de equipamiento necesarios
Pero obviamente la prevención de errores y mala praxis viene derivada del principio de No Maleficencia. Las obligaciones morales relativas a la seguridad de las personas dependientes que viven en instituciones socio-sanitarias dependen directamente de este principio
El principio de No Maleficencia centra la gestión de riesgos aunque está configurada por los cuatro principios éticos
HACIA UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES SOCIO-SANITARIAS
Premisas de partida: “Errar es humano, Ocultar los errores es imperdonable. No aprender de ellos no tiene perdón” (Sir Liam Donalson, Washington 2004)
• El Modelo se posiciona por una responsabilidad compartida, es decir, la necesidad de un equilibrio entre la responsabilidad individual del profesional y la de la organización (en nuestro caso, las instituciones socio-sanitarias).
• Plantea que las obligaciones y sus acciones derivadas sea preferentemente prospectivas aunque también retrospectivas
• El reto de este Modelo es generar en las instituciones socio-sanitarias una cultura deliberativa, abierta, justa y segura que permita actuar prospectivamente sobre situaciones de riesgos o daño para la persona dependiente.
• Este Modelo no plantea sustituir los planes de calidad, es un perfecto complemento de los procesos de calidad. “No es posible un sistema de salud justo sin seguridad, la seguridad es un peldaño previo a la conquista de la calidad” (J. A.Seoane).
Estrategia y prevención prospectiva de situación de riesgo:
• Formación continuada y específica de los profesionales en habilidades y conocimiento de situaciones complejas de la dependencia.
• Formación en Bioética y en Ética de las Organizaciones de profesionales y gestores y conocimientos básicos de contenidos de leyes que tienen incidencia directa en las decisiones asistenciales del ámbito socio-sanitario. (Ley 41/2002, de 14 de noviembre; Ley 16/2003, de 28 de mayo y Ley ).
• Establecimiento de un protocolo o proceso de identificación, registro y gestión de riesgos
• Revisión de los procesos organizativos y asistenciales (protocolos de ingreso, de restricción de movimientos, información, prestación de determinados servicios…).
• Adecuación de los espacios físicos y otra medidas ambientales
• Existencia normas éticas, acciones de calidad y gestión de riesgos acreditados (ISO, EFQM, Comités o grupos de bioética, Estándares…)
Estrategia retrospectiva de la reparación del daño (aprender del error):La organización y los profesionales deben reparar el daño físico y moral producido mediante:
• Información estandarizada, espontánea y rápida a los afectados y o sus representantes
• Compromiso inmediato de corrección del riesgo, error o fallo.
• El profesional y la Institución deben pedir perdón (para reparar el daño moral) y propiciar apoyo emocional, si procede.
“ Ser mejores, ser excelentes, debería significar, en primer lugar, ser más capaces de organizarse y funcionar dando contenido real a la necesidad de respetar la dignidad humana”.
Pablo Simón 2005
Bibliografía
1. Kohn KT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press, 1999.
Impactante informe del Institute of Medicine de los Estados Unidos que consiguió atraer la atención de los profesionales y gestores sanitarios sobre el error médico y la seguridad de los pacientes.
2. García-Barbero M. La alianza mundial para la seguridad del paciente. Monografías Humanitas 8, Rev. HUMANITAS Humanidades Médicas, 2004 [versión electrónica}. Disponible: http://www.fundacionmhm.org/edicion.html
Un resumen de la historia por la preocupación por la seguridad del paciente en los servicios sanitarios como introducción a la descripción de los fallos del sistema y las repercusiones económicas. Expone también estrategias de mejora para un cambio de cultura organizativa en las que se incluye la participación del paciente. Propone la Alianza como instrumento para implementar políticas relacionadas con la seguridad en un mundo globalizado.
3. Gracia Guillen D. Primum non nocere. El principio de no maleficencia como fundamento de la ética médica. Madrid: Real Academia Nacional de Medicina, 1990.
El principio de no maleficencia no es un principio moral absoluto. Es proporcionado y debe aplicarse de manera prudencial. Tanto el principio de no maleficencia como el de beneficencia delimitan la obligación de no dañar. Desde la no maleficencia como obligación negativa de no producir daño y desde la beneficencia como obligación positiva de evitar producirlo.
4. Simón P. Ética de las organizaciones sanitarias. Nuevos modelos de calidad. Madrid: Triacastella, 2005.
La ética de las organizaciones sanitarias como conjunto de procesos que trasmiten valores. Describe el camino hacia la excelencia de la organización sanitaria de la mano de la calidad con una sólida base ética. Analiza muchos de los elementos que se encuentran en los distintos sistemas de acreditación de la calidad como propuesta de planteamiento ético para las organizaciones sanitarias.
5. Simón P. Ética y Seguridad de los pacientes. Monografías Humanitas 8, Rev. HUMANITAS Humanidades Médicas, 2004 [versión electrónica]. Disponible: http://www.fundacionmhm.org/edicion.html
Los fundamentos éticos de la preocupación por la seguridad de los pacientes en el marco de una ética deliberativa de la responsabilidad. Análisis de la obligación de los profesionales y de las organizaciones como obligación prospectiva y retrospectiva
sábado, 12 de junio de 2010
Subsecretaria de Redes Asistenciales realizará revisión de procesos para internar pacientes
Jueves 10 Junio 2010 | 22:25
Subsecretaria de Redes Asistenciales realizará revisión de procesos para internar pacientes
Publicado por Camila Navarrete • La información es de Rodrigo Pino •
El Hospital Salvador iniciará un segundo sumario para indagar un nuevo caso, de la muerte de un paciente en el Servicio de Urgencias en menos de 48 horas.
La subsecretaria de redes asistenciales anunció un trabajo con los directores de hospitales, para ver la mejor forma de evaluar y priorizar los casos más complejos.
Entre los días lunes y miércoles, el Hospital Salvador ha enfrentado 2 denuncias por falta de atención, en las cuales los pacientes han fallecido en las puertas del recinto.
El lunes conocimos el caso de Carolina Gómez que fue dada de alta tras estar en observación por un dolor en el pecho, y que falleció por un infarto al miocardio minutos después de salir del servicio de urgencia.
Ahora el caso que se indaga es el de Omar Neira Lagos de 77 años, que llegó al hospital para someterse a una cirugía para tratar un cáncer de colon. Al no haber camas disponibles el hombre fue devuelto a su hogar con una reprogramación a su operación.
Sin embargo horas después su salud se deterioró, debió ser asistido en un consultorio y al ser devuelto al hospital Salvador falleció también por un infarto. Jaime Reyes, yerno de la víctima lamentó lo sucedido y criticó el hecho de que no existan alternativas para internar a un paciente por la inexistencia de camas.
Frente a este panorama el director del Servicio de Urgencias del recinto, Horacio Díaz, insistió que la unidad da prioridades de atención de acuerdo a la evaluación de enfermeras y paramédicos, y Omar Neira estaba en condición de esperar. En este sentido el médico subrayó que pudo haber un error en el control de salud.
Sin embargo la subsecretaria de Redes Asistenciales, Giovanna Gutiérrez, junto con lamentar el hecho indicó que hará una profunda revisión de los procesos en los que se da prioridad a los pacientes, a la vez que descartó que haya un colapso en los servicios por falta de camas.
La subsecretaria Giovanna Gutiérrez reiteró que los servicios de urgencia no presentan colapso y lo importantes es poder coordinar la mejor forma de evaluar y dar prioridad a los pacientes.
Subsecretaria de Redes Asistenciales realizará revisión de procesos para internar pacientes
Publicado por Camila Navarrete • La información es de Rodrigo Pino •
El Hospital Salvador iniciará un segundo sumario para indagar un nuevo caso, de la muerte de un paciente en el Servicio de Urgencias en menos de 48 horas.
La subsecretaria de redes asistenciales anunció un trabajo con los directores de hospitales, para ver la mejor forma de evaluar y priorizar los casos más complejos.
Entre los días lunes y miércoles, el Hospital Salvador ha enfrentado 2 denuncias por falta de atención, en las cuales los pacientes han fallecido en las puertas del recinto.
El lunes conocimos el caso de Carolina Gómez que fue dada de alta tras estar en observación por un dolor en el pecho, y que falleció por un infarto al miocardio minutos después de salir del servicio de urgencia.
Ahora el caso que se indaga es el de Omar Neira Lagos de 77 años, que llegó al hospital para someterse a una cirugía para tratar un cáncer de colon. Al no haber camas disponibles el hombre fue devuelto a su hogar con una reprogramación a su operación.
Sin embargo horas después su salud se deterioró, debió ser asistido en un consultorio y al ser devuelto al hospital Salvador falleció también por un infarto. Jaime Reyes, yerno de la víctima lamentó lo sucedido y criticó el hecho de que no existan alternativas para internar a un paciente por la inexistencia de camas.
Frente a este panorama el director del Servicio de Urgencias del recinto, Horacio Díaz, insistió que la unidad da prioridades de atención de acuerdo a la evaluación de enfermeras y paramédicos, y Omar Neira estaba en condición de esperar. En este sentido el médico subrayó que pudo haber un error en el control de salud.
Sin embargo la subsecretaria de Redes Asistenciales, Giovanna Gutiérrez, junto con lamentar el hecho indicó que hará una profunda revisión de los procesos en los que se da prioridad a los pacientes, a la vez que descartó que haya un colapso en los servicios por falta de camas.
La subsecretaria Giovanna Gutiérrez reiteró que los servicios de urgencia no presentan colapso y lo importantes es poder coordinar la mejor forma de evaluar y dar prioridad a los pacientes.
El apartheid de la salud pública en Chile
El apartheid de la salud pública en Chile
Señor Director:
Un hombre muere en la sala de espera de un hospital. Y el mundo sigue andando.
El nombre del Hospital de El Salvador debe ser una ironía trágica de algún chistoso del siglo pasado. Manteniendo la trágica costumbre de dejar morir pacientes en sus pasillos, en pocos días suma dos casos. Esta situación no es nueva en dependencia de lo que se llama, curiosamente, el sistema de salud pública: madres pariendo sus hijos en los baños, agonizantes dejados a merced de su dolor en pasillos infectados de vagabundos, malos tratos, falta de insumos y personal.
Estos pacientes que llegan por medicamentos y salen o más enfermos o simplemente muertos, sufren además de pobreza crónica. Nadie con ingresos suficientes o con capacidad de endeudarse llegará jamás a esta situación. Tampoco quien tenga como amigo al director de alguna clínica famosa o algún ministro.
Del mismo modo que la educación, la previsión y casi todo, la salud se divide en para pobres y para ricos. Lo que define, por consecuencia, una sobrevida para unos y otros. Este apartheid generalizado en que se ha transformado la sociedad chilena, es responsabilidad de la Concertación, esa cosa.
La derecha, inexplicablemente a cargo del gobierno por la tozudez del torpe magnate Piñera, viene con el vuelo que dejó el impulso cultural de los últimos veinte años. Para hacer lo que necesita la derecha en el gobierno, un país de emprendedores en palabras del dueño de Chilevisión, no requieren leyes nuevas. Basta con aplicar las existentes y se ahorran las trabas cínicas de los parlamentarios, muchos de ellos cómplices de las leyes que hoy definen la educación, la salud, la previsión y todo lo demás.
La muerte del anciano del hospital El Salvador es una consecuencia de la existencia de un país segregado, divido entre los que tienen y en los que no. Lo raro es que no se conozcan más casos.
Pero como en otras tantas veces, en que los perdedores abonan el noticiero trágico de las nueve de la noche, la muerte de este hombre esperando por un médico pronto se olvidará tras las noticias que sí valen la pena, como el mundial de Sudáfrica, por ejemplo, país en que, como se sabe, hasta 1991 los negros eran tratados como carne de cogote.
Bajo la misma bruma roja y su alabanza a Bielsa y a la selección quedará algún destello de indignación, algún amago de rebeldía, alguna expresión de bronca inútil.
Después, silencio.
Ricardo Candia Cares
Señor Director:
Un hombre muere en la sala de espera de un hospital. Y el mundo sigue andando.
El nombre del Hospital de El Salvador debe ser una ironía trágica de algún chistoso del siglo pasado. Manteniendo la trágica costumbre de dejar morir pacientes en sus pasillos, en pocos días suma dos casos. Esta situación no es nueva en dependencia de lo que se llama, curiosamente, el sistema de salud pública: madres pariendo sus hijos en los baños, agonizantes dejados a merced de su dolor en pasillos infectados de vagabundos, malos tratos, falta de insumos y personal.
Estos pacientes que llegan por medicamentos y salen o más enfermos o simplemente muertos, sufren además de pobreza crónica. Nadie con ingresos suficientes o con capacidad de endeudarse llegará jamás a esta situación. Tampoco quien tenga como amigo al director de alguna clínica famosa o algún ministro.
Del mismo modo que la educación, la previsión y casi todo, la salud se divide en para pobres y para ricos. Lo que define, por consecuencia, una sobrevida para unos y otros. Este apartheid generalizado en que se ha transformado la sociedad chilena, es responsabilidad de la Concertación, esa cosa.
La derecha, inexplicablemente a cargo del gobierno por la tozudez del torpe magnate Piñera, viene con el vuelo que dejó el impulso cultural de los últimos veinte años. Para hacer lo que necesita la derecha en el gobierno, un país de emprendedores en palabras del dueño de Chilevisión, no requieren leyes nuevas. Basta con aplicar las existentes y se ahorran las trabas cínicas de los parlamentarios, muchos de ellos cómplices de las leyes que hoy definen la educación, la salud, la previsión y todo lo demás.
La muerte del anciano del hospital El Salvador es una consecuencia de la existencia de un país segregado, divido entre los que tienen y en los que no. Lo raro es que no se conozcan más casos.
Pero como en otras tantas veces, en que los perdedores abonan el noticiero trágico de las nueve de la noche, la muerte de este hombre esperando por un médico pronto se olvidará tras las noticias que sí valen la pena, como el mundial de Sudáfrica, por ejemplo, país en que, como se sabe, hasta 1991 los negros eran tratados como carne de cogote.
Bajo la misma bruma roja y su alabanza a Bielsa y a la selección quedará algún destello de indignación, algún amago de rebeldía, alguna expresión de bronca inútil.
Después, silencio.
Ricardo Candia Cares
¿Por qué el gobierno chileno condena a muerte a nueve niños?
¿Por qué el gobierno chileno condena a muerte a nueve niños?
por Santiago Escobar (Chile)
JUEVES, 03 DE JUNIO DE 2010
El ministro de Salud Jaime Mañalich Muxi decidió rebajar al mínimo el aporte estatal destinado a financiar la droga Orfadin que se suministra a 9 niños enfermos de tirosinemia. Dadas las características de la enfermedad, y los costos asociados a su tratamiento, lo hecho por el secretario de Estado significa en la práctica condenarlos a una muerte segura.
NdR piensaChile: El titulo original con que se publicó este artículo en El Mostrador era: "¿Por qué el ministro Mañalich condena a muerte a nueve niños?" Nuestra Redacción lo ha transformado en "¿Por qué el gobierno chileno condena a muerte a nueve niños?", por la simple razón de que el ministro no actúa sólo, y, además, el problema viene ya del tiempo de los gobiernos de la Concertación, que tampoco le dieron una solución defintiva al problema de salud de estos niños y de muchos otros casos. En defintiva, el que condena a muerte a los débiles, a los enfermos, a los desposeídos, es el modelo neoliberal de nuestra economía, la misma que hace posible que las mienras hayan aumentado sus ganancias en 300% con respecto al mismo trimestre del año pasado.A continuación va el enlace a los documentos que muestran los detalles de la lucha de las familias de los niños enfermos contra un sistema que se ufana de sus éxitos materiales:
* Carta de Afanti a Michelle Bachelet con minuta (8 de febrero de 2008)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-Afanti-a-Michelle-Bachelet-con-minuta.pdf
* Carta respuesta del Minsal (28 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-respuesta-del-Minsal.pdf
* Carta de abogados de Innovative Medicine (29 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-abogados-de-Innovative-Medicine.pdf
* Recurso de Proteccion contra Minsal (posterior al 28 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Recurso-de-Proteccion-contra-Minsal.pdf
* Carta de respuesta de la doctora Raimann (11 de mayo de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-respuesta-de-la-doctora-Raimann.pdf
Desde el punto de vista general, el caso muestra la orfandad social que experimenta el país ante el ejercicio de ciertos derechos básicos como la salud o la vida, los que muchas veces quedan supeditados a criterios de rentabilidad o capacidad económica antes que de seguridad social. Parte de esta situación es visible en el actual debate sobre la tabla de factores y el costo de los seguros en las ISAPRE que estudia el Tribunal Constitucional.
En el caso particular de los niños enfermos de tirosinemia la resolución ministerial expresa la visión de ética pública de las autoridades del actual gobierno. En este caso prefiere cautelar el equilibrio contable del Fondo Auxilio Extraordinario de donde proviene la ayuda, por sobre la defensa de la vida de los niños enfermos, los que, según sus médicos tratantes, inevitablemente morirán al suspendérseles el tratamiento.
Un poco de historia
La Tirosinemia Tipo I, es una enfermedad congénita a nivel del metabolismo, caracterizada por un déficit de una enzima (la fumarilacetoacetasa hidrolasa), que entre otros efectos, compromete principalmente el hígado, sistema nervioso central y los riñones, se presenta bajo formas de insuficiencia hepática, raquitismo, crisis neurológicas agudas y cáncer hepático. La evolución natural de la enfermedad es la muerte.
Es una enfermedad de baja frecuencia, pero que puede ser diagnosticada de manera muy precoz, lo que permite iniciar tempranamente el tratamiento y mejorar absolutamente el pronóstico del paciente. Sin embargo, debido a la baja densidad de casos su tratamiento es muy caro.
El camino de las donaciones está agotado, y que a lo más pueden acceder a una rebaja en los precios finales de la droga, no superior al 10 por ciento.
En 1992, se descubrió un tratamiento con la droga huérfana (drogas para enfermedades infrecuentes) NTBC Orfadin. En 1998 el tratamiento con ella reportaba una respuesta clínica positiva en el 90% de los pacientes, lo que unido a trasplante de hígado para el 10% restante redujo la mortalidad a un 5% de los casos de Tirosinemia. En Chile, en 1996, fruto de gestiones personales de la doctora Erna Raimann del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la Universidad de Chile, se logró el ingresó del primer caso a los programas internacionales de suministro de este medicamento, cuando la paciente tenía sólo 2 meses de edad. Los efectos fueron inmediatos y hoy, a los 14 años, tiene un desarrollo absolutamente normal.
Un segundo caso, diagnosticado a los 4 años de edad, no pudo ser revertido pese a los cuidados del INTA y falleció 1 año después por cáncer. Los restantes pacientes fueron diagnosticados entre 2001 y 2009, y han presentado buen control metabólico después del inicio del tratamiento con Orfadin, desapareciendo el daño hepático y renal.
Lamentablemente el Orfadin es una droga cuyo único fabricante a nivel mundial es el Laboratorio Orphan de Suecia y cuyo valor mensual de acuerdo a las dosis necesarias para atender al grupo de niños del INTA es de aproximadamente diez millones de pesos.
Hasta ahora los tratamientos han sido fruto exclusivo de las gestiones realizadas por la Dra. Erna Raimann y su equipo, la que ha obtenido del distribuidor del medicamento para América Latina, a través de diversas y sucesivas donaciones, las dosis que han permitido que los niños realicen una vida completamente normal y sin riesgo alguno de muerte.
El 2007, ante la disminución de las donaciones provenientes del exterior, la doctora Raimann y los familiares de los niños organizados en la Agrupación de Familiares de Niños con Tirosinemia empezaron sus esfuerzos por lograr que en Chile, al igual que Argentina o Brasil, sea el Estado quien garantice el suministro de este medicamento.
Luego de numerosas tramitaciones y de la intervención de la propia Presidenta de la República, el año 2008 y ante el peligro de la muerte de los niños por falta del medicamento, se logró una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, FONASA, los familiares y la empresa Innovative Medicines S.A., distribuidora del producto. Allí se logró que el Ministerio de Salud se comprometiera a la compra del medicamento por un período de tres meses (Enero, Febrero y Marzo de 2010).
Los fondos para esta operación de compra alcanzaron la suma mensual de $56 millones de pesos, lo que cubría el 80% del costo del tratamiento. El resto de los dineros fueron cubiertos por el laboratorio. En esa oportunidad, el ministro Álvaro Erazo resolvió “Dejar una propuesta detallada de la situación a las nuevas autoridades sectoriales, para que, en lo posible, se mantenga este compromiso por el resto del año, a la espera de una solución definitiva para el financiamiento de los medicamentos de las enfermedades poco frecuentes y de alto costo”.
La decisión de Jaime Mañalich y el Recurso de Protección
Las nuevas autoridades decidieron no dar continuidad a lo que se venía haciendo, ni tampoco dar luces sobre el tema sobre la cobertura de las enfermedades infrecuentes.
En una carta fechada el 28 de abril de 2010 dirigida a Esteban Tomic, abogado de los niños, y firmada por Angélica Altamira González, Jefa de Gabinete del ministro Mañalich se comunica a los afectados que : “… analizando la situación de los menores que Ud. representa le informo que el Sr. Ministro ha decidido aprobar el uso del Fondo de Auxilio Extraordinario para el financiamiento de parte del tratamiento que los menores necesitan por el monto de un millón de pesos mensuales por cada uno de ellos durante el año 2010”. Es decir, reducir en casi un 90% el aporte lo que hace prácticamente imposible que los niños puedan continuar con el tratamiento.
La presentación hecha a la Presidenta de la República en febrero del año 2008 contiene una minuta llena de detalles en la cual se consigna todas las consideraciones técnicas y económicas que se formularon en el proceso que culminó con la decisión del gobierno anterior de financiar parte importante del costo (unos 56 millones de pesos mensuales) durante tres meses, además de la recomendación prorrogarlo todo el 2010 mientras se resolvía el tema de la enfermedades infrecuentes de manera estructural.
De esa minuta se desprende que la decisión de los privados es que el camino de las donaciones está agotado, y que a lo más pueden acceder a una rebaja en los precios finales de la droga, no superior al 10%. El resto debe ser cubierto ya sea por el seguro de salud (en este caso es FONASA, que no lo tiene incorporado, al igual que todas las enfermedades infrecuentes), o directamente por los familiares, opción imposible pues se trata de familias sin capacidad económica para cubrir un tratamiento de 10 millones de pesos mensuales.
La otra opción es el pago extraordinario del Estado, basado en normas que lo obligan constitucionalmente, y en una ética de protección ciudadana, que ha sido desechada por Jaime Mañalich.
Luego de recibir la respuesta de parte del Ministerio de Salud y la opinión de los abogados y representantes de la Empresa Innovative Medicine S.A, la Agrupación AFANTI y su abogado Esteban Tomic decidieron presentar un Recurso de Protección que ingresó a tramitación el viernes pasado en la Corte de Apelaciones de Santiago, en una verdadera carrera en contra del tiempo para salvar la vida de los niños.
En este se expresa que sólo la intervención de los Tribunales de Justicia puede lograr revertir la situación y obligar al Ministerio de Salud a tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el suministro del medicamento Orfadin (NTBC).
Resulta evidente que el principio de la subsidiariedad, que obliga al Estado a llevar a cabo ciertas actividades o a realizar la provisión de bienes que los particulares sean incapaces de llevar a cabo o proveérselos de manera autónoma, no vale sólo para las privatizaciones. En este caso, tal como lo plantean los recurrentes, “el Ministerio de Salud, como órgano estatal encargado de otorgar prestaciones para conservar la salud de los habitantes de la República, no puede sino acceder a adquirir el único medicamento que permite la vida de los niños” (debido a que) “las familias de los menores no se encuentran en condiciones económicas para proveer la droga a sus hijos, en virtud de su alto costo”. Ello, dicen, es parte sustantiva de la Bases de la Institucionalidad tal como lo plantea la Carta Fundamental.
Antes de escribir esta columna solicité en varias oportunidades una reacción del Ministro o de su Jefe de Gabinete. Mediante secretarias fui siendo derivado a nombres o funcionarios de rango inferior, particularmente abogados, ninguno de los cuales accedió a responder las llamadas.
- El autor es abogado y cientista político.
* Fuente: El Mostrador
por Santiago Escobar (Chile)
JUEVES, 03 DE JUNIO DE 2010
El ministro de Salud Jaime Mañalich Muxi decidió rebajar al mínimo el aporte estatal destinado a financiar la droga Orfadin que se suministra a 9 niños enfermos de tirosinemia. Dadas las características de la enfermedad, y los costos asociados a su tratamiento, lo hecho por el secretario de Estado significa en la práctica condenarlos a una muerte segura.
NdR piensaChile: El titulo original con que se publicó este artículo en El Mostrador era: "¿Por qué el ministro Mañalich condena a muerte a nueve niños?" Nuestra Redacción lo ha transformado en "¿Por qué el gobierno chileno condena a muerte a nueve niños?", por la simple razón de que el ministro no actúa sólo, y, además, el problema viene ya del tiempo de los gobiernos de la Concertación, que tampoco le dieron una solución defintiva al problema de salud de estos niños y de muchos otros casos. En defintiva, el que condena a muerte a los débiles, a los enfermos, a los desposeídos, es el modelo neoliberal de nuestra economía, la misma que hace posible que las mienras hayan aumentado sus ganancias en 300% con respecto al mismo trimestre del año pasado.A continuación va el enlace a los documentos que muestran los detalles de la lucha de las familias de los niños enfermos contra un sistema que se ufana de sus éxitos materiales:
* Carta de Afanti a Michelle Bachelet con minuta (8 de febrero de 2008)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-Afanti-a-Michelle-Bachelet-con-minuta.pdf
* Carta respuesta del Minsal (28 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-respuesta-del-Minsal.pdf
* Carta de abogados de Innovative Medicine (29 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-abogados-de-Innovative-Medicine.pdf
* Recurso de Proteccion contra Minsal (posterior al 28 de abril de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Recurso-de-Proteccion-contra-Minsal.pdf
* Carta de respuesta de la doctora Raimann (11 de mayo de 2010)
http://www.elmostrador.cl/media/2010/06/Carta-de-respuesta-de-la-doctora-Raimann.pdf
Desde el punto de vista general, el caso muestra la orfandad social que experimenta el país ante el ejercicio de ciertos derechos básicos como la salud o la vida, los que muchas veces quedan supeditados a criterios de rentabilidad o capacidad económica antes que de seguridad social. Parte de esta situación es visible en el actual debate sobre la tabla de factores y el costo de los seguros en las ISAPRE que estudia el Tribunal Constitucional.
En el caso particular de los niños enfermos de tirosinemia la resolución ministerial expresa la visión de ética pública de las autoridades del actual gobierno. En este caso prefiere cautelar el equilibrio contable del Fondo Auxilio Extraordinario de donde proviene la ayuda, por sobre la defensa de la vida de los niños enfermos, los que, según sus médicos tratantes, inevitablemente morirán al suspendérseles el tratamiento.
Un poco de historia
La Tirosinemia Tipo I, es una enfermedad congénita a nivel del metabolismo, caracterizada por un déficit de una enzima (la fumarilacetoacetasa hidrolasa), que entre otros efectos, compromete principalmente el hígado, sistema nervioso central y los riñones, se presenta bajo formas de insuficiencia hepática, raquitismo, crisis neurológicas agudas y cáncer hepático. La evolución natural de la enfermedad es la muerte.
Es una enfermedad de baja frecuencia, pero que puede ser diagnosticada de manera muy precoz, lo que permite iniciar tempranamente el tratamiento y mejorar absolutamente el pronóstico del paciente. Sin embargo, debido a la baja densidad de casos su tratamiento es muy caro.
El camino de las donaciones está agotado, y que a lo más pueden acceder a una rebaja en los precios finales de la droga, no superior al 10 por ciento.
En 1992, se descubrió un tratamiento con la droga huérfana (drogas para enfermedades infrecuentes) NTBC Orfadin. En 1998 el tratamiento con ella reportaba una respuesta clínica positiva en el 90% de los pacientes, lo que unido a trasplante de hígado para el 10% restante redujo la mortalidad a un 5% de los casos de Tirosinemia. En Chile, en 1996, fruto de gestiones personales de la doctora Erna Raimann del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), de la Universidad de Chile, se logró el ingresó del primer caso a los programas internacionales de suministro de este medicamento, cuando la paciente tenía sólo 2 meses de edad. Los efectos fueron inmediatos y hoy, a los 14 años, tiene un desarrollo absolutamente normal.
Un segundo caso, diagnosticado a los 4 años de edad, no pudo ser revertido pese a los cuidados del INTA y falleció 1 año después por cáncer. Los restantes pacientes fueron diagnosticados entre 2001 y 2009, y han presentado buen control metabólico después del inicio del tratamiento con Orfadin, desapareciendo el daño hepático y renal.
Lamentablemente el Orfadin es una droga cuyo único fabricante a nivel mundial es el Laboratorio Orphan de Suecia y cuyo valor mensual de acuerdo a las dosis necesarias para atender al grupo de niños del INTA es de aproximadamente diez millones de pesos.
Hasta ahora los tratamientos han sido fruto exclusivo de las gestiones realizadas por la Dra. Erna Raimann y su equipo, la que ha obtenido del distribuidor del medicamento para América Latina, a través de diversas y sucesivas donaciones, las dosis que han permitido que los niños realicen una vida completamente normal y sin riesgo alguno de muerte.
El 2007, ante la disminución de las donaciones provenientes del exterior, la doctora Raimann y los familiares de los niños organizados en la Agrupación de Familiares de Niños con Tirosinemia empezaron sus esfuerzos por lograr que en Chile, al igual que Argentina o Brasil, sea el Estado quien garantice el suministro de este medicamento.
Luego de numerosas tramitaciones y de la intervención de la propia Presidenta de la República, el año 2008 y ante el peligro de la muerte de los niños por falta del medicamento, se logró una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, FONASA, los familiares y la empresa Innovative Medicines S.A., distribuidora del producto. Allí se logró que el Ministerio de Salud se comprometiera a la compra del medicamento por un período de tres meses (Enero, Febrero y Marzo de 2010).
Los fondos para esta operación de compra alcanzaron la suma mensual de $56 millones de pesos, lo que cubría el 80% del costo del tratamiento. El resto de los dineros fueron cubiertos por el laboratorio. En esa oportunidad, el ministro Álvaro Erazo resolvió “Dejar una propuesta detallada de la situación a las nuevas autoridades sectoriales, para que, en lo posible, se mantenga este compromiso por el resto del año, a la espera de una solución definitiva para el financiamiento de los medicamentos de las enfermedades poco frecuentes y de alto costo”.
La decisión de Jaime Mañalich y el Recurso de Protección
Las nuevas autoridades decidieron no dar continuidad a lo que se venía haciendo, ni tampoco dar luces sobre el tema sobre la cobertura de las enfermedades infrecuentes.
En una carta fechada el 28 de abril de 2010 dirigida a Esteban Tomic, abogado de los niños, y firmada por Angélica Altamira González, Jefa de Gabinete del ministro Mañalich se comunica a los afectados que : “… analizando la situación de los menores que Ud. representa le informo que el Sr. Ministro ha decidido aprobar el uso del Fondo de Auxilio Extraordinario para el financiamiento de parte del tratamiento que los menores necesitan por el monto de un millón de pesos mensuales por cada uno de ellos durante el año 2010”. Es decir, reducir en casi un 90% el aporte lo que hace prácticamente imposible que los niños puedan continuar con el tratamiento.
La presentación hecha a la Presidenta de la República en febrero del año 2008 contiene una minuta llena de detalles en la cual se consigna todas las consideraciones técnicas y económicas que se formularon en el proceso que culminó con la decisión del gobierno anterior de financiar parte importante del costo (unos 56 millones de pesos mensuales) durante tres meses, además de la recomendación prorrogarlo todo el 2010 mientras se resolvía el tema de la enfermedades infrecuentes de manera estructural.
De esa minuta se desprende que la decisión de los privados es que el camino de las donaciones está agotado, y que a lo más pueden acceder a una rebaja en los precios finales de la droga, no superior al 10%. El resto debe ser cubierto ya sea por el seguro de salud (en este caso es FONASA, que no lo tiene incorporado, al igual que todas las enfermedades infrecuentes), o directamente por los familiares, opción imposible pues se trata de familias sin capacidad económica para cubrir un tratamiento de 10 millones de pesos mensuales.
La otra opción es el pago extraordinario del Estado, basado en normas que lo obligan constitucionalmente, y en una ética de protección ciudadana, que ha sido desechada por Jaime Mañalich.
Luego de recibir la respuesta de parte del Ministerio de Salud y la opinión de los abogados y representantes de la Empresa Innovative Medicine S.A, la Agrupación AFANTI y su abogado Esteban Tomic decidieron presentar un Recurso de Protección que ingresó a tramitación el viernes pasado en la Corte de Apelaciones de Santiago, en una verdadera carrera en contra del tiempo para salvar la vida de los niños.
En este se expresa que sólo la intervención de los Tribunales de Justicia puede lograr revertir la situación y obligar al Ministerio de Salud a tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el suministro del medicamento Orfadin (NTBC).
Resulta evidente que el principio de la subsidiariedad, que obliga al Estado a llevar a cabo ciertas actividades o a realizar la provisión de bienes que los particulares sean incapaces de llevar a cabo o proveérselos de manera autónoma, no vale sólo para las privatizaciones. En este caso, tal como lo plantean los recurrentes, “el Ministerio de Salud, como órgano estatal encargado de otorgar prestaciones para conservar la salud de los habitantes de la República, no puede sino acceder a adquirir el único medicamento que permite la vida de los niños” (debido a que) “las familias de los menores no se encuentran en condiciones económicas para proveer la droga a sus hijos, en virtud de su alto costo”. Ello, dicen, es parte sustantiva de la Bases de la Institucionalidad tal como lo plantea la Carta Fundamental.
Antes de escribir esta columna solicité en varias oportunidades una reacción del Ministro o de su Jefe de Gabinete. Mediante secretarias fui siendo derivado a nombres o funcionarios de rango inferior, particularmente abogados, ninguno de los cuales accedió a responder las llamadas.
- El autor es abogado y cientista político.
* Fuente: El Mostrador
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